El Gobierno de Aragón reactiva su plan para concertar el Bachillerato: abre una consulta pública para su regulación

El Gobierno de Aragón vuelve a mover ficha para sacar adelante su apuesta por el Bachillerato concertado después del varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el pasado mes de junio. El Departamento de Educación ha abierto una consulta pública para elaborar un decreto que regulará el régimen de los conciertos educativos en la comunidad. El trámite se inició hace una semana y estará abierto hasta el próximo 9 de septiembre. Por el momento, solo consta una aportación: “Dinero público para la pública”.

La iniciativa llega después de que el TSJA suspendiera cautelarmente la orden con la que el anterior Ejecutivo —durante la primera legislatura de Jorge Azcón, antes de las elecciones anticipadas— abrió la puerta a financiar con fondos públicos las unidades de Bachillerato de centros privados. El tribunal frenó la medida al considerar que había sido aprobada por un Gobierno en funciones y que no se había acreditado una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara su adopción.

Ahora, Educación plantea dotar a Aragón de un marco autonómico propio para los conciertos. El documento sometido a participación no menciona expresamente el Bachillerato, pero sí plantea “determinar las enseñanzas susceptibles de concierto educativo y la modalidad de concierto por el que se rigen”. También recoge entre sus objetivos “establecer los requisitos y criterios para la concertación, así como el contenido de la concertación y las obligaciones y derechos de las partes”.

El Gobierno explica que hasta ahora Aragón se ha apoyado en la normativa estatal y considera necesario desarrollar su propia regulación para “reforzar la seguridad jurídica de este instrumento”.

El movimiento se produce después de meses de contestación política y social al plan para llevar el concierto educativo al Bachillerato. Tras la resolución judicial, el propio Azcón admitió que era “muy difícil” que pudiera implantarse el próximo septiembre, aunque aseguró que el Ejecutivo no renunciaba a ampliar la oferta concertada.

La consulta pública supone ahora el primer paso para elaborar el nuevo decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre y ciudadanos y organizaciones podrán presentar sus aportaciones sobre la necesidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas. En este último apartado, el Departamento sostiene que “No existe otra alternativa ya que la normativa básica estatal utilizada hasta el momento resulta incompleta en determinados aspectos”.

Por ahora, una semana después de abrirse el proceso, solo hay una aportación registrada. Cinco palabras que condensan buena parte del debate sobre la medida: “Dinero público para la pública”.