Andalucía arrincona sus propios informes y enfría su exigencia al Estado de acabar una presa al admitir la toxicidad del agua

El Gobierno andaluz constituyó hace unos meses, junto a los regantes de Huelva, un grupo de presión para que el Estado concluya la presa de Alcolea que –en término municipal de Gibraleón– lleva años paralizada por las dudas sobre si se podrá utilizar o no el agua que embalse, ya que se abastecerá de un río Odiel con una elevada presencia de metales pesados. Pese a ello, Andalucía ha venido reiterando una y otra vez al Ejecutivo central que concluya una construcción a la que es reacio, y para eso apoya su reclamación en un cuestionado informe técnico que encargó a una prestigiosa consultora y que en principio avaló el uso de estos recursos.

El caso es que al poco tiempo el estudio lo puso en cuarentena la propia empresa que lo realizó con el argumento de que el cliente no le había pasado toda la información, y ahora es el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), el que también le ha dado de lado al admitir por primera vez la necesidad de despejar dudas sobre la contaminación antes de acometer el proyecto.

Así lo puso de manifiesto Moreno en la comparecencia tras su reciente reunión con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), en la que reconoció que con la enquistada presa de Alcolea “lo más importante es asegurar que no hay ningún tipo de contaminación por metales pesados y por carga minera”.

El problema viene derivado de que el cauce del Odiel está muy afectado por los vertidos de numerosas instalaciones mineras abandonadas, desde las que se filtran aguas ácidas y cargadas de metales pesados. Este embalse es una de las principales reivindicaciones hídricas de Andalucía y el pilar que sustenta la prevista expansión de regadíos en Huelva.

Esta declaración implica, a su vez, que se orilla el estudio que realizó en 2021 el instituto de investigación de agua holandés Deltares, que inicialmente concluyó que el agua del Odiel que se acumulase en Alcolea podía usarse sin problemas. Ahora, en cambio, Moreno plantea una incertidumbre que en teoría había despejado este trabajo. Y eso después de que el Ejecutivo andaluz lleve tres años esgrimiéndolo como prueba irrefutable de que podían reanudarse las obras de la presa porque ya no había dudas sobre la calidad del agua.

A esto, el Gobierno central responde siempre que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) está elaborando un estudio para determinar si el proyecto es viable. Tras un primer avance de los resultados, todavía se está pendiente de nuevos análisis.

La consultora se desdice

Para terminar de complicar la cuestión, poco después de entregar su informe la propia Deltares publicaba una adenda a sus conclusiones en la que reconocía que su análisis se había hecho de manera rápida, basado sólo en los datos que le aportó el Gobierno andaluz.

Tras recibir varias alertas, la consultora admitió que esa información era incompleta y que ahora quedaban abiertas varias “incertidumbres”. De esta manera, y si en su estudio había apuntado que la calidad de los recursos embalsados en Alcolea mejoraría por la decantación natural de los metales, ahora añadía una afirmación que lo podía cambiar todo: no está garantizado que el agua sea “lo suficientemente buena para ser utilizada para la agricultura”.

Las obras de Alcolea están paralizadas desde 2017, primero por problemas de la constructora (la adjudicataria era Sacyr) y después por los estudios todavía en marcha para certificar su viabilidad por el excesivo contenido de hierro, cobre, arsénico y plomo de las aguas que embalsará.

De hecho, el Ejecutivo central lo que no quiere es embarcarse en un proyecto (ejecutado al 21% cuando se frenaron las obras) cuyo presupuesto de adjudicación superó los 52 millones de euros. La capacidad inicialmente prevista era de 274 hectómetros cúbicos, con una altura máxima de la presa de 65 metros.

Con todos estos elementos en la mano, Juan Manuel Moreno ponía el grito en el cielo hace un año, asegurando que era “vital” que el Ejecutivo central terminase la presa de Alcolea, y como muestra de la urgencia esgrimía que el cercano embalse de Olivargas (con capacidad para 29 hectómetros cúbicos) llevaba casi dos meses aliviando agua porque “no hay donde almacenarla”. “Ya ha tirado al mar 22 hectómetros cúbicos, lo que consume Huelva en dos años”, añadía, llegando a esgrimir que “este agua es clave para Doñana” en un momento en el que el parque estaba en el centro del debate político.

“Actuar en origen”

Frente a estas afirmaciones, lo último que ha hecho el presidente andaluz es reconocer que “hay que actuar en origen y hacer una restauración de la zona minera” para evitar filtraciones que contaminan los recursos.

Junto a ello, admite que hay que “asegurar qué alternativas técnicas viables puedan darnos un agua de calidad adecuada para los usos pretendidos”, y es que el Ejecutivo andaluz ha barajado hasta ahora varias opciones que no terminan de garantizar de manera rotunda que los recursos de Alcolea podrían utilizarse.

El problema, de partida, tiene dos posibles soluciones: o desmantelar y limpiar a fondo estos pasivos mineros –lo que tendría un coste multimillonario y requeriría de varias décadas de trabajo– o establecer un sistema de depuración del agua que salga del embalse para hacerla apta para su uso agrícola. Esta opción, por cierto, no la contemplan los agricultores porque dispararía su precio.

Las declaraciones de Moreno suponen un giro sustancial tras años de presión política en los que la propia Junta de Andalucía se ha ofrecido a asumir las obras para la finalización del embalse. Mientras, y en paralelo, el PP impulsaba en el Parlamento andaluz reclamaciones al Ejecutivo central (vía proposición no de ley) para que asumiese su responsabilidad con este proyecto al ser una obra de interés general del Estado.

Los estudios siguen en marcha

Las dudas sobre el informe de Deltares son de tal calibre que el Cedex no ha tenido en cuenta este trabajo a la hora de hacer el suyo propio, que inicialmente culminó en 2022 y cuyo contenido el Gobierno central hizo llegar al Ejecutivo andaluz.

La conclusión fue que hacían falta más estudios, lo que no encajaba con las prisas políticas de la Junta de Andalucía. “Se recomienda llevar a cabo un seguimiento intensivo en la cuenca con una resolución espacial y temporal adecuada, al menos durante un ciclo hidrológico”, lo que según el Ministerio para la Transición Ecológica significa un año que ya ha expirado, aunque el propio informe abogaba por prolongarlo durante todo el plan hidrológico que se prolonga hasta 2027.

Este seguimiento debería incluir el estudio tanto de la calidad fisicoquímica de las aguas y sedimentos de los principales cauces y embalses como información hidrológica continua en los mismos puntos, “obteniéndose las cargas contaminantes transportadas por los cauces y retenidas en los embalses”. El Cedex igualmente abogaba por elaborar un modelo hidroquímico para predecir la futura calidad del embalse proyectado en diferentes escenarios futuros. El Ministerio asumió estas conclusiones y puso en marcha los nuevos informes requeridos.