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La importancia del acuerdo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/Laura Serrano

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La reforma laboral de Rajoy no se ha derogado. Es verdad que, en alguna ocasión, la ministra Yolanda Díaz ha dicho que ese no era su objetivo, que no era cuestión de anularla íntegramente y volver a la legislación anterior, sino que era el momento de resolver algunos de los problemas endémicos del mercado de trabajo -aunque en diversos actos públicos sí que ha hablado de derogación-, pero lo cierto es que, en la nueva normativa, permanecen algunos “de los aspectos más lesivos” de la reforma de 2012.

Continúa la indemnización por despido improcedente -el que se produce sin causa que lo justifique- en 33 días en lugar de los 45 anteriores a la reforma, sigue sin ser necesaria la autorización administrativa para los ERE y no se recuperan los salarios de tramitación. También se mantiene el excesivo poder que se dio a los empresarios para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.

En el haber del acuerdo firmado el mes pasado -al menos para los trabajadores y los empresarios que no pretendan competir a base de precariedad- están los cambios en el modelo de contratación, algo esencial para combatir la temporalidad injustificada. También se recupera la ultraactividad de los convenios y la prevalencia, en materia salarial, del convenio de sector sobre el de empresa. Y, por primera vez, una reforma laboral devuelve derechos a los trabajadores en lugar de quitárselos.

La eficacia de lo pactado se verá con el tiempo. Veremos si es apropiado para combatir la precariedad y si se dan las condiciones para que haya una negociación colectiva más equilibrada, en la que, entre otras cosas, se puedan corregir algunos de los excesos de la reforma de Rajoy. En cualquier caso, ninguna ley va a resolver los problemas del mercado de trabajo, menos teniendo en cuenta el peso de la pequeña empresa. Quedan muchos campos en los que actuar, muchas negociaciones que hacer.

Cuando se ha estado repitiendo como consigna la derogación de la reforma laboral, cuando se crean expectativas tan elevadas, es normal que haya colectivos a los que el resultado de la negociación le parezca insuficiente. Es el caso, aunque con matices y reivindicaciones de parte, de los grupos parlamentarios que suelen apoyar las iniciativas del Gobierno.

El Gobierno podía haber propuesto una ley distinta, de ruptura total con la normativa anterior. No le hubiesen faltado apoyos parlamentarios ni sociales, pero sí el de la CEOE. ¿Es tan importante el apoyo empresarial? ¿No se hizo la anterior reforma en contra de la voluntad de los sindicatos? Entonces, ¿Por qué el empeño del Gobierno, CC.OO. y UGT en conseguir el acuerdo de los empresarios? Hay diferentes razones.

En primer lugar, a pesar de los espectáculos lamentables que con frecuencia vemos en el debate político -generalmente protagonizados por las derechas-, la organización de la sociedad necesita pactos, espacios de acuerdo que, dependiendo de las coyunturas, permitan definir normas comunes de convivencia entre sectores con intereses distintos. Lo contrario supone, como estamos viendo, el enfrentamiento permanente entre bloques y, en el mejor de los casos, que cada Gobierno deshaga lo hecho por el anterior, con lo cual, poco podemos avanzar como sociedad.

Los sindicatos firmantes siempre han defendido que la normativa laboral debía basarse en el acuerdo entre las partes, es la mejor manera de preservarla de los vaivenes de la política, de los riesgos de la utilización partidista del marco laboral, de evitar que cada Gobierno haga una ley según sus preferencias, en muchos casos más pensadas en beneficiar a corto plazo a sus aliados ideológico/políticos que en resolver los problemas existentes.

El acuerdo tiene sus luces y sombras, pero, aunque se mantengan asignaturas pendientes en relación a la protección de los trabajadores, ha mejorado sus derechos sensiblemente. Además, y esto tiene enorme trascendencia política, supone un compromiso por pactar la regulación de las condiciones de trabajo evitando las intervenciones unilaterales. Evidentemente nadie puede garantizar que con un gobierno del PP esto vaya a mantenerse, pero, a poco éxito que tenga el desarrollo de lo acordado, le será más complicado a la derecha hacer lo que hizo Rajoy. En cualquier caso, Gobierno y sindicatos han apostado por aquello en lo que creen.

En los próximos días el Congreso tendrá que convalidar el decreto ley producto del acuerdo tripartito o transformarlo en un proyecto de ley. Apoyar la propuesta tal como está no va en detrimento de las competencias de los parlamentarios ni de la democracia; al contrario, el acuerdo solo será ley si así lo deciden los diputados y diputadas por mayoría y convertir en ley la voluntad mayoritaria de la sociedad es el máximo exponente de la democracia.

Es normal que Vox y PP -que amenaza con recortar más, cuando gobierne, los derechos de los trabajadores- rechacen el pacto, hubiesen rechazado cualquier acuerdo porque lo suyo es la confrontación. Los defensores de la libertad no aceptan que las partes implicadas acuerden la manera de resolver sus diferencias, no sería de extrañar que si gobernasen prohibiesen los divorcios de mutuo acuerdo.

Lo que no es tan normal es que no lo apoyen los grupos que apoyaron la investidura, en estos momentos difícilmente se puede encontrar una alternativa más útil. Útil como instrumento de regulación del mercado de trabajo, útil como ejemplo de cómo conectar la sociedad con el Parlamento y útil para desenmascarar la nula voluntad de buscar acuerdos que tiene la derecha.

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