El Gobierno de Aragón contempla abrir la mano y dejar de limitar el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas

La Ley de Agricultura Familiar de Aragón no se va a derogar, como pretendía Vox cuando estaba en el Gobierno de Aragón, pero sí que va a sufrir modificaciones en la “capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas y el régimen de distancias mínimas entre ellas”: permitirá que haya granjas de mayor tamaño sin acotaciones territoriales. Esta norma, todavía vigente, contempla que la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas es de 720 unidades de ganado mayor (UGM), sin que puedan autorizarse instalaciones a menos de un kilómetro de distancia entre sí.

La modificación propuesta también establece la determinación de la unidad mínima de cultivo “con una mayor superficie” de la anteriormente regulada. Los sindicatos y asociaciones piden mantener la norma que está ahora en vigor y no derogarla para “proteger” las explotaciones familiares. El consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Javier Rincón, aseguró por su parte en Radio Zaragoza que esta modificación “no frenará la compra de tierras por parte de los fondos de inversión” y que hay que “valorar que forman parte del sector, que generan valor en el territorio, personas que trabajan, producen, no podemos decir de entrada que sería malo porque sería injusto”.

Esta ley se aprobó en 2023, unos meses antes de las elecciones autonómicas que le dieron el gobierno al PP y Vox, encargado este último del departamento de Agricultura. El partido de ultraderecha aseguró en todo momento que la ley se iba a derogar al considerar que conlleva un significativo impacto en la economía de las explotaciones ganaderas. Sin embargo, unos meses después, en julio de 2024, Vox salió del Gobierno de Aragón y la Consejería pasó a manos de Javier Rincón, del PP, que se plantea modificar la ley, pero descarta su derogación. En octubre de 2024, Rincón firmó una orden en la que comunicaba la intención de modificar la Ley 6/2023, de 23 de febrero, de Protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.

En dicha orden, se ponía de manifiesto “la necesidad de acometer otras modificaciones demandadas por el sector que vengan a depurar distorsiones provocadas por la limitación de la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas y el régimen de distancias mínimas entre ellas, la determinación de la unidad mínima de cultivo con una mayor superficie de la anteriormente regulada…, entre otras cuestiones varias”. También contempla la simplificación de los nuevos registros administrativos en los que la Ley obliga a inscribirse a agricultores y ganaderos y establece procedimientos administrativos complementarios y adicionales a los ya existentes.

Rincón establece en esta orden la elaboración de un anteproyecto de ley de modificación de la Ley 6/2023, de 23 de febrero, de Protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón y encargar la elaboración del anteproyecto a la Dirección General de Desarrollo Rural, en colaboración con la Secretaría General Técnica.

Vox quiere cambiar “de una maldita vez” la ley

Ahora, el grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición de ley para reformar con urgencia “y de una maldita vez” la Ley de Agricultura Familiar. Los objetivos son eliminar la distancia obligatoria entre granjas, favorecer la libre transmisión de tierras y suprimir las limitaciones que impiden nuevos proyectos. “Parece que el PSOE haya estado en putear a los ganaderos y agricultores jóvenes”, ha afirmado el portavoz parlamentario de VOX, Alejandro Nolasco.

“No se entiende por qué se hacen estas leyes, pero ellos viven en despachitos, ellos viven en otro mundo, son unos burócratas grises que se dedican a otras cosas, se dedican al negocio y a sus intereses particulares”, ha considerado Nolasco, preguntando: “¿En qué cabeza cabe establecer estas limitaciones cuando cada año se pierden más agricultores y más ganaderos?”.

“Nos hemos enterado por datos oficiales de que, desde el año pasado a este año, se han perdido más de 344 profesionales que se dedican a la agricultura o a la ganadería. Esto es un dato terrible”, ha expresado Nolasco, atribuyéndolo a “las nefastas políticas del PSOE en la legislatura anterior”, en alusión a “leyes como esta, que se han hecho deprisa y corriendo, y que parece que lo que quieren es fastidiar a los jóvenes, y si sumamos que tenemos un problema de despoblación gravísimo, que se les pongan trabas a los jóvenes agricultores o ganaderos para que puedan desarrollar su actividad, pues nos parece tremendo”.

Medidas contra los grandes fondos de inversión

La eurodiputada socialista Rosa Serrano ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas para evitar que los fondos de inversión privados acumulen grandes superficies agrícolas, con el objetivo de frenar la escalada de los precios de la tierra, que en Aragón acumula un incremento del 14% en los tres últimos ejercicios. Por este motivo, Serrano también ha solicitado a la Comisión Europea, en una pregunta por escrito, que actúe para evitar que gran parte de la superficie agrícola europea acabe siendo propiedad de los grandes fondos de inversión.

“El acceso a la tierra para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas es cada vez más complicado y dificulta enormemente la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, que no pueden competir con los recursos de los grandes fondos”, ha señalado la eurodiputada del PSOE en sede parlamentaria. Este nuevo modelo de propiedad de la tierra en las zonas rurales puede suponer una amenaza a la agricultura familiar que vertebra el territorio y comprometer el futuro de nuestras áreas rurales, ha explicado Serrano.

Por ello, ha instado a la Comisión a poner en marcha cuanto antes el anunciado Observatorio de los precios de la tierra y que, además, se diseñen otras medidas para frenar la escalada de precios. La europarlamentaria aragonesa ha pedido ambición al Ejecutivo comunitaria y que valore un plan de incentivos para que la propiedad de la tierra permanezca en los territorios porque “solo así podemos conseguir un modelo de desarrollo más sostenible que garantice, por un lado, la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones y, por otro, la seguridad alimentaria de la Unión Europea”.

Serrano también ha lamentado que el Gobierno aragonés liderado por el PP haya adoptado un discurso “derrotista” ante este desafío, “condenando a nuestros pueblos y al sector a su desaparición”.