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El presidente Moreno logra sumar a patronal y sindicatos al primer pacto de recuperación de Andalucía ante la pandemia

Carmen Castilla, Juanma Moreno, Javier González de Lara y Nuria López, este jueves en la firma del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía.

Daniel Cela

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El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, salió este jueves hacia La Rioja con un importante documento bajo el brazo que afianza su posición política en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este viernes, convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidida por el rey Felipe VI. Se trata del primer gran acuerdo para la recuperación económica y social de Andalucía frente al impacto de la pandemia, un documento rubricado por los sindicatos y la patronal de empresarios 24 horas antes en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.

Moreno ha firmado este jueves con las líderes regionales UGT (Carmen Castilla) y CCOO (Nuria López) y con el presidente de la Conferencia de Empresarios Andaluces (CEA), Javier González de Lara, un “Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía”. Es el primer pacto fruto del diálogo con los agentes sociales para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, una “gran alianza” que el presidente de la Junta ha calificado de “histórica”. La rúbrica ha tenido lugar en la sede del Ejecutivo andaluz, lejos, por tanto, del Parlamento, donde Moreno buscó sin éxito un pacto de unidad política. Allí ha quedado, en segundo plano, la comisión parlamentaria para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, un órgano que estaba llamado a convertirse en esa “gran alianza” que propuso el presidente de la Junta.

Sin embargo, esa comisión nació torcida y sobrepolitizada. Primero porque PP y Ciudadanos entregaron la presidencia a Vox, su aliado de legislatura, que previamente había votado en contra de su creación. Y luego porque las fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- se han ausentado de la misma en señal de protesta por que sea el partido de extrema derecha quien la preside. A partir de ahí, la comisión ha perdido todo el peso político que Moreno pretendía darle, muy lejos del formato que se ha creado en el Congreso de los Diputados, y que ha servido para sellar grandes acuerdos sectoriales entre los partidos del Gobierno y de la oposición.

En Andalucía, la ronda de consultas a los agentes sociales y expertos sobre cómo afrontar la crisis económica que ha provocado ha corrido a cargo de los partidos que sustentan a la Junta -PP, Cs y Vox-, pero no de la oposición. Moreno ha intuido que el resultado, pese a las horas de trabajo en dicha comisión, quedará diluido en la bronca política, de ahí que haya buscado una vía paralela para visualizar su “gran alianza” con los sindicatos mayoritarios y la patronal, “por encima de cualquier trinchera ideológica”.

El presidente de la Junta ha estado acompañado de la líder andaluza de CCOO, Nuria López, la de UGT, Carmen Castilla, y el presidente de la patronal, Javier González de Lara. “No estamos ante una firma más”, ha dicho Moreno. En efecto, el Gobierno andaluz consigue el aval de los agentes sociales a muchas de las reivindicaciones que viene haciendo al Ejecutivo central en las últimas semanas, como reclamar para Andalucía un reparto justo del Fondo anti Covid de la Unión Europea, teniendo en cuenta los criterios de población, el PIB regional y la tasa de paro. Moreno ha logrado la firma con los sindicatos 48 horas después de que la última encuesta de la EPA haya señalado la destrucción de 200.000 puestos de trabajo en Andalucía, y más de 700.000 parados registrados.

El líder andaluz acudirá este viernes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en La Rioja, donde reclamará a Pedro Sánchez más fondos europeos, sabiendo que tiene el respaldo de los agentes sociales. La foto del presidente de la Junta con las líderes de UGT, CCOO y el líder de la patronal tiene un efecto inverso para la oposición de izquierdas, que critica severamente las contrataciones urgentes -en 24 horas- de empleados públicos que está haciendo la Junta, amparándose en las necesidades de la pandemia. Adelante Andalucía y PSOE han pedido a la Cámara de Cuentas que investigue si este formato, avalado por los sindicatos en la Mesa de Función Pública, está sirviendo de coladero a “enchufados del PP”. Pero las organizaciones sindicales firmaron ese acuerdo, y este jueves estaban hombro con hombro con Moreno. “El acuerdo de hoy no es un cheque en blanco”, han advertido las dos líderes sindicales.

El acuerdo también compromete a la Junta a corto y largo plazo, y en un momento en el que se empiezan a negociar ya los Presupuestos Autonómicos del año que viene, que necesitan del apoyo de sus socios de Vox. El plan contempla un calendario de trabajo y de prioridades para los próximos meses, en materia económica, laboral y social a medio y largo plazo, y el diseño presupuestario, que deberá desarrollarse ajustándose a las posibilidades de financiaciones disponibles.

Esa foto del diálogo social en San Telmo no ha sentado bien a sus aliados parlamentarios. El portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, mostraba su enfado en su cuenta de Twitter: “Los sindicatos y la CEA pactando con el beneplácito del gobierno de la Junta fuera de la Comisión de Recuperación, a la que los primeros ni siquiera han acudido. La foto no puede estar por delante del contenido. Eso es pegarse un tiro en el pie”, escribe. Al poco, UGT le ha respondido enviándole un vídeo de la intervención de su portavoz en dicha comisión: “Sí que estuvimos. Lamentamos que en su partido no tengan mucha comunicación”.

Cinco bloques

El Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía se estructura en cinco bloques, de los cuales, el apartado sobre el empleo y la actividad empresarial, reclama “planes específicos de empleo para jóvenes y de recaulificación para trabajadores mayores de 52 años”, así como “establecer líneas de créditos y avales para garantizar la liquidez de las empresas, en especial de las pymes”. El texto recoge “la financiación desde el Gobierno de la Nación de un Plan Especial de Empleo en Andalucía”, así como “disponer de un Sistema de Financiación Autonómico equitativo en la distribución de los recursos por habitante utilizando criterios territoriales objetivos”.

Los cinco ejes del pacto son: Prevención sanitaria y social; Relanzamiento del empleo y la actividad empresarial; Fortalecimiento de los servicios públicos y mejora de la administración pública; Impulso de los sectores productivos; y Elementos institucionales para la reactivación económica.

En la Prevención sanitaria y social, que contempla 14 medidas, el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía aboga por “herramientas suficientes para identificar en tiempo y forma a las personas contagiadas”, a lo que suma “medidas de seguridad y protección en los centros residenciales y sanitarios”, el impulso de la investigación biomédica y de la Atención Primaria y configurar un modelo de atención integral a las urgencias y emergencias sanitarias, sin olvidar “la vuelta segura a las aulas en el próximo curso escolar”.

En el apartado 2 sobre relanzamiento del empleo, que prevé 19 medidas, se apuesta por “ayudas para mantener el empleo asalariado y autónomo”, así como contar con “un servicio público de empleo eficaz”, mientras que en el ámbito empresarial aboga por “consolidar la estructura financiera de las empresas industriales andaluzas”. En el apartado del apoyo a la actividad empresarial señala la articulación de “una Oficina de Acompañamiento Empresarial para la captación de proyectos europeos que acompañe a las pymes para facilitarles el conocimiento de las convocatorias de las instituciones europeas”.

Ingreso mínimo vital

En la línea sobre fortalecimiento de los servicios públicos, que incluye 14 medidas, se propone “solicitar al Gobierno de la Nación la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital”, a lo que suma “el rediseño de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para utilizar los recursos de forma eficaz”, así como “ayudas al alquiler para situaciones de extrema vulnerabilidad y la ampliación de la red de distribución de Alimentos”.

En este apartado también se establece la necesidad de “reducción de las tasas de fracaso y abandono escolar, un más amplio sistema de becas, y la formación para el empleo para mejorar la cualificación de los trabajadores”.

En cuanto al impulso de los sectores productivos, con 11 medidas, prevé para el sector primario “mejorar la calidad y estabilidad de los más de 400.000 afiliados al Régimen Especial Agrario”, medida que convive con “el impulso de la movilidad eléctrica”, y “el refuerzo de sectores estratégicos por su capacidad para generar empleo de calidad e inversión como los sectores agroindustrial, naval, aeroespacial, defensa, químico, minero y energético”.

El último bloque, con 10 medidas sobre aspectos institucionales, pide remitir al Gobierno “una propuesta sobre criterios de distribución de fondos de la Conferencia Sectorial Nacional de Empleo” y reclamar al Gobierno la devolución de “los recursos detraídos para la formación para el empleo”. El acuerdo incluye la demanda del presidente Moreno al Gobierno de una “distribución equitativa entre las comunidades de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, en base a los criterios de población, tasa de desempleo, PIB per cápita, fijados para su reparto entre los Estados miembros”. Otra petición se dirige a la aprobación de la Ley de Participación Institucional. El pacto prevé la creación de una comisión de seguimiento.

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