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El Prismático es el blog de opinión de elDiario.es/aragon. 

Las opiniones que aquí se expresan son las de quienes firman los artículos y no responden necesariamente a las de la redacción del diario.

Hablemos de la nueva Romareda

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a las obras del estadio el pasado mes de junio.

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Hablemos de la nueva Romareda y de las ayudas públicas que recibe una sociedad anónima deportiva, el Real Zaragoza, ahora en manos de un fondo internacional de capital riesgo.

Esta semana publicamos una información de calado y que ha causado bastante sorpresa, pero que ha tenido poco o nulo eco en el resto de medios: que, de los 10 millones de euros que pagó el año pasado Ibercaja a la sociedad La Nueva Romareda SL (LNR) para dar nombre tanto al estadio provisional como al nuevo, la mayor parte –8 millones– se transfirieron el pasado mes de marzo al club de fútbol, el socio privado y minoritario de la mencionada mercantil.

Ha causado cierta controversia que lo consideráramos un “rescate” y que lo atribuyéramos al PP, cuando el dinero proviene de una entidad bancaria. Pero creo que está más que justificado por lo que te voy a contar.

Para empezar, he de decirte que parte de la información la tenemos que inferir por una circunstancia lamentable: el Ayuntamiento no proporciona los contratos suscritos en el seno de LNR escudado en una supuesta confidencialidad. Olvida el equipo de gobierno que se trata de una sociedad a la que las instituciones van a destinar más de 150 millones de euros públicos, con lo que la transparencia debería ser total.

En el caso que nos ocupa, se mezclan dos contratos. Por un lado, el suscrito entre Ibercaja y LNR para los 'naming rights' –las denominaciones– de los dos campos. Por el otro, el de arrendamiento de la futura infraestructura, en obras al menos hasta el próximo verano. El dinero aportado por la entidad bancaria va destinado a la sociedad, en la que quiero recordarte que el Consistorio y el Gobierno de Aragón han aportado el 80% del capital, mientras que el 20% restante proviene del Real Zaragoza SAD.

Y, sin embargo, en virtud del contrato de industria para la explotación del campo –que, insisto, no conocemos en detalle–, el beneficiario del acuerdo con Ibercaja es el club de fútbol. ¿Cuál es la justificación? La desconocemos. Con una agravante llamativo: esos ocho millones de euros se transfieren a la sociedad anónima deportiva casi año y medio antes de que se estrene el estadio al que dará nombre Ibercaja. Pero el arrendamiento ya está firmado: ¿también paga desde este momento el club de fútbol el canon que le corresponde o por ahora solo le sale a ingresar?

Si unimos a esto que el dinero se transfirió en un momento delicado para el club, en riesgo de impago de nóminas, y poco antes de que entrasen en el accionariado los nuevos inversores, blanco y en botella: se trata de un rescate en toda regla. Y proveniente de dos instituciones gobernadas por el PP.

La oposición al completo lo ha entendido, también Vox: se trata de una medida “muy grave”.

Como sabes, no es la primera vez que sucede algo así desde que los populares lideran las principales administraciones en Aragón. Ya en su día Azcón trató de rascar votos con el nuevo campo de fútbol, a costa de manchar de partidismo la gestión de un club que pertenece a todos los aragoneses. Natalia Chueca siguió su estela, al evitar poner en marcha los resortes contemplados para penalizar a la sociedad anónima deportiva por el impago de 2024. El PP también ha comprometido dinero público para la SD Huesca a través de la compra del Alcoraz, 25 millones de euros de muy difícil justificación, más incluso que con La Romareda.

Respecto del nuevo estadio en Zaragoza, el Ayuntamiento justifica el gasto público en el interés social de la infraestructura. Y hay un argumento habitual: aludir a la construcción de San Mamés, una iniciativa de características similares. Pero ojo porque la Comisión Europea ya investigó esta actuación por posibles ayudas de estado. Y al final quedó en nada, aunque ten en cuenta que al frente del Comisariado de la Competencia ya no está el bilbaíno Joaquín Alumnia sino una tal Teresa Ribera.

Los incendios se vuelven contra Azcón

El peor verano que ha vivido la comunidad autónoma en cuanto a incendios desde que hay registros no le podía salir gratis al Ejecutivo de Jorge Azcón –no me quiero ni imaginar hasta qué punto él pondría el grito en el cielo de haber un gobierno de otro signo político–. Y más con la última hora que te hemos contado: el juez ha revertido la prisión provisional para el único investigado por el fuego de Las Peñas de Riglos al considerar que los indicios contra él son “insuficientes”.

Ya no hay chivo expiatorio. Ahora la coalición PP-Vox tendrá que explicar bien en sede parlamentaria su actuación: por qué dio luz verde a las obras pese a las advertencias del territorio ante el riesgo de incendio.

Manifestación de Pirineo Digno con los Bomberos Forestales en Jaca.

A esto se suman las protestas de los bomberos forestales en Aragón por las condiciones con las que se han visto obligados a combatir las llamas este verano. Hay en marcha desde hace días una huelga y una negociación entre las partes, obligadas a llegar a un acuerdo que satisfaga a los dos. Los trabajadores han presentado una queja ante la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y este jueves les espera el Servicio Autonómico de Mediación, el SAMA. Y no, Vox: no bastará con filtrar a los medios comunicaciones internas de los sindicatos para apagar los reproches.

También ha habido una gran manifestación, el pasado domingo en Jaca. No eran “casi 500” las personas congregadas para protestar, como dijo el informativo de Aragón TV, sino varios miles. Y llegarán más de no poner una solución a las demandas de los colectivos sociales.

No será fácil porque el cóctel al que nos enfrentamos es letal: más combustible para arder, unas condiciones climáticas cada vez peores... y, lo peor, un negacionismo desde las propias instituciones que pondrá palos en la rueda ante cualquier respuesta inteligente.

Entre tanto, como te hemos mostrado, los agricultores siguen esperando a cobrar el gasóleo que quemaron cuando de forma altruista y voluntaria decidieron sacar los tractores al campo para contribuir a frenar el avance de las llamas. Puede parecer poco dinero, casi 30.000 euros en el caso de Uncastillo, pero para ellos no lo es. Y se trata de una cuestión de justicia: la celeridad de la Administración en este caso debería ser máxima, teniendo en cuenta la extraordinaria disposición que siempre ha mostrado este colectivo.

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