El espectáculo suplanta la realidad

Entre el ruido permanente en que se desarrolla la vida política aragonesa en el que no faltan proyectos estrella que, haciendo gala de su nombre, se acaban estrellando por la fuerza de la movilización ciudadana y la debilidad de la racionalidad de su diseño, parecen desaparecer una parte significativa de proyectos e iniciativas que se vuelven transparentes a la opinión pública, a voluntad de los medios de comunicación que se diría, deciden qué deben conocer y qué ignorar los aragoneses.

Posiblemente el más transparente y resbaladizo haya sido el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) que si, al comienzo de la legislatura que ahora concluye, pareció tener arraigo en el ideario de una parte del cuatripartito, para el 28M de 2023 ha desaparecido del escenario electoral y del catálogo de preocupaciones de buena parte de la población en el que, por capricho de los mercachifles de la zafiedad partidista, se introducen prioridades auténticamente delirantes como la resurrección madrileña de un terrorismo muerto y sepultado.

Aquél Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que hizo salir a la calle a miles de personas y generar la mayor insumisión fiscal que se ha visto en los últimos años, se transmutó en Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) a iniciativa de la mitad del cuatripartito con el aplauso de la otra mitad que, en aquel momento, debía de tener cosas más importantes de qué preocuparse en el juego de los abalorios de su compleja posición política.

Sin duda este respaldo institucional al nuevo modelo, desactivó en buena medida, la inquietud popular que acabó por integrar el impuesto como uno más en la lista de sus obligaciones tributarias sin atender demasiado, tanto la injusticia real de la  nueva legalidad formal, como a las nuevas cargas que la población zaragozana deberá afrontar cuando el consistorio que salga del 28M, caiga en la cuenta del estado real de la depuración de sus aguas residuales. 

Mientras tanto, el PASD que fue aprobado en 2001 y revisado en 2009, (la ley 6 de 2001 dice que la revisión debe hacerse cada 4 años) es propuesto nuevamente, en 2014 para una nueva revisión que fue duramente criticada por la Cámara de Cuentas y se tuvo que esperar hasta 2017 para someterse a un proceso de participación en el que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) junto a otros colectivos hicieron sus aportaciones. Llegados a 2022, ampliamente superados los márgenes temporales, se vuelve a proponer su revisión cuya información pública ha fluido por el calendario sin suscitar mayor interés, más allá de lo que pueda manifestar la RAPA que, fiel a sus principios propuso: la auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA , la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la revisión de los contratos empresariales, la devolución de competencias en materia de gestión del agua a todos los ayuntamientos y la creación de mecanismos eficaces de participación y transparencia.

En octubre de 2022, en el momento en que la Comisión del Agua aprobó el informe de revisión, la RAPA volvió a manifestar que el PASD debería ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que dieran respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional ha conllevado. Se debería acometer el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que se cuente con el protagonismo de los Ayuntamientos, que se priorice la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que se establezcan canales de participación, que se practiquen y publiciten sistemas de control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos. De igual forma se contemplaba la necesidad de la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, atendiendo al impacto ambiental estratégico de este plan y a la consideración del Derecho Humano al Agua que es una seña de identidad de la Red de Agua Pública a nivel de todo el estado español.

La RAPA planteó una hoja de ruta de acuerdo a estos criterios que, a pesar de que el nuevo PASD dice haber recogido parte sus propuestas, lo cierto es que su aceptación ha sido meramente simbólica en la nueva redacción, tanto en lo formal como en lo concreto. Ni en lo que tiene que ver con la extinción del IAA para constituir una Dirección General, ni en la revisión de los contratos empresariales que no cambian nada en lo referente a las concesiones del Plan Especial de Depuración ya en vigor y apenas de denominación, en las nuevas instalaciones que, de facto, van a funcionar con criterios muy parecidos. Nada de negociar la cancelación de los contratos de concesión de obra pública ni nada de renegociar los precios a la baja cuando lo anterior no sea posible o de exigir que las EDARs (como el caso de Zaragoza) sean devueltas en buenas condiciones.

La RAPA afirma que en ocasiones, puede resultar más barato recuperar la gestión (negociando con las empresas una indemnización por inversión realizada y expectativas reales de beneficio)  que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Y ya que esto no se ha llevado a cabo, por lo menos debería incidirse en la vigilancia especial que debe realizarse en este último periodo de la concesión para que el estado de las EDARs cuya gestión devuelva, sea aceptable. 

Hay que decir que, a pesar de que el PASD pueda decir que el nuevo Plan es respetuoso con la autonomía municipal de modo que serán los municipios los que decidan sobre el modelo de gestión de las depuradoras de su ámbito territorial y si quieren conservar su competencia en la explotación de las mismas o encomendarla al IAA, lo cierto es que las condiciones reales que tienen los ayuntamientos no favorecen la recuperación de la gestión de las EDARs. De igual forma hay que valorar que la reducción en el pago del IMAR que compensa el pago de las cuotas que cobrarán los ayuntamientos a sus vecinos por la gestión y mantenimiento de la depuración es irregular y a menudo, como en Zaragoza, claramente insuficiente. 

Dado que queda fuera del objetivo del Plan la definición del impuesto y su modo de aplicación, el IMAR se sitúa bajo la responsabilidad de la política tributaria del gobierno aragonés y este establecerá el escenario de equilibrio económico del Plan analizando el porcentaje de cobertura de sus costes. Es decir, queda a discreción del próximo gobierno y de los venideros, la cuantía de este tributo en función de la necesidad recaudatoria en un sentido amplio, no necesariamente sujeto a las necesidades de financiación de la depuración.

Con respecto a la participación y transparencia, el hecho de que se otorgue a la Comisión del Agua de Aragón la capacidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, resulta de escasa credibilidad real y demuestra una clara voluntad de estatalización de la participación y la información, lejos de las propuestas de los colectivos ciudadanos.

Llegados a este punto, la situación en que se encuentra la depuración en Aragón, muestra el fracaso del PASD anterior y el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos con el gobierno central en el convenio específico entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 y del Ciclo Integral del Agua en Aragón que han sido determinantes en este fracaso. 

Siendo el Pirineo la zona peor tratada y que mayores retrasos acumula ya que estamos hablando en 2022 de cumplir objetivos que debían haberse realizado en el año 2011, es igualmente cierto que el plan inspira poca tranquilidad en otras zonas.

Para terminar en Zaragoza, que no hay que olvidar que supone aproximadamente la mitad de la población de la comunidad autónoma, las cuentas no salen a favor de sus habitantes porque las inversiones necesarias en la ciudad para asegurar la sostenibilidad de todo el ciclo integral del agua vienen a representar aproximadamente la recaudación del IMAR con la que se colabora en atender  las necesidades de depuración fuera de la ciudad. Parece claro que si los nuevos gobernantes que salgan de las urnas no hacen gala de mayor generosidad y consenso, mucho no tememos que los sufridos “zaragoneses” tendrán que volver a hacer frente al coste de una nueva depuradora en La Cartuja y a otras obras complementarias pendientes desde hace tiempo, para que el silencioso Ebro no se convierta en una masa de agua con altos niveles de contaminación. 

El PASD es uno más de una serie de errores de gestión hidráulica que desde el punto de vista agroganadero, industrial o poblacional pasan ante el Pilar en respetuoso silencio, pero que pueden poner en peligro la salud medioambiental y de los habitantes de toda su cuenca y del propio delta. Todo ello en un momento de especial incertidumbre debida a la emergencia climática y a una escasa sensibilidad administrativa que parecen formar parte del paisaje aragonés cuyos regidores nunca se han identificado con el regeneracionismo como herramienta de progreso social y humano .