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La Audiencia Nacional anula el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués

La Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos había anunciado movilizaciones en las próximas semanas.

El 16 de febrero de 1987, la Confederación Hidrográfica del Ebro anunciaba la inmediata construcción del embalse de Biscarrués. 30 años después, la guerra sigue. Y este martes, ha acaecido uno de sus capítulos más importantes: la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse.

El pantano de Biscarrués: la guerra de los 30 años

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En la sentencia, la Sección Primera de la Sala considera que se ha vulnerado, en el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y la interpretación que de ella ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La ausencia de estudios, continúa el texto, sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse y la declaración de impacto ambiental no contiene los estudios y evaluaciones necesarias al respecto; tampoco constan la existencia, con carácter previo a la declaración de interés general, de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental así como un estudio específico de la recuperación de costes y las correspondientes revisiones previstas en la ley.

30 años de lucha

A principios del mes de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente sacó a información pública el embalse. El último proyecto que se buscaba desarrollar era el de una presa de 41 metros de altura para almacenar 36 hectómetros cúbicos de agua. 

También se contemplaba la construcción de un edificio de administración, caminos de acceso, instalaciones eléctricas, una variante de la carretera a la localidad de Santa Eulalia de Gállego en el tramo afectado por el embalse, obras para la protección de las laderas o el telecontrol del sistema. Todo ello con un presupuesto de 124 millones de euros.

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