La okupación, ariete del PP aragonés para la inminente campaña electoral

Susanna Griso entrevistó en el programa ‘Espejo Público’, el matinal de Antena 3 que reúne a diario a audiencias medias por encima de los 300.000 espectadores, a Isaac Claver, alcalde de la localidad oscense de Monzón. Pertenece al Partido Popular, es abogado y le acompañaba un rótulo en el que se leía ‘alcalde antiokupa’. Su nombre ha adquirido relevancia nacional en las últimas semanas debido a un suceso que ha trascendido el foco de una población de algo más de 17.000 habitantes y que el PP ha convertido en uno de los arietes de la inminente campaña electoral autonómica y municipal para este año: la okupación.

Claver medió el pasado 21 de diciembre para que dos jóvenes desalojaran una vivienda de Monzón a la que habían accedido en ausencia de sus propietarios, originarios de la cercana población de Binaced. Lo hicieron de manera voluntaria y tras mantener una larga negociación con el alcalde. Uno de ellos se había quedado en la calle después de perder un empleo, lo que le decidió a ocupar una vivienda unifamiliar que todavía no está edificada por completo y que se encuentra en una zona residencial, La Jacilla.

Con otro compañero en una situación similar reventaron la cerradura, colocaron una cadena y un candado en su lugar y también un cartel en el que exponían las razones y derechos que les asistían para okupar una vivienda. Tras denunciar los propietarios este hecho a la Guardia Civil, y en medio de la gran expectación que se generó, el alcalde de Monzón acudió a la vivienda y, subido a una valla, negoció con sus ocupantes hasta que estos la abandonaron sin mediar coacciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad que hasta allí se habían desplazado.

Isaac Claver define la situación como “muy tensa y complicada”. Y relataba que había hablado con el primero de ellos para transmitirle que “había cometido un error y que debía abandonar la vivienda por el bien de todos. Al principio hubo tensión, pero luego muy buenas formas. El chaval comprendió que ese no era su sitio y atendió a las razones que le di. Aunque, jurídicamente, como alcalde yo no tengo competencias, moralmente me vi en la necesidad de intervenir, establecer el contacto con los okupas y entablar un diálogo”.

El alcalde aclara que no se trata de algo “habitual” en esta localidad, pero sí carga contra las leyes: “Estamos hablando de que entren en tu casa, y tras la última reforma del gobierno, un propietario se encuentra desprotegido y vulnerable ante un proceso demasiado largo para desocupar su propiedad. Es una vergüenza y es aquí donde, desde mi punto de vista, se debería actuar y reformar la ley para dar mayor seguridad, agilidad y protección a los propietarios”.

El PP aragonés ha celebrado este suceso como una victoria de las políticas que pretende implantar o ha implantado allí donde gobierna. “La okupación es un problema real y nosotros no vamos a mirar para otro lado como han hecho otros gobiernos”, aseveró el alcalde de Zaragoza y presidente del PP aragonés, Jorge Azcón cuando el consistorio firmó a finales de 2020 un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Zaragoza para dar asistencia gratuita a los afectados.

El padrón del Ayuntamiento de Zaragoza refleja que el ejercicio de 2021, conocido recientemente, se cerró con 323 viviendas ocupadas -de las 327.000 que hay en total- y que el número de personas en esta situación era de 1.007, más del doble que el año anterior, en una capital en la que hay censadas cerca de 700.000. De las 1.077 personas, 644 tienen nacionalidad española. Datos que dan contexto a una situación que el PP califica como “ni de derechas ni de izquierdas” sino “un delito”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo.

La okupación es uno de los puntos de la nueva ley de vivienda, en la que el PSOE quiere acelerar los desalojos en los casos en que se registre un allanamiento de morada. Una reforma puntual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada.

Una medida no tan alejada de la que el PP quería impulsar el pasado verano y que se quedó en papel mojado. Con esta se proponía el desalojo inmediato de los okupas, en 24 horas, con un endurecimiento de los castigos con penas de hasta tres años de cárcel. Asimismo, se abogaba por reformar el Código Penal con penas de uno a tres años de prisión para las personas que con violencia o intimidación ocupen un inmueble y de seis a 18 meses para aquellos que lo hiciesen sin la autorización debida y si esta se mantiene contra la voluntad de su titular.

El aragonés Mario Garcés, portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, acusaba a “la izquierda” de considerar que “hay un derecho natural a la okupación por ser una especie de redistribución primitiva de la riqueza” y de “vivir en el metaverso de la realidad y negar absolutamente todo”: “En España se okupa una vivienda cada hora, que la okupación ha crecido un 40% más en los últimos cinco años y que en los últimos 18 meses se han okupado 9.696 viviendas de las cuales 3.646 son viviendas habituales”