Dejen vivir a la gente

Desde Benasque hasta Madrid, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles. Así lo dice la última encuesta del CIS y lo atestiguan quienes dedican tres cuartas partes de su sueldo a pagarse un zulo en la capital o quienes recorren decenas de kilómetros por carreteras de montaña cada día para ir a trabajar a una localidad llena de pisos con las persianas abajo en la que es imposible encontrar uno libre para vivir. 

No es nuevo en España usar la vivienda para especular, tampoco que sea la inversión más segura y con menos riesgo para quienes consiguen juntar unos ahorros, pero jamás esas circunstancias han formado parte de un problema tan grande como el que sufren hoy millones de españoles. Desde que los fondos de inversión y el alquiler turístico no regulado -salvo por una aplicación- irrumpieron en el mercado de la vivienda, la cosa se nos ha ido de las manos. Pero, claro, quizá el problema está ya en el enunciado: mercado de la vivienda. Mercado. ¿Se puede mercadear con un bien de primera necesidad, con un derecho reconocido en nuestra Constitución?

El asunto es insostenible y la protesta está en la calle. Normal, porque hablamos de lo más básico: vivir. Llamándose vivienda poco hay que argumentar más allá de lo que dice el diccionario para defender a qué deben estar dedicados esos inalcanzables espacios. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda se ha encarecido un 70% en la última década en nuestro país. Huelga decir que no lo han hecho los sueldos. Eso ha provocado que los ciudadanos vean cada vez más lejana la posibilidad de pagar una vivienda y que aquellos a los que les sobra el dinero para jugar a sacarle rendimiento hayan encontrado un bien muy codiciado con el que especular para hacerse más ricos. 

Cuando los problemas son del calibre de este, parece que las soluciones serán complejas, y más en un parlamento que parece vivir constantemente a la greña, pero conviene recordar que, más allá de las actuales posiciones de izquierda y derecha, los españoles ya nos dimos hace décadas las claves de lo que debe ser la regulación de la vivienda. Artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Me pregunto cómo no es la vivienda la principal preocupación del gobierno central y de los autonómicos. Me pregunto si siguen creyendo que saldrán indemnes poniendo parches que tapan poco y no arreglan nada. Me pregunto si, en el camino desde sus confortables casas hasta las honorables instituciones que gobiernan, escuchan a alguien por la calle. A estas alturas, es imposible no conocer personalmente a varias personas para las que comprar o alquilar una vivienda es más que un quebradero de cabeza. A veces, una urgencia vital. Me pregunto para quiénes gobiernan, además de para sus amigos, unos, y para sus egos, otros. Me pregunto por qué, en sentido literal, no dejan vivir a la gente.