El móvil como puerta al porno de los menores: el Defensor Andaluz alerta del auge del consumo y sus efectos en la educación sexual

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La pornografía como modelo de educación sexual es lo que ha denunciado públicamente este martes el Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, quien alerta del aumento de acceso a material pornográfico a través de internet por parte de menores y adolescentes en Andalucía. El ordenador y el móvil ha generado un “auge” y una “profusión” en el consumo de imágenes pornográficas por parte de menores de 18 años, una cuestión que la institución ha querido destacar como cuestión relevante este año en su informe anual. Según Maeztu, ver pornografía aumenta el riesgo de agresiones y violencia sexual, cosifica la figura de las mujeres y, en general, produce “efectos muy nocivos” en la formación del menor, contraria a una igualdad sexual entre hombres y mujeres. “Que 'la manada' actuara así es el efecto más claro de la lección que se ha aprendido en la pornografía”, ha resumido Maeztu, abogando por una regulación o una limitación en el acceso al porno online y, principalmente, por una educación sexual correcta a través de la familia y de la escuela.

Sexo, violencia y menores: un estudio denuncia el uso sin consentimiento de vídeos e imágenes en el consumo de pornografía online

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Maeztu, que ha insistido en rueda de prensa en que este tema “tiene que ser debatido y visualizado” por sus “nefasos efectos” en la juventud, no ha negado su “sorpresa” al ver que que la sociedad denuncia la violencia contra las mujeres mientras internet y el móvil “nutren” esa misma violencia en plataformas online. “La violencia que rechazamos en las calles, la gente y los niños lo consumen en el móvil”, ha resumido, asegurando que “el sector telemático genera esa violencia para su consumo”, ha dicho a sabiendas que “la alimentación es libre”. El Defensor, preguntado por el estudio que denuncia el uso sin consentimiento de vídeos e imágenes en el consumo de pornografía online, ha dicho que no se ha abordado tal cuestión en el informe anual sino que se ha centrado en el consumo y no en cómo se nutren ese tipo de páginas.

El Defensor ha denunciado que el consumo de pornografía incrementa el riesgo de agresiones sexuales al mostrar a los menores “violencia y agresividad en su primer acercamiento al sexo”. Maeztu apuesta por que las administraciones ofrezcan regulación y prohibición en este sentido, si bien conoce las limitaciones en ese sentido, reconociendo que “el uso es el problema” porque las tecnologías “van a quedarse” y abogando por “superar la brecha digital entre menores y adultos”. Maeztu ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.

El Defensor considera que los jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía. Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela.

Fortalecer la red de salud mental

Además de esa “cuestión relevante”, el Defensor del Menor y Defensor del Pueblo ha advertido que la COVID-19 ha “recrudecido” y “agudizado” los problemas que padecen los menores y adolescentes de Andalucía en ámbitos básicos como la salud o la educación. Maeztu ha presentado este martes el informe anual de su gestión en el año 2019, habiendo tramitado en asuntos de infancia, adolescencia y juventud un total de 1.789 expedientes de quejas, de los cuales 1.760 fueron instados por la ciudadanía y 29 se iniciaron de oficio. Junto con estas actuaciones se han realizado otras 665 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores, por lo que el total de actuaciones de quejas realizadas en dicho ejercicio se eleva a 2.454.

En cuanto al derecho a la salud, Jesús Maeztu ha indicado que el informe 2019 detecta que persisten las carencias de atención pediátrica que han despertado demandas vecinales de muchas zonas rurales andaluzas. Especial atención ha dedicado el Defensor del Menor a la salud mental de los menores, uno de los aspectos agravados durante el confinamiento. Jesús Maeztu ha destacado que es necesario fortalecer la red de salud mental y de apoyo psicosocial para las personas menores de edad y atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

La actividad educativa ha sido una de las principales afectadas por la irrupción de la COVID y por esta razón Jesús Maeztu ha expuesto su advertencia de que la suspensión de la actividad presencial aumenta el riesgo de la brecha de desigualdad de la infancia en el acceso a los recursos. En este sentido la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio con la administración educativa para visibilizar esta problemática y requerir la adopción de medidas para la continuidad del aprendizaje de todo el alumnado en términos de equidad y calidad. Del mismo modo, la Institución continúa interesada en conocer las medidas de apoyo para paliar el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y tiene abierta investigación para que el alumnado con discapacidad auditiva pueda continuar su proceso educativo telemático. Jesús Maeztu también ha apuntado la labor de la Defensoría desde el primer momento para garantizar el derecho básico a la alimentación a través del Plan SYGA de ayuda alimentaria, que quedó suspendido inicialmente tras los cierres de los centros escolares.

Las reclamaciones que han adquirido una especial relevancia desde el punto de vista cuantitativo se refieren a aspectos estrictos de Menores (679 quejas), seguidas de la problemática de Educación (509 quejas) y sobre temas de Servicios Sociales (168 quejas). Cabe recordar que existen, un total de 1.593.204 personas menores de 18 años, 818.694 chicos (51,4%) y 774.510 chicas (48,6%), lo que supone un 18,9% del total de población andaluza.

En el informe también se destaca que en riesgo de pobreza o exclusión social se encuentra el 26,9% de las personas menores de 18 años de Andalucía y el 27,2% de la población de todas las edades (umbral de pobreza de Andalucía) en 2018. Si se emplea el umbral de pobreza de España, el 38,6% de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad andaluza se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El informe también alerta a de que durante 2019 se han registrado 3.679 notificaciones de maltrato infantil, cifra superior a la registrada en el año 2018 con 3.327 notificaciones, lo que supone un vincremento del 10,6%.

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