El Gobierno de Aragón promoverá el consumo de productos de comercio justo en las instituciones públicas

La intención está. Y es buena. Ahora falta lo más importante: convertir las palabras bonitas en hechos. Para ello se antoja necesario estatuir una partida presupuestaria específica. PP, PAR e IU lo solicitaron. Fueron tres de las 33 propuestas de resolución al Plan de Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2016-2019, que se aprobaron en el último Pleno de las Cortes aragonesas.

En total se presentaron 38, de las que dos fueron retiradas, y tres rechazadas. Ocho de ellas llevaban el sello de IU, y todas recibieron la anuencia del arco parlamentario. Su elaboración se realizó en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Por ejemplo, la que insta al Gobierno de Aragón a “articular criterios y mecanismos de compra pública ética, y el consumo de productos de comercio justo en las instituciones públicas”.

También la de promover y consolidar iniciativas de finanzas éticas y fomentar “la igualdad de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres en el seno de las administraciones y de las instituciones”. Para IU, es necesario dotar de un nuevo enfoque a la cooperación al desarrollo “que se concentre en la eficacia del desarrollo en lugar de la de la ayuda”. Y para lograrlo, dicen, debe formalizarse una nueva arquitectura del desarrollo que sea “inclusiva, democrática y basada en los derechos humanos”.

Existen, para la formación de izquierdas, varios elementos principales sobre los que debe pivotar este nuevo dibujo: “Protagonismo de los derechos humanos, reconocer el papel central de la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la justicia social, el trabajo digno, con derechos y la sostenibilidad medio ambiental”.

Dotación presupuestaria

Llega el momento de saltar de las palabras a los hechos. En pos de ese objetivo, resulta primordial dotar económicamente el Plan. En los presupuestos de 2016, la partida de ‘Cooperación al Desarrollo’ es de 2.820.481 euros. No hay, empero, un montante específico para el mismo. Eso es lo que pidieron, de una manera u otra, PP, PAR e IU.

La propuesta del PP pedía adjuntar una memoria económica a dicho plan, “que contemple las obligaciones presupuestarias correspondientes a cada uno de los ejercicios de su vigencia”. El PAR, de igual forma, solicitó otra memoria valorando “el coste de todas las acciones”. IU estima necesario que el Gobierno autónomo “disponga de un marco presupuestario que oriente, en términos cuantitativos, la aspiración real del Plan Director”. Recuerdan, por añadidura, que en 2015 el Ejecutivo solo destinó a Ayuda Oficial al Desarrollo un 0,05 % de su presupuesto total.

Siguiendo los objetivos de la ONU

La inexistencia de una partida determinada es el aspecto que más preocupa a los distintos grupos parlamentarios, como se pudo comprobar el pasado 9 de marzo, cuando la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, presentó el Plan Director en Comisión. Eduardo Peris (PP) dijo que “solo recoge intenciones”; de “brindis al sol” lo calificó Elena Allué (PAR), mientras que Patricia Luquin (IU) destacó que “el problema no es el qué, sino el cómo, y en eso se está fallando estrepitosamente”.

Compete, por tanto, al Ejecutivo autonómico la tarea de demostrar que no es este un acto inane, sino un compendio de medidas que, efectivamente, se llevarán a cabo. Nació con buen pie (aunque sin dinero) porque fue fruto de la unanimidad, algo “que no había ocurrido en los dos últimos planes”, como señaló la consejera.

El Plan, explicó en su presentación, se basa en los nuevos objetivos que ha marcado la ONU para la agenda de Desarrollo Sostenible hasta 2030 y, en él, “se han alineado las prioridades geográficas y sectoriales según dos criterios, como son el índice de desarrollo humano en salud e ingresos y el índice de desigualdad de género en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral”.

Broto valoró “el diálogo y la participación puestos en marcha, tanto a través de Internet, para las aportaciones ciudadanas, como en el Consejo Aragonés de la Cooperación al Desarrollo, a la hora de abordar su elaboración, que ha sido fundamental”.