Un juzgado rechaza el intento del Ayuntamiento de Málaga de desalojar La Invisible

El Ayuntamiento de Málaga ha recibido una nueva negativa a su intento de desalojar La Invisible, el espacio social y cultural autogestionado que existe en el centro de la ciudad desde 2007. En lugar de dar vía libre al desalojo por la vía de urgencia, como pretendía el consistorio, el juzgado de lo contencioso-administrativo 4 de Málaga emplaza al Consistorio a que termine el procedimiento principal, en el que se dirime si los activistas pueden permanecer en el inmueble. La jueza razona que, si acordara ahora el desalojo, el procedimiento principal perdería el sentido y se podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los activistas.

La resolución judicial es una clara victoria para La Invisible, pero ni mucho menos definitiva. La jueza que ha denegado el desalojo es la misma que deberá resolver, se supone que pronto, sobre el pleito principal. Es la segunda vez que se pronuncia en términos similares. Hace justo un año ya le dijo al consistorio que no podía autorizar el desalojo antes de resolver el pleito pendiente.

“Esperamos que con esto se cierre la puerta a los atajos que pretenden pasar por delante de garantías procesales y la tutela judicial efectiva, y que el ayuntamiento abandone el uso de la fuerza para resolver el conflicto”, ha dicho este jueves Amanda Romero, portavoz y abogada de La Invisible, antes de pedir al alcalde que retome las negociaciones que se abrieron en enero.

Después de más de una década de idas y venidas, de látigo y zanahoria, y de negociaciones que se abren para interrumpirse sin motivo aparente, el consistorio había pedido autorización judicial para entrar en el lugar y desalojar a los activistas, que están en precario desde que en 2012 finalizó la cesión que el propio ayuntamiento les hizo.

La Invisible pide una cesión definitiva del inmueble municipal, situado en pleno centro de una ciudad que está sufriendo en la última década un acusado proceso de turistificación, del que es punta de lanza un determinado modelo cultural. Para Romero, los motivos del ayuntamiento para acabar con el proyecto son ideológicos: “La Invisible sufre la amenaza de desalojo porque cuestiona su modelo de ciudad. Málaga es diversa, heterogénea y otros modelos de gestión cultural tienen que tener cabida”.  

Petición de desaojo urgente contra el criterio técnico

La historia entre el Ayuntamiento de Málaga (liderado por Francisco de la Torre, PP) y La Invisible es larga y compleja, y cada cierto tiempo añade un capítulo que, en la práctica, deja todo donde estaba: el alcalde, en la indefinición; el inmueble, sin rehabilitar y sostenido por los activistas; las actividades, a medio gas; y los activistas, clamando por una solución que regularice de una vez la situación.

En 2018, el ayuntamiento acordó desalojar el inmueble, ocupado desde 2007. Sin embargo, poco después el alcalde volvió a abrir la vía a la regularización sentándose a negociar, dejando en standby la orden de desalojo ya emitida. Aquellas negociaciones apenas duraron un suspiro, terminaron sin que los activistas sepan por qué, de modo que el consistorio volvió a la carga en noviembre de 2021, solicitando autorización judicial para echarlos. Aquello debía terminar. Pero para reactivar el desalojo urgente, alegó que el inmueble tenía unas deficiencias estructurales que lo hacían peligroso.

No era eso lo que decía el informe de Urbanismo, que encontraba deficiencias de conservación, pero no veía necesario la intervención urgente. Tampoco los servicios jurídicos eran partidarios de pedir el desalojo sin esperar al pleito principal: creían que no había motivos urgentes y que el ayuntamiento había tolerado a La Invisible durante mucho tiempo como para justificar ahora una actuación así. Además, advirtieron de que el activar el desalojo de esa forma iba a provocar más lío jurídico.

A pesar de los avisos, el concejal Raúl López elaboró él mismo un informe que corregía a sus asesores, advirtiendo de su “preocupación creciente” de que ocurriera un accidente. Ya entonces, La Invisible denunció que se trataba de justificar una decisión política en motivos técnicos que no existían.

“Alcalde, ¿cuándo se va a reunir con nosotros?”

Al consistorio le ha salido mal el intento de activar una vía para el desalojo que bordee el pleito principal, no solo porque se la hayan denegado, sino también porque ha retrasado durante meses la resolución definitiva en el pleito principal, como ya advirtieron sus servicios jurídicos. Ahora ya se supone próxima, al menos en primera instancia.

Mientras se resuelve el asunto en los juzgados, La Invisible sigue pidiendo una solución negociada. Los activistas se lo recuerdan en muchos de sus actos públicos: “Alcalde, ¿cuándo se va a reunir con nosotros?”. Tienen la declaración de entidad de utilidad pública municipal (tal y como exigió el consistorio en 2016), un proyecto de rehabilitación sostenible por fases y el apoyo de instituciones nacionales (como el Museo Reina Sofía) e internacionales (el Museo Vanabbe de Eindhoven o el Fondo Mondrian, que ha adjudicado 40.000 euros para el proyecto de rehabilitación).

En las últimas reuniones, el regidor les solicitó que abrieran el espacio a otros colectivos. “Este es un proyecto cooperativo y somos de utilidad pública precisamente porque es horizontal. Cuando le preguntamos cuáles, no supo decirnos”, protesta Amanda Romero. Tampoco entienden los activistas que se niegue a una cesión directa a un proyecto que ya tiene recorrido e importantes apoyos en el mundo cultural y académico. Entre tanto, la antigua fábrica Fiat Lux (expropiada a Endesa el año pasado) ha sido adjudicada sin concurso a la Fundación Aisge para desarrollar un centro de formación de artistas.

La interpretación es que el ayuntamiento les trata con otro rasero, buscando que pase el tiempo para que el inmueble se deteriore y acabar forzando un desalojo. Pero por ahora, los técnicos municipales avalan la seguridad del edificio, y la jueza se niega a tomar atajos. “Cuanto más amenazan, más apoyo recabamos. Solo falta la voluntad política para negociar”, concluye Florencio Cabello, profesor de la UMA y portavoz de La Invisible.