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El Gobierno de Aragón acuerda con el Arzobispado de Zaragoza financiar la asistencia religiosa en centros de menores

Corresponde al Gobierno de Aragón proporcionar espacios para la atención religiosa.

“El Gobierno de Aragón asumirá como gasto corriente el coste que suponga llevar a cabo adecuadamente las celebraciones litúrgicas y demás actividades pastorales” en los centros de menores de la comunidad. A ese efecto, firmó, el pasado 17 de julio, un convenio (publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 6 de septiembre y que sustituye a otro anterior) con el Arzobispado de Zaragoza.

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Dicha orden tiene validez para cinco años, se rubricó por el Ejecutivo autónomo a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y afecta concretamente a la asistencia religiosa católica en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”. En la primera de las cláusulas, no obstante, se especifica que “el presente acuerdo será de aplicación al conjunto de centros específico para menores infractores que la Comunidad Autónoma de Aragón tenga en su territorio y bajo su dependencia”.

Los compromisos y actividades objeto del convenio que competen a la Archidiócesis de Zaragoza son asignar un sacerdote, celebrar la Santa Misa dominical y las festividades religiosas; visitar a los menores que así lo deseen; asesorarles en cuestiones religiosas y morales; celebrar actos de culto y administración de los sacramentos, y aquellas otras actividades directamente relacionadas con el desarrollo religioso de los menores internos. 

Entre las obligaciones de la Administración autonómica: facilitar que el sacerdote pueda entrar en contacto con los menores que lo demanden, así como los medios y colaboración necesaria para el desempeño de su misión, y proporcionar en el centro en cuestión espacios para la atención religiosa personalizada y para el resto de las actividades recogidas en el convenio.

A pesar de que en el texto publicado en el BOA se dedica un apartado a la financiación, y se menciona textualmente la frase que inicia este artículo, en el Ejecutivo autonómico aseguran que este acuerdo “no conlleva aportación económica”. 

Compromiso de los poderes públicos de colaborar con las Iglesias

Recuerda el texto de la orden –en su parte justificativa de la firma del acuerdo– que el artículo 16 de la Constitución española “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto” y “afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, sin perjuicio de que los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y manteniendo las consiguiente relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones”. Del citado artículo se desprende, dice el convenio, “el compromiso de los poderes públicos de colaborar con las diferentes Iglesias para hacer posible el ejercicio de este derecho por parte de todas las personas”.

Se refiere también el convenio al artículo 14 de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia de Aragón, que proclama que “todos los menores tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”. Y recuerda, para finalizar este apartado argumentativo, los Acuerdos que el Estado español suscribió en 1979 con la Iglesia Católica y las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, “por las que se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado y las Iglesias Evangélicas, Israelitas e Islámica de España, respectivamente”.

Fuentes del Gobierno autónomo señalan que no hay acuerdo como tal que afecte a otras confesiones religiosas, pero que sí se ha proporcionado el servicio cuando este ha sido requerido.

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