Ofensiva del Gobierno de Aragón contra los hoteles que acogen migrantes: revoca su licencia y les deja así sin otros clientes

En un paso más de la ofensiva del Gobierno del PP en Aragón contra el acogimiento de migrantes de la emergencia canaria en la comunidad, el Ejecutivo autonómico ha revocado la licencia de hotel de los centros que dan servicio a estas personas para que no puedan recibir a otro tipo de clientes. La medida, en algunos casos recurrida, va a suponer como daño colateral que uno de estos establecimientos, el hotel La Pardina de Sabiñánigo, se quede sin alojar esta temporada de invierno a trabajadores de la nieve, como venía haciendo en años anteriores. La Dirección General de Turismo y Hostelería expone que se trata de una decisión “exclusivamente técnica” y que estos establecimientos incumplen la normativa turística.

Antes de este frente, el Ejecutivo popular ya había abierto otros con la llegada de inmigrantes como protagonista: uno con inspecciones sanitarias dirigidas específicamente contra este colectivo y otro con el reguero de recursos ante los tribunales que han planteado los Servicios Jurídicos autonómicos.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha dicho que es “absolutamente compatible” la actividad de los hoteles con la acogida de migrantes y que “se hace desde hace mucho tiempo”. Sin refererise al caso concreto, ha destacado la importancia de la solidaridad entre comunidades autónomas y los derechos humanos, destacando que a los refugiados procedentes de Ucrania se les acogió en las mismas circunstancias. Ha explicado que son las entidades sociales que colaboran con las instuciones las que buscan los alojamientos hoteleros para darles formación y que cada cual “tiene que ejercer sus competencias sin olvidar los derechos humanos, la economía y la solidaridad entre territorios”

Desde el hotel La Pardina comentan a este diario que se encuentran “en un limbo” y que han presentado un recurso a esta decisión del Gobierno de Aragón. Aseguran que su establecimiento tiene entradas independientes y cumple con los requisitos exigidos por el Ejecutivo: “Nosotros cumplimos”. Explican que, tras la inspección, se les dio la opción de rebajar la categoría a hostal y que lo solicitaron, pero que se les denegó. Añade que en estas fechas se les suma una nueva problemática, y es que este establecimiento se encargaba de alojar a trabajadores de Aramón ya que en la zona “no hay alojamientos suficientes. Han estado las tres temporadas anteriores conviviendo con las personas acogidas sin ningún problema, tienen accesos independientes”.

El Hotel Montearagón, situado en Quicena, también ha recibido la notificación y sus responsables —los mismos que los de La Pardina— han presentado otro recurso. Sin embargo, reconocen que la situación en este alojamiento no es tan urgente porque no existe la demanda de hospedaje para trabajadores de Aramón. Otros establecimientos que también han resultado afectados por esta decisión lamentan “el aumento de inspecciones” en los últimos meses, que califican de “acoso, según recoge 'El Periódico de Aragón'.

La Dirección General de Turismo y Hostelería ha formalizado la baja de cuatro hoteles en el registro autonómico, tras argumentar que han perdido las condiciones que justificaron su inscripción y que ya no desarrollan actividad turística. En su lugar, funcionan como dispositivos de acogida de personas migrantes a través de contratos estatales con ONG, lo que, a juicio del Gobierno aragonés, es incompatible con el régimen hotelero.

Según los informes técnicos, estos edificios no cumplen requisitos como accesos independientes, separación de usos o la existencia de núcleos de comunicación vertical diferenciados, tales como ascensores y escaleras específicas para huéspedes. Además, no mantienen los estándares de compartimentación que exige la normativa vigente. Este conjunto de “irregularidades” ha servido de fundamento jurídico para la revocación.

Presión política del Gobierno de Aragón

No obstante, la decisión llega tras meses de presión política y mediática del Ejecutivo autonómico contra estos recursos humanitarios. En los últimos meses, Sanidad ha denunciado públicamente problemas higiénicos en al menos dos de los centros, ambos vinculados a la atención de personas migrantes: La Pardina, en Sabiñánigo, donde hubo un brote de gastroenteritis —en un primer momento se dijo que afectaba a 115 migrantes, aunque el delegado de Gobierno rebajó esa cifra y aseguró que todos los casos fueron de carácter leve—, y el Hotel Mur, en Jaca, que fue acusado de ofrecer comidas en “mal estado” pese a seguir siendo un restaurante abierto al público general.

Según los informes que sostienen los expedientes, la actividad desarrollada en estos inmuebles —la acogida humanitaria de personas migrantes— no puede considerarse turística y, por tanto, contraviene los artículos 2, 34 y 36 del Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón. “Las personas alojadas no son turistas y su estancia no constituye actividad turística”, recogen los documentos técnicos. El Ejecutivo autonómico también esgrime la incompatibilidad de usos prevista en la normativa. El régimen solo permite la coexistencia de actividad hotelera con otros usos turísticos y siempre en zonas diferenciadas, algo que según el informe no se cumple en estos casos.

Todas estas circunstancias han llevado a la Dirección General de Turismo a concluir que han desaparecido las condiciones que motivaron la inscripción original como hoteles, lo que habilita la baja de oficio en el registro autonómico. Turismo sostiene que la decisión es “exclusivamente técnica” y ha ofrecido a los responsables de los inmuebles la posibilidad de inscribirse como hostales o pensiones, figuras en las que sí es posible compatibilizar usos sociales y turísticos. La ONG que gestiona algunos de estos centros no ha respondido por el momento las preguntas de este medio.

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista. Alberto Alcaine, secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de CHA ha expresado que parece “una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”. Ha explicado que con esta medida “estos establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría”.

Expone que, “a pesar de no haberse producido ninguna incidencia, el Gobierno de Aragón toma una medida que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen, lo cual choca de forma frontal con todo lo que defendemos desde Chunta Aragonesista”, ha señalado el secretario de Política Sectorial y Agenda 2030.

Izquierda Unida Altoaragón también ha mostrado su rechazo y han acusado al Ejecutivo de “racismo y clasismo”. Para la organización, el impacto no solo recae sobre las personas migrantes y la plantilla de estos centros, sino que afecta también al conjunto del sector hostelero del Altoaragón, “generando graves repercusiones económicas y sociales”.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas inmigrantes, el reglamento exige entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. IU ha considerado que obligar a separar accesos y espacios “constituye un trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables”. El coordinador de Izquierda Unida del Altoaragón, Vicente Guerrero, ha afirmado: “Esta decisión institucionaliza la segregación y lanza un mensaje profundamente peligroso, que hay personas de primera y personas de segunda”.

El PSOE aragonés también ha mostrado su rechazo. La alcaldesa socialista de Sabiñánigo, Berta Fernández, municipio donde se ubica uno de los hoteles que pierde esta licencia critica “razones políticas del gobierno de Azcón”. Asegura que este uso compatible nunca había generado problemas y supone un recurso económico para estos hoteles. “Es una medida drástica e innecesaria”, ha dicho.

El PSOE aragonés ha informado de que no va a tolerar el “uso partidista” de personas y establecimientos que generan actividad económica. Critica la “falta de empatía de Azcón” así como la “ausencia total de información y la alevosía” con que se ha llevado a cabo esta medida. Además añaden los socialistas que medidas como esta “suponen un castigo en toda la regla a cualquiera que se atreva a trabajar o a colaborar con la acogida de menores”.

Problemas sanitarios en los centros de acogida

La resolución llega tras una sucesión de incidentes y actuaciones de inspección relacionadas con los centros de acogida de la emergencia canaria en Aragón. En marzo, el Servicio de Inspección de Salud detectó deficiencias en limpieza y desinfección en la residencia de Sabiñánigo, el antiguo hotel La Pardina, donde un brote de gastroenteritis. En un primer momento se informó de que afectó a 115 de las 117 personas expuestas y Sanidad atribuyó el origen a alimentos manipulados sin las garantías higiénicas necesarias. Días después, Subdelegación de Gobierno en Huesca aseguró que la afección había sido leve y que afectó a “un número muy reducido de personas”.

El centro está gestionado por la ONG Apip Acam, contratada por el Ministerio de Inclusión, y que no respondió a las llamadas realizadas desde las redacciones para recabar su versión. Tras el brote, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, reclamó al Gobierno central información sobre los controles aplicados en estos recursos, sin obtener respuesta, según trasladó el Ejecutivo aragonés.

Antes, en febrero, Sanidad había advertido de “graves deficiencias” en un restaurante del Hotel Mur, en Jaca, donde comen mujeres y menores migrantes. El Departamento vinculó las anomalías con la atención a este grupo pese a que el establecimiento continuaba abierto al público, sirviendo comidas incluso a escolares que se encontraban en la localidad por la Semana Blanca.

Este señalamiento fue criticado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien acusó al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de mantener un “tratamiento desigual” hacia los migrantes, al pedir alternativas de comedor únicamente para ellos. Beltrán reprochó que el Ejecutivo autonómico omitiera que cualquier persona podía comer en ese local en el momento de las denuncias. Días después, una nueva inspección verificó que se habían corregido todas las deficiencias y el restaurante cumplía la normativa.

El Gobierno de Aragón defiende su actuación

Los Departamentos de Medio Ambiente y Turismo y de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han publicado un comunicado defendiendo la retirada de licencias de estos centros y exigiendo “respeto” a las actuaciones de los funcionarios. Han expresado ver “con estupor y sorpresa” que la Delegación del Gobierno “ofrezca asesoría jurídica a quien incumple la normativa, dado que como institución pública está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley”. 

Aseguran que las acciones que se han emprendido “pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando”. Es decir, “no cierran sus puertas como residencia para población migrante ni su retirada del Registro de Turismo supone ningún cambio respecto a esta actividad, que está conveniada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con diferentes fundaciones y de la que el Gobierno de Aragón no es competente”.

Sostienen que las resoluciones adoptadas por la Dirección General quedan “plenamente argumentadas jurídicamente” y se corresponden con la labor y competencias de la Inspección de Turismo, que actúa tanto de oficio ante quejas o reclamaciones, como ha sucedido en este caso, como a través de una programación anual.