El vacío de Gobierno deja en el aire una bolsa de 38 viviendas públicas de alquiler en Aínsa

Vivir de alquiler en Aínsa no sale por menos de 450 euros, gastos y consumos al margen, y eso ha acabado convirtiéndose en un problema tanto para quien pretende instalarse como para quien vive allí de manera estable por el obstáculo que supone para atraer tanto a trabajadores de temporada como a empleados de servicios, ya sean públicos (sanidad, enseñanza) como privados (banca, energía).

Y las dos principales iniciativas que se habían puesto en marcha para tratar de paliar ese problema, que iban a permitir la creación de una bolsa de 38 pisos de alquiler público, han quedado en el aire como consecuencia del vacío que ha dejado en el Gobierno de Aragón en resultado de las elecciones del 28 de mayo, con un ejecutivo saliente en funciones mientras el entrante sigue sin formarse.

El portal inmobiliario Idealista incluía hace unos días solo dos ofertas, una por 450 euros y otra por 500, mientras que su principal competidor, Fotocasa carecía de propuestas, lo que da idea de los escueto de la oferta, mientras tasaba el precio del alquiler en nueve euros por metro cuadrado.

Esa tasación, solo un euro inferior a la de Zaragoza y alineada con la que el mismo portal asigna a barrios de la capital como La Almozara, sitúa el arriendo de un estudio en un mínimo de 528 euros mensuales y por encima de los 682€ el de una vivienda de tres habitaciones, unos precios que resultan inasequibles para muchos trabajadores.

“El mercado está colapsado no solo en Aínsa, sino también en Boltaña y en Labuerda. No hay manera de acceder a viviendas de alquiler”, explica el alcalde, Enrique Pueyo, recientemente reelegido con una amplia mayoría de siete concejales de once en la lista del PSOE.

2.000 plazas y más de 100.000 pernoctaciones anuales

Aínsa-Sobrarbe tiene una población de 2.312 habitantes dispersa por los 22 núcleos que, además del central, se extienden por sus 284 kilómetros cuadrados de superficie, aunque el grueso del vecindario, más de 1.500 vecinos a los que se suma la población flotante, se concentra en la capital.

“La población del municipio ha ejercido un continuo crecimiento desde los años 1980”, señala una reciente resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que contabiliza un parque de 1.190 viviendas “de las cuales 863 son principales, 243 secundarias y 84 se registran como vacías”.

A esto se le suma una capacidad de alojamiento de “más de 2.000 plazas repartidas en 16 hoteles, 41 viviendas de turismo rural, 1 camping, 90 apartamentos turísticos y 33 viviendas de uso turístico” que suponen la base de un sector servicios que emplea a casi la cuarta parte (72,25%) de los afiliados a la Seguridad Social, con pesos mucho menores para la construcción (12,09%), la agricultura (9,033%) y la industria (6,63%).

Ese desarrollo del turismo, apoyado en el pintoresco casco histórico de Aínsa, la cercanía del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido y el Parque Natural de la Sierra de Guara y la explotación de actividades como la bicicleta de montaña, el senderismo o el barranquismo, ha obligado al consistorio a tomar en los últimos años medidas regulatorias como las limitaciones al despliegue de las renovables y la moratoria de los pisos vacacionales, la primera para proteger el paisaje y la segunda para intentar evitar el colapso del mercado del alquiler residencial.

Los datos sobre pernoctaciones que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a una afluencia de más de 70.000 pernoctaciones en los hoteles y más de 30.000 en alojamientos extrahoteleros como apartamentos, casas de turismo rural y pisos vacacionales.

Este último formato se ha multiplicado en los últimos cinco años ante ese crecimiento de la demanda, aunque no siempre con los ‘papeles’ en regla, tal y como demostró una inspección del servicio de Turismo de la DGA.

“Eso nos abriría la luz”

En ese escenario, al Ayuntamiento de Aínsa se le abrieron la pasada legislatura dos vías de actuación, una con la activación de la venta de pisos embargados por la Sareb o ‘banco malo’, al que le queda una bolsa de catorce (no susceptibles de salir al mercado turístico) tras haber vendido otros diez en un mismo edificio, y otra con la posibilidad de construir 24 viviendas de alquiler gracias a una ayuda del Gobierno central.

Finalmente, el consistorio acordó con Suelo y Vivienda que este último gestionaría toda la operación, con un coste de en torno a 3,5 millones de euros, más de 900.000 para las compras y dos millones y medio para la promoción, cuya financiación incluiría el millón de euros concedido al ayuntamiento. “Eso nos abriría la luz”, señala Pueyo. 

Sin embargo, Suelo y Vivienda ha optado por pausar la operación y dejar su aprobación en manos del próximo Gobierno de Aragón, lo que ha dejado en el aire su materialización durante varios meses y sigue dificultando la prestación de algunos servicios y el funcionamiento de algunos negocios locales.

De hecho, han sido los avisos de algunos vecinos sobre la disponibilidad de viviendas de su propiedad lo que ha permitido que algunos sanitarios destinados al Centro de Salud de Aínsa este verano hayan podido alojarse.