El Justicia de Aragón alerta: “Asistimos a un proceso de concentración de la vulnerabilidad económica en la infancia y juventud”

Entre un 18% y un 22% de los menores aragoneses viven bajo el umbral de la pobreza, unas tasas que, aunque se quedan algo más de ocho puntos por debajo de las estatales, revelan que alrededor de uno de cada cinco niños y muchachos de la comunidad subsisten en unas condiciones que dificultan su desarrollo.

La estimación, cuyos dos resultados varían en función de si el umbral de pobreza es el estatal (8.869 euros brutos mensuales por hogar) o el autonómico (9.519), figura en el Informe Anual sobre Menores del Justicia de Aragón, cuyo titular, Ángel Dolado, advierte de que “asistimos a un proceso de concentración de la vulnerabilidad económica en la infancia y juventud”.

La tasa de pobreza ha registrado en ambos casos “un significativo descenso desde el año 2014” que alcanza los once puntos. Se trata, señala el Justicia, de “una disminución muy importante y continuada” que “pone de manifiesto la progresiva recuperación económica en los últimos años”. Aunque esa evolución no enmascara otra realidad: “la tasa de pobreza sigue siendo elevada, como lo demuestra que en Aragón una de cada cinco personas está por debajo del umbral de pobreza. Por tanto, el reto, de mejorar las condiciones de las personas, persiste”.

Otros indicadores como la Tasa Arope, que mide la existencia de personas en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión, registran también tendencias positivas, aunque de menor entidad cuando se trata de hogares en los que viven niños dependientes que cuando no los hay. Por el contrario, las estrecheces llevan años aumentando en las casas unipersonales.

Cuando el factor rural añade obstáculos

Aragón presenta unos niveles menos intensos en el conjunto de España en vulnerabilidad o riesgo de pobreza infantil, concretamente casi once puntos inferiores (26,61% por 37,06%) en indicadores como la existencia de familias sin capacidad para afrontar gastos imprevistos y de catorce (18,7% por 32,9%) en otros como el no poder salir de vacaciones al menos una semana al año.

“Pero esa comparativa, en la que Aragón sale beneficiado, no puede ocultar una realidad: más de una cuarta parte de los hogares aragoneses no pueden hacer frente a gastos imprevistos; y ello tiene unas consecuencias importantes para las familias y con una especial incidencia en la infancia que son de los más vulnerables y están en riesgo de exclusión social”, expone el Justicia, que llama la atención sobre dos aspectos de esos cuadros de escasez.

Uno es el “carácter multidimensional” de la exclusión social, que incluye aspectos como la vulnerabilidad socioeducativa, económica y laboral, los déficits de integración social, la falta de acceso al bienestar público y las restricciones en la participación social y política.

El otro, que se da con relativa frecuencia en una comunidad como Aragón, se encuentra en “el factor rural”, que se traduce en la necesidad de desplazarse a otras localidades, con su impacto en “dinero y tiempo que se ha de detraer de otras actividades”, cuando “debido a la falta de densidad de población menor de 18 años” el menor “no dispone de recursos en el entorno”.

“Una experiencia crítica que influye en los procesos nucleares de la vida”

“La adversidad económica en la infancia no es una forma de malestar como cualquier otra”, indica el informe, sino que se convierte en “una experiencia crítica que influye en los procesos nucleares de la vida de sus personas: su educación, su salud, su predisposición a desarrollar hábitos perjudiciales, su inserción laboral”.

“Subyace la pobreza que posteriormente cristalizara en otras expresiones de exclusión social, anota, al tiempo que señala cómo ese proceso de concentración de la vulnerabilidad económica tiene su origen en dos factores: ”la inestabilidad y escasez de recursos propios de sus familias y la insuficiencia de los que se aportan desde las políticas de bienestar, que no son suficientes para sacar de la pobreza a muchos hogares con menores a cargo“.

En este sentido, el Justicia recuerda cómo el descarte de actividades de carácter cultural y de tiempo libre por no considerarlas básicas “cuando haya que recortar gastos en las familias” tiene a los niños y adolescentes como uno de los grupos más afectados por la “repercusión negativa en su desarrollo integral como persona”.

Esto, cuando se da, “no sucede de una forma puntual, sino que es sostenida en el tiempo, de tal forma que pasa a ser una forma de vivir, de sobrevivir, de poder atender los pagos básicos de vivienda, gas, electricidad y alimentación”, el tiempo que, “en paralelo, se da un proceso acumulativo de no poder atender esos otros gastos que supondrían una inversión en la infancia familiar, y ello va a tener unas serias consecuencias”.

Por último, el informe destaca cómo “las situaciones de carestía material suelen aparecer muy ligadas a otros factores de vulnerabilidad y exclusión” como la baja tasa de escolarización en la etapa de hasta tres años, los elevados índices de fracaso escolar y abandono prematuro, el menor acceso al ocio organizado, unos hábitos alimentarios menos saludables, menor práctica de deporte o, entre otros, mayor proclividad a incurrir en prácticas de riesgo como el consumo de tabaco o la actividad sexual sin protección.