El Gobierno de Aragón recurre las cautelares que obligan a ofertar aulas concertadas suprimidas
- La renovación de conciertos, dicen, “no es automática cada cuatro años, sino que hay que valorar si los colegios cumplen con la normativa vigente”
El Gobierno de Aragón presentó este martes recursos contra las medidas cautelares que obligaban a ofertar parte de las aulas concertadas que se había propuesto suprimir debido a los criterios de programación y planificación escolar y porque no respondían a necesidades de escolarización. En concreto, se presentaron los recursos de apelación sobre las nueve medidas cautelares que los juzgados de Zaragoza dictaron justo antes del proceso de escolarización.
El Departamento de Educación considera que sus resoluciones de reducción de conciertos “están ampliamente motivadas y se han dictado con plena justificación normativa puesto que la ley educativa no solo ampara, sino que obliga a las administraciones educativas a realizar un ejercicio de planificación y programación educativa en relación con la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos”.
Asimismo, explican desde el Ejecutivo, “el reglamento de conciertos y la LOMCE establecen que cada cuatro años en Educación Infantil hay que analizar toda la situación de la enseñanza concertada. Es decir, que cada cuatro años la renovación no es automática, sino que es necesario que las administraciones valoren si cada colegio privado sostenido con fondos públicos continúa cumpliendo la normativa vigente y sigue satisfaciendo las necesidades de escolarización de la localidad o la zona de escolarización donde se ubica”.
Por otro lado, la semana pasada se realizaron alegaciones respecto a los tres centros en los que los juzgados habían dictado medidas cautelarísimas “sin escuchar a la Administración”: San Antonio de Padua, La Anunciata y María Auxiliadora.
“Para la resolución definitiva de renovación de conciertos, estamos analizando toda la situación zona por zona y vamos a mantener el criterio de planificación y las necesidades de escolarización en aras de la responsabilidad que nos compete el Estatuto de Autonomía y la legislación”, afirmó la consejera de Educación, Mayte Pérez.
