El Gobierno de Azcón justifica que el anterior Ejecutivo contratara consultoras para agilizar proyectos de renovables

El Gobierno de Aragón en funciones ha reivindicado la mejora del funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en los últimos dos años, poniendo el acento en la reducción del atasco de expedientes y en la modernización del organismo. En este contexto en el que el organismo está en entredicho por la tramitación de expedientes de renovables de la empresa Forestalia, el consejero de medioambiente, Manuel Blasco, ha justificado que el uso de consultoras externas en etapas anteriores podría responder a la necesidad de cumplir plazos y evitar la caducidad de proyectos, especialmente en renovables. Igualmente, ha marcado un perfil de prudencia al no solicitar la paralización de los expedientes vinculados a Forestalia, remitiéndose a la investigación judicial abierta desde hace cuatro años.

El Ejecutivo ha ofrecido hoy datos sobre la evolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con los que Blasco ha asegurado que “el plan de agilización puesto en marcha en 2024 está dando resultados visibles en la tramitación de expedientes”, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco —quien no continuará en el próximo Ejecutivo por decisión propia—, ha defendido la gestión actual del organismo, subrayando una reducción significativa del atasco administrativo sin rebajar los controles ambientales. Según los datos facilitados, el Inaga ha pasado de 7.500 expedientes activos a 4.400, lo que supone una reducción del 41%. En cuanto a los expedientes fuera de plazo, estos han descendido de 4.875 a 2.750, un 44% menos. El propio Blasco ha reconocido que, “aunque la evolución es positiva, aún se necesita más tiempo para normalizar completamente la situación”.

El actual periodo de reorganización del instituto comenzó en agosto de 2023, con la incorporación de su director en noviembre de ese mismo año, mientras que el plan de agilización se presentó en junio de 2024. Desde entonces, el Gobierno autonómico saca pecho tanto en la reducción del atasco como de la modernización interna del organismo.

Digitalización y refuerzo de plantilla

Uno de los principales cambios ha sido la digitalización de los procedimientos. El Inaga ha pasado de no contar con expedientes electrónicos a tramitar el 80% en formato digital, con más de 9.500 expedientes al año. Además, se ha implantado la autoliquidación de tasas y se han incorporado herramientas de inteligencia artificial para la comprobación de documentación.

A ello se suma el refuerzo de la plantilla, que ha pasado de 72 a 86 trabajadores, con la creación de 14 nuevas plazas, el mayor incremento en la historia del organismo. También se ha potenciado el papel de medios propios del Gobierno de Aragón, como Sarga o la Aragonesa de Servicios Telemáticos, para apoyar la tramitación y el desarrollo informático, de la misma manera que también se hacía con el gobierno anterior.

Consultoras externas

En paralelo, el Ejecutivo ha destacado la práctica eliminación del recurso a consultoras externas. Según ha señalado Blasco, su uso se ha reducido, “nada más y nada menos” que en un 99,5%, hasta el punto de que en la actual etapa no se ha encargado ningún expediente de impacto ambiental vinculado a renovables a empresas externas, frente a los 342 tramitados por esta vía en 2021 y 2022.

El consejero, sin embargo, ha enmarcado aquella práctica en un contexto diferente, marcado por la acumulación de expedientes y los plazos de caducidad de los proyectos. “Yo creo que el problema que hubo hace años es que el gobierno central da a las compañías eléctricas unos plazos y una potencia a desarrollar y, por tanto, había que dar celeridad a la resolución de expedientes para que no caducaran por falta de tramitación, lo que quizá llevó a la contratación masiva de consultoras externas”, ha explicado Blasco. Al mismo tiempo, ha recordado que en la comisión de investigación que se desarrolló en el parlamento aragonés no se detectaron irregularidades, en parte por las limitaciones de control frente a las capacidades de investigación judicial, ya que “no es lo mismo investigar en una comisión que estar delante del juez”.

En relación con las investigaciones abiertas sobre expedientes vinculados a Forestalia, Blasco ha reiterado que el Gobierno opta por la prudencia y no solicitará su paralización. “Esperamos el pronunciamiento de los jueces, que es lo más prudente y efectivo”, ha afirmado, recordando que la causa lleva cuatro años en instrucción.

Asimismo, ha insistido en la voluntad de transparencia del Ejecutivo, asegurando que todos los expedientes serán remitidos a las Cortes de Aragón, tal y como ha solicitado el PSOE. El Gobierno, además, se ha personado como perjudicado en el proceso judicial para tener acceso a la información y poder ejercer, en su caso, la acusación particular.

Durante esta etapa también se han regularizado aspectos administrativos pendientes, tal como detectó en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón. En junio de 2024, el consejo del Inaga aprobó las memorias y cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que no se habían presentado en tiempo y forma. Según el Ejecutivo, esta puesta al día se realizó en un plazo reducido.

Por último, el Gobierno ha subrayado el incremento de la inversión, con cuatro millones de euros adicionales, y ha defendido el actual modelo del Inaga frente a propuestas de transformación en dirección general. Blasco ha recalcado que el organismo cuenta con personal funcionario que accede por oposición y cuya labor está orientada a la defensa del interés público.

Con todo, el Ejecutivo insiste en trasladar una idea de normalización tras años de acumulación de expedientes y tensión administrativa. El Gobierno en funciones sostiene que el Inaga ha entrado en una fase de mayor capacidad de gestión, apoyada en la digitalización, el refuerzo de personal y el uso de medios propios, y que los resultados empiezan a ser visibles en los plazos de tramitación.

Aun así, reconoce que el proceso no está completamente culminado y que será necesario mantener el esfuerzo en los próximos años para consolidar la reducción del atasco. Mientras tanto, el Ejecutivo opta por combinar la defensa de su gestión con un mensaje de prudencia en los asuntos judicializados, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen posibles responsabilidades.