Juan Carlos del Olmo (WWF): “Estamos investigando si fincas que roban el agua de Doñana han recibido fondos europeos”

Decir Doñana es mentarle las raíces a WWF. Por ello, su secretario general en España, Juan Carlos del Olmo, carga contra la proposición de ley para amnistiar cultivos presentada de PP, Cs y Vox que se ha aprobado en el Parlamento andaluz con la abstención del PSOE. La medida pretende modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa, “el único consenso que teníamos en Doñana”. Lamenta el “miedo a hablar” de los agricultores que riegan de manera legal en la zona y avisa de que “ningún consumidor europeo va a comprar fresas que han matado el acuífero donde invernan sus aves”.

¿Por qué tiene WWF una relación tan especial con Doñana?

WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, nace en 1961 a nivel mundial con Doñana como prioridad. Con un crowdfunding que se hizo entonces en toda Europa, se compraron 6.000 hectáreas que se donaron para la Estación Biológica, y luego otras 3.200 hectáreas que hemos utilizado como freno para las malas prácticas que afectan al parque. Somos propietarios del corazón de la marisma en un humedal de importancia mundial con el único fin de proteger la biodiversidad y las aves invernantes, que es por lo que los ciudadanos europeos le dan tanta importancia al parque: son conscientes de que la destrucción de Doñana supondría la desaparición de sus aves migratorias.

¿Cuáles son las principales amenazas que afectan a Doñana?

Doñana tiene varios problemas, como Matalascañas, que chupa del acuífero y está secando las lagunas de las dunas, pero la gran amenaza es la agricultura intensiva. Además, y pese al Plan de la Corona aprobado en 2014, el número de hectáreas ilegales ha crecido en 200 hectáreas; son datos del control por telemetría que hacemos desde hace 20 años. Y los satélites no engañan…

¿El uso ilegal de agua para cultivos sigue aumentando entonces?

Sí, la agricultura ilegal sigue creciendo porque la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada en estos años, no ha cerrado ni una sola finca ilegal. El Plan de la Corona regularizó 9.000 hectáreas de cultivos; decir que es la ruina del campo onubense es mentira. Lo que se quedó fuera es porque no se podía legalizar, pero ahora la proposición de ley podría amnistiar hasta 1.900 hectáreas más según nuestros cálculos. Además, hay un efecto llamada, la sensación de que aquí no pasa nada aunque cojas el agua de manera ilegal porque al final te van a regularizar. Hay que tener en cuenta que en esta zona pasar unas tierras de secano a regadío es un negocio impresionante, y todo esto ha crecido por la inacción de quienes tenían que controlarlo.

PP, Cs y Vox insisten en su proposición de ley en que hay agricultores a los que se perjudicó con el Plan de la Corona.

El Plan de la Corona tuvo en cuenta a todo el mundo, todos pudieron opinar, y pasó por el Consejo de Participación de Doñana, donde WWF votó en contra porque queríamos que fuera más restrictivo. Pero este plan fue el punto de encuentro de todos, es la línea roja que entre todos acordamos que no se iba a tocar. Por eso lo que se quiere hacer ahora es una deslealtad, es dinamitar el único consenso que teníamos en Doñana. Y por eso WWF no reconocerá el Plan de la Corona si se cambia, no podemos alterar las normas y los acuerdos sobre la marcha.

¿Hay tierras con derechos históricos que no se han reconocido, como aseguran los impulsores de la medida y algunos agricultores?

No creemos que haya derechos históricos; que se hicieran las cosas ilegalmente en su momento no te da derecho a que te legalicen ahora. Hay que tener en cuenta además que se presentaron incontables recursos legales contra el Plan de la Corona y ninguno ganó. Eso no significa que sea intocable, pero el propio plan prevé cómo se modifica, no se puede hacer por la presión de un colectivo flagrantemente ilegal y que está robando agua de un acuífero que está sobreexplotado. Eso es algo que se está consintiendo. Imaginar que se hiciera lo mismo con otro tipo de delito es impensable. Aquí se le está consintiendo a unos empresarios que hagan un paréntesis en el Estado de Derecho; eso no se puede aceptar.

¿Y por qué no denuncian esta situación los empresarios y agricultores legales?

Porque en Doñana reina la ley del silencio. Nos llaman muchos empresarios diciendo que no están de acuerdo con esta medida y que están muy preocupados, porque el Plan de la Corona les da seguridad legal y jurídica y porque temen por la imagen internacional de sus productos en los mercados. Por ahora los únicos que se han atrevido a disentir son los de Almonte, porque ven en riesgo el agua. El nuevo Plan de Cuenca del Guadalquivir no va a tener más agua, de manera categórica, y estamos en una situación de sequía. Los números no salen.

¿Llegará el momento en que los agricultores legales rompan esta ley del silencio?

Les estamos diciendo que tienen que alzar la voz en contra de esta barbaridad, pero es verdad que en Doñana hay mucho miedo a hablar, igual que hay miedo a internarse en un territorio de los ilegales que está al margen de la ley. Nosotros mismos hemos recibido amenazas directas y personales, le pasa a cualquiera que se enfrenta a este lobby. 

¿Todo esto va a afectar a la imagen internacional de Doñana?

El presidente Juan Manuel Moreno debe saber que, por encima de satisfacer a un grupo de presión, tiene una responsabilidad internacional, porque Doñana es Patrimonio de la Humanidad. No puedes decir que quieres a Doñana y con la otra mano dictar su sentencia de muerte, no vale, no se puede soplar y sorber a la vez. Con esta iniciativa, Doñana está abocada al desastre. No tenemos nada en contra de los cultivos de berries legales, pero en vez de mejorar su imagen lo que van a conseguir es mezclar la fresa ilegal con la de origen legal, no va a haber forma de diferenciarlas. Eso es poner en peligro la imagen de las fresas de Doñana y de toda Huelva, porque el consumidor europeo identifica el parque con el sur de Europa.

¿WWF va a denunciar esta situación ante organizaciones de consumidores y cadenas de supermercados internacionales?

Nosotros trabajamos directamente con consumidores, y lo que es una evidencia es que en Europa quieren que los productos tengan trazabilidad y la seguridad de que no han impactado en el medio ambiente. Ningún consumidor europeo va a comprar fresas que han matado el acuífero donde invernan sus aves. Ya hemos tenido contactos con mercados internacionales, con grandes cadenas, y hay mucha preocupación. Hace unos años los supermercados ya dirigieron una carta al Gobierno y a la Junta por esta cuestión, y entonces se dijo que las fresas amparadas por el Plan de la Corona tienen certificados de suelo y agua. Pero la proposición de ley rompe esta norma fundamental y genera la duda de que puedan irrumpir fresas regadas con agua ilegal, si se continúa con esta medida tan peligrosa algunas cadenas de supermercados pueden tomar decisiones drásticas. Además, cualquier daño a la imagen de los productos de Huelva será todavía mayor porque estamos en un momento de mucha competencia.

¿Realmente está en riesgo la llegada de fondos europeos por esta posible amnistía a regadíos ilegales?

Teniendo en cuenta la carta durísima que la Comisión Europea le ha mandado a España, no creo que esté muy dispuesta a que los fondos europeos sigan llegando a la comarca de Doñana si no hay garantías de que no se benefician las zonas ilegales. Nosotros lo que estamos es analizando la trazabilidad de los fondos europeos para agricultura que han llegado hasta ahora, para saber si el dinero de nuestros impuestos va a empresarios que están fuera de la legalidad. Y tenemos sospechas fundadas de que sí, porque a esta zona ha llegado mucho dinero de Europa. 

¿Y qué impacto puede tener esto en Europa?

La Comisión Europea le ha mandado una carta a España muy contundente, nunca habíamos visto ninguna en unos términos tan explícitos y duros. Europa está cansada de que le tomen el pelo con Doñana, se está jugando con fuego desde hace años, y encima la proposición de ley es una burla tan grande a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que me temo que va a haber consecuencias más amplias, tanto sanciones como revisiones de fondos previstos. La carta es una advertencia muy clara de que Europa está mirando Doñana con lupa. Y en respuesta la Junta de Andalucía ha mandado una carta que no responde en absoluto a la demanda de la Comisión. Burlarse así es jugar con fuego, es un error enorme, porque la vida de Doñana es el agua y se la van a dar a ilegales.

¿Confía en que al final la cuestión se reconduzca y la cosa no llegue a mayores?

Pues sí, porque por lo pronto la proposición de ley se ha hecho sin ningún informe técnico, es una auténtica chapuza que es una bomba de relojería con un impacto brutal para Doñana. Lo que se está haciendo es regularizar el uso del suelo porque ya vendrá alguien más adelante que me dará permiso de agua con otro trasvase o algo. La realidad es que no hay agua para todos pero nadie se atreve a decirlo, nadie quiere ponerle ese cascabel al gato. En eso es en lo que tiene que pensar Juan Manuel Moreno, que dice que la revolución verde es una de sus banderas, pero también el propio PSOE. Tienen que pensar en el impacto en toda la comunidad autónoma de competir por estos votos en Huelva, porque Doñana es un icono de Andalucía, como la Alhambra o la Mezquita; es una imagen muy poderosa.