Los juzgados solo detectan vulnerabilidad social en uno de cada siete desahucios en Aragón
Los tribunales aragoneses solo detectan situaciones de exclusión social en el 13,4 % de los casos, entre uno de cada siete y uno de cada ocho, según denunció ante la Comisión de Peticiones de las Cortes autonómicas la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna, que opera como Stop Desahucios.
Los datos empeoran en lo que se refiere a los realojos de familias en situación de vulnerabilidad social, ya que el año pasado solo funcionaron en 90 de esos 240 casos: apenas uno de cada tres, menos de uno de cada veinte desalojos.
“Nuestra presencia aquí significa que las cosas no van bien y que la pobreza se está cronificando”, dijo Concha Cano, portavoz de la entidad, que añadió, en referencia al convenio suscrito en 2013 por el Gobierno de Aragón y el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) para evitar los lanzamientos sin techo alternativo para los afectados, que “no se aplica la obligación de garantizar a las familias vulnerables otra vivienda antes del desalojo”.
Los juzgados aragoneses ejecutaron el año pasado 1.789 desahucios, un 21% por encima de los 1.436 del ejercicio anterior. La mayoría de ellos se registraron en la provincia de Zaragoza, con 1.471 en 2017 y 1.376 en 2016. El grueso de esos lanzamientos tuvo como escenario viviendas de la capital.
Los “desahucios invisibles”
“La situación que al inicio de la crisis se centraba en las ejecuciones hipotecarias ha virado hacia los desahucios por impago del alquiler y por okupación de inmuebles, la mayoría de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público”, anotó Cano, que apuntó un tercer frente al que se refirió como “desahucios invisibles”: los que sufre “quien pierde su casa al vencer el alquiler y se encuentra con que nadie le arrienda otra vivienda”.
“Les pedimos que legislen y, mientras tanto, que cumplan la ley”, indicó Cano, que añadió que “la gente tiene suerte de tener una red social o familiar que les acoge, pero la gente se está quedando sin casa”.
Todos los grupos parlamentarios se mostraron receptivos ante la intervención de Cano, aunque con el habitual cruce de acusaciones sobre la posición política y la gestión de las bancadas rivales.
En este sentido, el diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, apeló a la “voluntad política” del Gobierno de Aragón para afrontar esta lacra social. “La legislación ha sido timorata, cicatera y antisocial en algunos partidos –dijo-. El problema no es de datos, los desahucios tienen nombres, apellidos y una historia personal”.
“Dejé a mis hijos con mi madre para que no vivieran esa situación”
Briz puso sobre la mesa los problemas que el Gobierno de Aragón se ha encontrado para aplicar las políticas de vivienda recogidas en el Decreto de Emergencia y en la Ley de Emergencia que derivó de aquel, recurridas ambas por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional: “la clave era movilizar las viviendas de los grandes tenedores y de las entidades financieras para incluirlas en la bolsa social, pero el Gobierno lo ha recurrido”, anotó.
“Hablamos de cuatro desahucios al día en Zaragoza, y eso es algo grave”, apuntó Lucía Guillén, del PAR, mientras Raúl Gay, de Podemos, anotaba que “la emergencia social sigue latente en Aragón”.
Miriam Heredia, de la plataforma, aportó su historia personal en una exposición en la que algún diputado llegó a removerse, incómodo, en su escaño: tras “una vida normal”, todo cambió cuando cayó en una depresión tras morir uno de sus hijos. Su familia perdió la vivienda, y el Gobierno de Aragón les ofreció una casa en Novillas que rechazaron al necesitar estar cerca de un hospital por la enfermedad que padece otros de sus hijos.
“Para que mis hijos no vivieran esa situación, los dejé con mi madre mientas mi marido y yo vivíamos durante meses en una furgoneta. Más tarde ocupamos un piso vacío de un banco que nos denunció”, añadió, con lo que al desahucio se le suma una causa judicial por usurpación de vivienda.
