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El Tribunal Constitucional avala la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía

El TC rechaza el recurso del Gobierno contra la subasta de medicamentos en Andalucía

elDiarioand

Una de cal para la Consejería de Salud entre tantas de arena con los profesionales del sector soliviantados desde hace meses: el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el sistema por el que la Junta de Andalucía compra los medicamentos vía subasta. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado que el TC ha acordado jueves por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo uno del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011 con medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público que regulaban en la práctica la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma.

Ha expresado la “gran satisfacción” que para la Junta de Andalucía supone esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la administración, pero que “lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Gobierno de España”.

La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha celebrado la noticia vía Twitter, consciente del daño que está sufriendo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una campaña feroz de la oposición desde el verano pero sobre todo por la movilización ciudadana liderada por el médico Jesús Candel, alias Spiriman, que se ha convertido en la pesadilla del Gobierno de Andalucía:

En ese sentido, cabe recordar que el recurso consideraba que la regulación vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas de la prescripción y moficando la cartera de servicios establecida con carácter básico para todo el país.

Desde su implantación en junio de 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros, según ha informado la Junta de Andalucía, que ha tenido que enfrentarse al intento de boicot de este modelo por parte de la derecha.

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