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El Prismático es el blog de opinión de elDiario.es/aragon. 

Las opiniones que aquí se expresan son las de quienes firman los artículos y no responden necesariamente a las de la redacción del diario.

El orgullo de ser agricultor (profesional)

Tractorada en Murcia.

A los agricultores les ocurre un poco como a los escritores. No solo es que la escritura tenga mucho de labranza, como indica José Arbués en 'Mi vida rural en Aragón' (Xordica, 2019), sino que ambos, productores de materia prima originaria, se llevan un porcentaje muy pequeño del precio de mercado, sea un saco de cereal o un libro. La cadena de intermediarios se embolsa la parte del león, aun cuando el problema es complejo y no se soluciona con recetas mágicas.

La primera tractorada en la historia de España tuvo lugar en la provincia de Zaragoza. Fue en febrero de 1976 y se la conoce como la “guerra del maíz” o del panizo. Luego llegaron muchas más en otros enclaves geográficos. Se protestaba, ya entonces, porque los precios agrarios no compensaban los costes de producción (gasóleo, abonos, fitosanitarios, etc.), más aún tras la crisis del petróleo, y el resultado de este efecto pinza fue una alarmante descapitalización de la explotación familiar agraria. El problema adquirió una fisonomía regional variada en función de las especializaciones productivas de cada territorio: así, se habló de una “guerra del plátano” en Canarias, del tomate en Murcia, de la leche en la cornisa cantábrica… En Aragón, los tractores tomaron las carreteras para que el gobierno aceptase proteger el maíz nacional y cortase las importaciones, sobre todo estadounidenses, que hundían peligrosamente los precios. ¡Hasta Hollywood empezó a promocionar el consumo de palomitas en los cines para sacar los excedentes de maíz! Casi medio siglo después se acusa a la Unión Europea de suscribir demasiados acuerdos de libre comercio, sin proteger lo suficiente a los productos propios que tienen severos controles ambientales y sociales.

Casi medio siglo después de aquella primera tractorada se reconocen continuidades, aunque también alguna novedad: para empezar, muchas más mujeres han abandonado el campo. No lo tuvieron fácil. Incluso las fuentes documentales de la época se limitan a citarlas como “acompañante de su marido”, expresión demoledora. Durante décadas, la ausencia de un estatuto jurídico para las agricultoras hacía que estuviesen poco protegidas por los sistemas nacionales de seguridad social. La titularidad compartida de la explotación familiar agraria no llegó hasta entrado el siglo XXI. Y si las mujeres, principal soporte de la fijación poblacional, abandonaban la actividad, mal lo tenía el medio rural.

Medio siglo después de aquella primera tractorada, la defensa del agricultor profesional ha de sustentarse mucho más que entonces en su dimesión ecológica y en su producción ambientalmente sostenible. La supervivencia de los campesinos en su medio natural es ya de por sí, salvo algunas excepciones, una aportación medioambiental de primer orden. “Quien contamina, paga”. Sin embargo, ¿quién ayuda al que mejora el medio ambiente, a quien nos proporciona seguridad alimentaria, conserva la fertilidad de la tierra y la diversidad genética al tiempo que produce alimentos de máxima calidad nutritiva y organoléptica? La sociedad debe reconocer la aportación de agricultores y ganaderos que se comprometan en materia de cambio climático, salud o paisaje.

Medio siglo después de aquella primera tractorada, la cadena agroalimentaria ha sufrido una transformación radical en favor de la distribución. Ahí han entrado poderosos fondos de inversión que han provocado una "uberización" del campo, en palabras de Valeriano Gómez y de Fernando Moraleda. Se requiere mayor transparencia en el mercado agroalimentario y, sobre todo, reforzar el papel de las organizaciones profesionales agrarias en su relación contractual con la industria procesadora.

Así pues, las protestas vienen de mucho tiempo atrás y poco tiene que ver el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso sí, valdría la pena estudiar si pueden reducirse las cotizaciones sociales en el sector agrario para amortiguar el posible impacto del SMI en determinadas actividades agrícolas o ganaderas. Al fin y al cabo, si sube el suelo salarial, se incrementan los ingresos del sistema de seguridad social y una parte de ese aumento podría revertir en favor del agricultor profesional que contrata.

El Valle del Ebro es una economía fundamentalmente terciaria e industrial, pero el signo agrario continúa siendo una inercia sentimental poderosa. Un mundo rural, nada idílico, que sin embargo refuerza nuestras raíces individuales y sociales, como si la memoria fuese el granero donde se guarda la simiente. La “herencia rural” tiene sus pros y sus contras. Conviene apartarse de algunos tópicos inmovilistas, pero está muy bien sentirnos provincianos con orgullo, es decir, encontrarnos a gusto en el territorio del futuro, defendiéndolo y proyectando estima hacia él.

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