El agua del grifo sube de nuevo en Aragón con otro tributo tras el fracaso del ICA

Las familias aragonesas van a seguir sufriendo en sus bolsillos la desmesura del plan de depuración de las aguas residuales, ahora bajo el formato del IMAR, el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales que a partir del 1 de enero de 2022 sustituye al ICA, el fallido Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.

Tanto el plan de depuradoras primero como el ICA después han provocado reacciones más inusuales que habituales en Aragón, como la que supuso en el plano institucional la protesta generalizada de alcaldes y concejales de todos los colores ante la insostenibilidad económica que, a menudo acompañada de unos escasos beneficios ambientales, entrañaban las propuestas para tratar las aguas residuales de sus municipios que les llegaban del Gobierno de Aragón en las etapas de Alfredo Boné (Par con PSOE) y de Modesto Lobón (PP con Par).

Esos planes, que acabaron incluyendo la construcción de 1.153 depuradoras y colectores y cuyo presupuesto fue creciendo desde los 644 millones de euros de 2001 a los 3.209 de 2004 (a pagar hasta 2045), fueron clasificados por la Cámara de Cuentas en tres bloques: con “riesgo alto de incumplimiento”, “altamente improbable que se cumpla” o “incumplido”.

Pese a los intentos de reorientarlo, la maquinaria de la Administración ya se había puesto en marcha. Y eso conllevaba, obviamente, la obligación de financiarlo, un problema para el que la solución acabó siendo el ICA. Aunque, en realidad, ese impuesto se ha revelado como uno de los principales fiascos de la historia de la comunidad autónoma; entre otros motivos, por el rechazó que levantó, rayano en la insumisión fiscal.

Un tercio del ICA sigue pendiente de cobro

Los informes de ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón dejan bastante claro tanto el volumen como el nivel de recaudación que ha generado el ICA en sus seis años de vigencia: más de la tercera parte de los facturado a hogares y empresas sigue pendiente de ingreso.

Concretamente, y aunque a falta de contabilizar los dos últimos meses de 2021, las previsiones del ejecutivo autonómico preveían recaudar 403,9 millones de euros en esos seis años, la ‘facturación’ de enero de 2016 a octubre de 2021 se queda en 392,25 y los ingresos netos caen a 254,9, lo que supone sendos descuadres del 2,8% y del 36,9%, respectivamente.

Los resultados apenas varían si se tienen en cuenta solo los datos de los cinco ejercicios cerrados, que incluyen 334,8 millones de euros presupuestados, 333 pasados al cobro y 224,5 recaudados, con desfases del 0,5% y del 33%.

Cuando el corral y el huerto disparan el recibo del agua

La respuesta a los agobios financieros que provoca en el Gobierno de Aragón esos planes de depuración, diseñados en la etapa en la que Alfredo Boné dirigía la consejería de Medio Ambiente, ha sido el IMAR, que incluye algunos cambios sobre el ICA entre los que destaca una tarifa social superreducida para unidades de convivencia cuyos ingresos no superen los 1,447 euros mensuales y entre las que se den circunstancias como tener, al menos, un menor a cargo, ser familia numerosa, ser uno de sus miembros víctima de violencia machista o de terrorismo, parado sin prestación o persona mayor de 60 años con una hipoteca sin liquidar o discapacitado o, también, que hayan sufrido “situaciones catastróficas”.

Sin embargo, y pese a medidas como esta, el IMAR entraña una notable subida del precio del agua para la mayoría de las familias aragonesas, especialmente para las de zonas rurales que riegan algún tipo de terreno, como huertos o corrales, desde la red de suministro local, un uso que dispara el consumo doméstico y para el que la ley no contempla ningún tipo de discriminación.

El IMAR rebaja de 5,095 euros a 4,6266 el dinero que cada familia pagará mensualmente por verter agua residual a la red, lo que reduce esta parte de la tarifa anual de 61,14 a 55,51; es decir, que establece un ahorro de 5,63 euros al año por hogar.

El meollo está en el término variable de la tarifa, que pasa de una cantidad fija de 61,4 céntimos por cada cien litros de agua consumidos a una escala en la que los consumos de menos de seis metros cúbicos mensuales pagarán 35,74 céntimos por cada uno de ellos; los de seis a veinte pagarán 82,35 y los que superen ese volumen lo harán a 1,3727 euros.

Esa estratificación limita el tramo barato a los consumos de menos de 200 litros diarios y encarece el precio actual a partir de ese nivel, lo que, teniendo en cuenta que solo 151.300 (27,84%) de los 543.400 hogares de la comunidad son de un solo miembro y que el consumo doméstico de agua per cápita se sitúa claramente por encima de los cien litros diarios (133 en 2018) apunta a un encarecimiento generalizado del recibo; mayor, obviamente, si la manguera del huerto o del corral se conecta a un grifo de la casa.