Sobran aforados

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, era vicepresidente primero cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula el estatuto de los expresidentes de Aragón (decreto 44/24 de 20 de marzo). Desde su entrada en vigor los expresidentes de Aragón van a poder disponer de coche oficial tras su cese durante un máximo de 4 años, prorrogables por otros 4, con un conductor/asistente nombrado a propuesta de ellos.

El decreto recoge también que cuando sea necesario se pongan a su disposición de manera temporal los medios personales, materiales y de seguridad que se consideren precisos por los órganos de la comunidad autónoma y que se les compensen los gastos de representación. Además, se les otorga el uso honorífico del título “Señor Presidente”, “Señora Presidenta”.

Pues bien, el portavoz de Vox no tuvo ningún reparo ético en utilizar recientemente esa munición en sede parlamentaria contra el presidente Azcón. Sin escrúpulo alguno a pesar de ser corresponsable del acuerdo que se produjo 3 meses y 22 días antes de que a la brava abandonaran el Ejecutivo. Mientras fue vicepresidente primero en ningún momento dijo públicamente que estaba en desacuerdo.

Es un ejemplo de cercanía de la utilización populista de estos beneficios para minar la confianza de los ciudadanos en los representantes públicos. En un contexto de creciente descrédito institucional, los cargos públicos deberían tener más en cuenta la opinión de los ciudadanos.

Si nos detenemos solo en el Estado autonómico, hay 11 comunidades en las que directa o indirectamente se están pagando retribuciones económicas a los expresidentes. Desde las generosas pensiones de jubilación vitalicias en Cataluña y Andalucía cuando cumplen 65 años a las temporales, 2 años con el 80 por ciento del sueldo, para compensarles por las incompatibilidades que perciben en Galicia, Canarias, las dos Castillas, Madrid, Navarra y Galicia. Baleares, Cantabria y La Rioja son la excepción porque limitan los reconocimientos a poco más de un tratamiento honorífico.

En el caso de la Comunidad de Valencia, la victimizada renuncia de Carlos Mazón le abre la puerta a mantener el aforamiento como diputado y a percibir alrededor de 77.000 euros brutos anuales durante 2 años y 3 meses (los que ha sido presidente) como miembro del Consejo Jurídico Consultivo. Además, podrá contar con una oficina de apoyo, 2 asesores, un coche oficial y un conductor vitalicios. Si hubiera finalizado la legislatura, tendría derecho a percibir esos beneficios durante 15 años al igual que sus predecesores.

Son privilegios imposibles de justificar ante los ciudadanos y, especialmente, ante los golpeados por la precariedad y por la desigualdad. Como lo son los más de 17.000 aforamientos de cargos públicos en España, a los que hay que sumar los de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidos los autonómicos.

El aforamiento es un escudo constitucional concebido para proteger al representante público de acciones penales con intenciones torticeras de entorpecer o bloquear el correcto ejercicio de la función pública o desestabilizar mayorías parlamentarias utilizando los juzgados ordinarios de instrucción o de enjuiciamiento.

El loable objetivo constitucional se ha devaluado por la desproporcionada extensión de los aforamientos (diputados, senadores, diputados autonómicos, presidentes de los Parlamentos, presidente de Gobierno, ministros, Familia Real, jueces, magistrados, fiscales) que extiende la opinión de que no todos somos iguales ante la ley penal. 

En Francia solo están aforados tal y como se entiende en España el presidente de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno. En Italia el presidente de la República, los presidentes de las dos Cámaras, el jefe de Gobierno y el presidente del Tribunal Constitucional. Y en Alemania y Portugal son muchos menos que en España.

Es cierto que el asunto ha sido recurrente en los programas de la nueva política y en las promesas de varios presidentes, incluido el actual, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato. Es necesaria una reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Es necesario, por tanto, un pacto del PP y del PSOE. 

Mientras los dos grandes partidos dejan pasar el tiempo, se va ensanchando el descrédito con los políticos, más aún con casos como los de Mazón y Ábalos o el atropellado aforamiento de Gallardo en Extremadura, y también con la Administración de Justicia. Circunstancias que están alimentando la antipolítica y el grosero oportunismo populista que, por ejemplo, practica el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón.