Acciona, reincidente

Cinco meses después de estallar el caso Cerdán, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó el registro de las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, y decidió investigar al ex responsable de Obra en España, Justo Vicente Pelegrino, y a dos subordinados territoriales.

A algunos nos trajo a la memoria el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) del que se han cumplido ya 12 largos años: registros judiciales por sorpresa, la presencia de uno de los buques insignia de la gran empresa familiar española, la imputación de mandos intermedios y de responsables autonómicos de la constructora y una enorme repercusión pública.

Un guion con similitudes pero también con alguna significativa diferencia porque si en el caso Plaza no hubo responsabilidades políticas, en la trama de Santos Cerdán sí que las ha habido. El ex diputado y ex secretario de organización del PSOE ha permanecido casi 5 meses en prisión provisional. No tardando mucho conoceremos qué suerte corren en otro caso, el de las mascarillas, el ex ministro y también ex secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, para los que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares piden penas entre 20 y 30 años de cárcel.

Empezando por la denominación del caso, lo que no ha cambiado es que el foco principal continúa centrado en los presuntos corruptos y con una luz más atenuada se disemina hasta los presuntos corruptores como parece apuntar el hecho de que las sedes de la constructora tardaran 5 meses en registrarse.

El caso Plaza (falsas certificaciones de obra, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental) se saldó con 25 procesados pero solo dos, el gerente de Plaza y el responsable territorial de obras de Acciona, fueron condenados a 2 años y 1 día de prisión. En ese nivel se quedaron las responsabilidades penales.

Previamente, a los pocos meses de destaparse el caso, el presidente de Acciona Infraestructuras en Aragón había presentado su renuncia por “motivos personales”. Además, Acciona tuvo que devolver 62 millones de euros a la Diputación General de Aragón (DGA), principal accionista de Plaza, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por los pagos recibidos y no ejecutados. La DGA reclamaba 150.

A lo largo de la última década, Acciona también ha tenido 8 empleados procesados en la obra de la desaladora de Torrevieja y problemas judiciales en la de la estación de La Sagrera en Barcelona por sobrecostes y trabajos no ejecutados.

Según el informe de la UCO, en el caso Cerdán se están investigando amaños de obra pública y comisiones del 2 por ciento en las adjudicaciones a esa compañía por importe de más de 500 millones de euros del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la dirección general de Carreteras.

El presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha reconocido que este historial judicial les está causando a la compañía un “incuestionable perjuicio reputacional” pero, paradójicamente, no registran caídas en la Bolsa. Mantienen la confianza de los inversores. Su facturación del pasado año superó los 19.000 millones de euros, un 12,7 por ciento más que el año anterior, y el beneficio se quedó en los 422 millones. Dicen los analistas que eso se debe a su diversificación (el negocio de las energías renovables cada vez tiene más peso comparado con el de la construcción) y a la débil exposición internacional de los escándalos.

En resumen, la denominación de los casos de corrupción o se personaliza en los políticos que los facilitan y se benefician o en infraestructuras concretas como fue el caso de Plaza. Las responsabilidades penales las asumen los mandos intermedios que, supuestamente, actuaron al margen de la compañía sin que los accionistas principales fueran conocedores. Tampoco se llega a reconocer ni a corregir que haya existido negligencia en los controles internos.

En su viñeta de ayer en el diario “El País”, El Roto dibujó una manzana podrida bajo el título “La corrupción es un fenómeno natural, no se alarmen”. La genial ironía del dibujante nos reafirma en que desde hace décadas estamos ante una sucesión de hechos alarmantemente corrosivos para la democracia.

Hechos que están reclamando que los poderes del Estado protejan al máximo a los denunciantes, que extremen los controles preventivos para bloquear en las administraciones públicas a los parásitos del dinero de todos y que depuren las responsabilidades, también las penales, de los presuntos corruptos y corruptores con la misma intensidad. Y vista la reincidencia de alguna compañía, que se exijan responsabilidades en niveles más altos.