Las Cortes piden a Ciudadanos que regularice la situación del subdelegado contratado con cargo al Parlamento
- Han emitido un escrito tras desvelarse que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos pagaba al subdelegado territorial del partido a través del Parlamento de la Comunidad
Ayer, eldiario.es y otros medios publicaron que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón había sido denunciado por contratar al subdelegado territorial del partido, Jesús Lorda, con cargo al Parlamento de la Comunidad. A raíz de la noticia, la formación naranja hizo una consulta a los servicios jurídicos de las Cortes para que les informaran de si estaban incurriendo en alguna ilegalidad.
Solo unas horas más tarde, estos emitieron un informe en el que aseguran que “no se infringe la normativa vigente en materia de subvenciones en el ámbito parlamentario, ni tampoco en lo que se refiere a la legislación en materia de financiación de partidos políticos”.
Pero sí se aprecia, continúa el texto, “un falta de concordancia entre el contrato suscrito, la función en él consignada y la que se señala que efectivamente realiza la persona contratada”. Por esta razón, los servicios jurídicos apuntan que sería deseable alcanzar “esa concordancia”. Y, para ello, según ha podido saber eldiario.es, dan dos opciones:
La primera es que “se hagan constar expresamente en el contrato las funciones relacionadas con el Grupo Parlamentario contratante, como adicionales a las del partido político”. La portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, aseguró a este medio que Jesús Lorda ejercía como asesor de dicho Grupo.
La otra posibilidad que se pone sobre la mesa es que, “si las funciones tienen más relación con el Grupo Parlamentario que con el partido, podría reconducirse su financiación a la subvención finalista en materia de personal”. Como ya se dijo en la anterior noticia, el GP de Ciudadanos recibe una subvención (determinada por el número de diputados) de 121.000 euros.
La cuestión laboral
El escrito emitido por el Parlamento aragonés, como es lógico al no ser de su competencia, no entra a valorar las posibles irregularidades laborales que pudieran dimanar de esta contratación. Que es, precisamente, en lo que se focalizaba la denuncia, ya que se les acusaba de “cesión ilegal de trabajadores”.
