“Queremos asumir riesgos y compromisos. Debemos asumirlos”, afirmaba el entonces candidato Jorge Azcón en su discurso de investidura, allá por agosto de 2023. Se refería al carácter de los aragoneses, aunque también por extensión a su propia acción de gobierno. Este lunes, sin embargo, el presidente autonómico ha puesto fin entre críticas a la oposición, 28 meses después, a una legislatura marcada por la inestabilidad, las broncas parlamentarias y la debilidad del PP en las Cortes. La primera con la extrema derecha en el poder y la única en la que se han tenido que adelantar los comicios. Un periodo con grandes anuncios empresariales y de marcada contestación social entre los colectivos de la educación y la sanidad públicas.
Un síntoma claro de la parálisis que ha vivido la comunidad en esta etapa son las leyes aprobadas en la Cámara autonómica: apenas doce normativas, muchas de ellas continuidad del Gobierno de Javier Lambán y otras, derogaciones precisamente del Ejecutivo socialista. Entre las primeras, las leyes de emergencias o de energía; entre las segundas, memoria democrática, agricultura familiar, custodia compartida. “Están en dique seco y no lo quieren admitir”, afeó el mes pasado el diputado socialista Darío Villagrasa. “Lo que importa no es una lista de decretos, sino una lista de resultados”, le respondió la vicepresidenta, Mar Vaquero.
El mayor logro de Azcón en este periodo ha sido la alfombra roja a grandes proyectos privados, la gran mayoría centros de datos con inversiones milmillonarias y un consumo de recursos que pone en duda su viabilidad conjunta. A cada nuevo anuncio, el dirigente popular ha ido haciendo un sumatorio con las cifras hechas públicas por las empresas, muchas de ellas multinacionales estadounidenses: en el último 'excel', el balance ya sumaba los 70.000 millones de euros. Aunque, como reconocen en público y en privado responsables autonómicos y estatales, muchos de esos proyectos se quedarán en el camino.
A su vez, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho continuamente del “momento histórico” que vive la comunidad. Este mismo lunes, con la firma del decreto para la disolución de las Cortes, ha destacado que Aragón va a cerrar el año con 48.000 desempleados frente a los 58.000 de hace tres años, un dato que sigue la tendencia del mercado laboral a nivel nacional. “Aragón vive un momento de bonanza que no recordamos en la historia de nuestra democracia, una etapa de crecimiento inédita”, ha lanzado también este lunes. Sin embargo, el horizonte muestra asimismo sombras: según por ejemplo el BBVA Research la comunidad se situará en 2026 a la cola en crecimiento autonómico.
Frente a los datos de inversiones privadas, la gestión tanto sanitaria como educativa ha generado una importante contestación social, en especial por las denuncias de privatización y por una falta de recursos para lo público, y eso en un contexto –como ha repetido de manera constante el Ejecutivo– de gasto expansivo. Los dos últimos episodios han sido la huelga sanitaria de cuatro días la semana pasada y el paro de tres días por el profesorado del IES Martina Bescós de Cuarte por falta de personal. Precisamente en materia laboral se han vivido momentos caóticos en estos dos ámbitos, con continuas dimisiones y una acusada sensación de desgobierno.
En las Cortes de Aragón, en estos 24 meses se han vivido algunos de los momentos más tensos, con un tono bronco introducido de forma destacada por la extrema derecha. Incluso desde la Presidencia de la Cámara, que ha olvidado con frecuencia su tradicional tono institucional para optar por actitudes partidistas: ahí están la ausencia de la presidenta, Marta Fernández, en un minuto de silencio contra la violencia en Gaza e Israel o el episodio vivido cuando negó el saludo a la secretaria de Estado de Igualdad. La oposición ha llegado a abandonar el pleno por los insultos de Vox, cuyo portavoz y entonces vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco, grabó y difundió a los medios una conversación privada al ministro Bolaños.
Disueltas las Cortes, ahora llega el momento de las matemáticas. Porque se da por hecho que, como ha sucedido siempre en democracia en Aragón, ningún partido alcanzará la mayoría absoluta. Se da por hecho que el PP y Vox sumarán, como se da por hecho que el deseo de Azcón es no tener que hacerlo. Para ello, los números pasan por que los populares sumen con Aragón-Teruel Existe –algo complicado, a tenor de las encuestas–, que ya dio su apoyo al Presupuesto de 2024. El jefe del Ejecutivo también aspira a incluir al PAR en la ecuación, aunque aquí surgen dos dificultades: los aragonesistas tienen difícil revalidar el escaño de 2023 y, además, han vivido en este tiempo un enfrentamiento con la formación de Tomás Guitarte que hace complicado el acuerdo a tres bandas.