La Justicia investiga al exrector de la Universidad de Zaragoza por presunta prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha abierto una investigación penal contra el exrector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y tres miembros de su antiguo equipo de gobierno —el exgerente, Alberto Gil, y los catedráticos María Ángeles Rueda y Juan García Blasco— por presunta prevaricación administrativa. La jueza ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el exdirector del Servicio Jurídico de la institución, Francisco Palomar, que denuncia actuaciones que podrían constituir también delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, según adelantó Heraldo de Aragón el pasado fin de semana. La actual rectora de la Universidad ha emitido un comunicado en el que expone que ofrecerán “respaldo jurídico a los afectados para que cuenten con su asesoramiento y apoyo profesional”, si así lo requieren.

La querella cifra el presunto perjuicio económico en más de dos millones de euros y se articula en tres bloques: un proceso de promoción interna en la escala de técnicos de gestión iniciado en 2020 y anulado parcialmente por la justicia; el pago de indemnizaciones a funcionarios jubilados bajo el concepto de “premios de jubilación” pese a informes negativos de la Abogacía del Estado; y una sanción de la Seguridad Social por el abono fuera de plazo de las cuotas de diciembre de 2020. Según el denunciante, estas decisiones habrían supuesto un sobrecoste cercano a 160.000 euros por la promoción interna, cerca de 1,5 millones por los “premios de jubilación” y unos 340.000 euros por la sanción de la Seguridad Social.

Por el momento, la magistrada únicamente ha solicitado documentación a la Universidad de Zaragoza y a la Abogacía del Estado, sin que ninguno de los cuatro querellados haya sido aún citado a declarar en calidad de investigado.

La Universidad de Zaragoza defiende la presunción de inocencia

Tras la admisión a trámite de la querella, el actual equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, liderado por la rectora Rosa Bolea, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la situación. En el escrito, la rectora subraya que la institución aún no tiene conocimiento del contenido completo de la querella más allá de lo publicado en prensa y recuerda que “toda persona, con independencia del cargo que haya ocupado, tiene derecho a la presunción de inocencia”.

Según el comunicado, las decisiones cuestionadas en la querella “no son expresión de la libre voluntad o capricho de sus autores por encima de la ley o de la razón” y, aunque “no se ha declarado la ilegalidad de las decisiones antes citadas”, estas “se han dictado en cada momento por el órgano competente, en algunos casos decisiones avaladas por este Consejo de Gobierno o a través de la negociación colectiva”. Además, se señala que las actuaciones “gozan de la presunción legal de validez de todo acto de la administración” y que la Universidad ofrecerá respaldo jurídico a los querellados.

El equipo rectoral asegura que “continuará desempeñando sus funciones de acuerdo a la agenda establecida con normalidad, reafirmando su compromiso firme con la legalidad, la ética y la transparencia institucional”, y subraya que la Universidad de Zaragoza “seguirá cumpliendo con su misión de servicio público en el ámbito de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, con rigor y responsabilidad”.