El Gobierno presenta una ley contra las “agresiones” al sistema sanitario público de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, por el que pretende blindar todos sus derechos y prestaciones de cualquier tipo de “agresiones” como las recientemente vividas por la crisis que han supuesto la introducción por parte del Gobierno de España del copago o la merma en tratamiento como la hepatitis C.
El proyecto de ley, que será remitido ahora al Parlamento de Andalucía, llega después de la aprobación en junio de 2015 del anteproyecto, y de hecho fue el primero de esta legislatura en pasar por el Consejo de Gobierno tras una compleja elaboración han participado más de 1.000 personas de todas la provincias. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha negado que su presentación en plena movilización ciudadana contra su departamento pretenda tapar esta crisis. “El informe del Consejo Consultivo de Andalucía no ha llegado hasta la pasada semana. Esta ley tocaba ahora y no íbamos a paralizarla por estas situaciones”, ha aseverado.
En rueda de prensa, ha explicado que es importante este blindaje porque principios que parecían hasta hace unos años “inquebrantables” han sido tocados por el Gobierno de España. Ha recordado que 2012 supuso “un antes y un después” para la sanidad pública, cuando el Gobierno de España aprobó el real decreto 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad, que estableció el copago farmacéutico para pensionistas. Contra estos “continuos ataques” quiere protegerse Andalucía. “Este proyecto refleja la preocupación del Gobierno de Andalucía por mantener intactos los valores de uno de los pilares del estado de bienestar”, ha abundado.
De este modo, la norma prevé el acceso a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Pero también, en las prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea un copago, el texto establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir un excluido de una prestación por dinero. Esto garantiza la universalidad, incluidos los extranjeros sin documentación que residan en la comunidad autónoma.
Por otra parte, contempla también que deberán seguir garantizados los derechos recogidos en Andalucía y España en sanidad pública, incluidos los que pusieron por primera vez en marcha en esta autonomía, como los topes en los tiempos de espera, la libre elección de médico, la segunda opinión, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético o la no discriminación por motivo de identidad de género, entre otros.
También, y en la línea de hacer sostenible la sanidad pública, ratifica el modelo de subastas de medicamentos. Entre las medidas de uso racional del medicamento, recoge la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. Por ello, se seleccionará “mediante procedimientos de convocatoria pública”, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo.
Por otra parte, la ley prevé otros tres tipos más de sostenibilidad: social, medioambiental y del conocimiento. La primera se refiere a medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, fortalecimiento de las relaciones interprofesinales... La segunda busca la implantación de planes que minimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios. Finalmente, la sostenibilidad del conocimiento se refiere tanto a la apuesta por la investigación como a la formación de los profesionales del sector.
Finalmente, fija la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para realizar, cada cuatro años, un análisis y diseñar nuevas directrices. Dicha estrategia, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno, incluirá mecanismos de seguimiento y evaluación.
