Una mochila de polémicas con la obra en las riberas del Huerva: sobrecostes, gastos dudosos y publicidad en medios afines

La polémica con los salarios incluidos en el arreglo de las riberas del río Huerva a su paso por Zaragoza, una de las actuaciones más emblemáticas impulsadas por el Gobierno del PP en la ciudad, es solo la última de un reguero de pasos controvertidos que se suman además a su elevado sobrecoste: los trabajos van a terminar suponiendo un gasto público de 34 millones de euros como mínimo, cuando lo anunciado fueron 24 millones.

El último incremento se ha conocido esta semana, con 2,2 millones de euros extras para la segunda fase del proyecto. El Ayuntamiento ha aprobado dos modificados de contrato, uno por tramo, que ha justificado por circunstancias sobrevenidas, requerimientos técnicos y mejoras ambientales. Según el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, los cambios van a servir “para mejorar el proyecto, reforzar la seguridad estructural y beneficiar su valor medioambiental”. En el primer tramo, entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, el aumento es de 1.164.420,89 euros IVA incluido. La causa principal es el talud de la calle de Manuel Lasala: tras las lluvias de finales de septiembre de 2025 aparecieron rellenos inestables de escombros, ladrillos y plásticos, lo que ha obligado a vaciar la ladera y a sustituir la escollera prevista por técnicas de bioingeniería.

En el segundo tramo, entre Miguel Servet y la desembocadura, el sobrecoste es de algo más de un millón de euros. El Consistorio lo atribuye en este caso a la erosión de las crecidas bajo el muro de la calle del Doctor Aznar Molina, que según Serrano ha obligado a “ejecutar trabajos de refuerzo estructural mediante hormigonado sumergido”. También a la aparición de restos del antiguo Convento de San José y de más de un centenar de restos óseos, y a mejoras en el drenaje, las barandillas, el alumbrado, el riego y los juegos infantiles. 'El Periódico de Aragón' ha concretado, a partir del expediente, que el riego previsto crece un 20%, la extracción de rellenos del cauce un 77%, los trabajos de bioingeniería un 139% y los recursos para arqueología se duplican.

Inicialmente, la actuación iba a costar 24 millones de euros, con 10 millones en una primera fase y otros 14 en una segunda, tal y como anunció el propio Ayuntamiento.

Con la primera etapa se cumplió, y de hecho la adjudicación a la UTE COPHA-Construcciones MLN destinada a mejorar la biodiversidad y acometer la regeneración paisajística e hidromorfológica de las riberas rebajó la inversión en 1,5 millones de euros, aunque el gasto final fue algo mayor. Pero con la segunda el sobrecoste ha sido muy intenso.

Primero, el Ayuntamiento tuvo que acometer una modificación presupuestaria –aprobada en pleno en plena canícula del año pasado, el 29 de julio– de siete millones de euros por un error grave de cálculo en el anteproyecto, que según manifestó abiertamente la alcaldesa, Natalia Chueca, se presupuestó “a mano alzada”, entre duras críticas de la oposición. La concejal socialista Marta Aparicio tachó de “inconcebible” que la iniciativa se hubiera presupuestado “a ojo”.

Finalmente, la inversión comprometida alcanza los 34 millones de euros, y eso que los trabajos aún no han terminado.

Pero la pata presupuestaria no es la única que ha generado controversia. Los trabajos han generado intensas quejas en el vecindario, que ha denunciado vibraciones en los edificios, filtraciones en garajes, ruido desde primera hora de la mañana o la presencia de ratas. Mientras, los colectivos ecologistas han denunciado “podas agresivas” que han generado “heridas irrecuperables” en el arbolado y falta de protección de las plantas que provoca “la desestabilización” de los ejemplares.

Además, el Gobierno del PP en Zaragoza ha empleado parte de la financiación para publicitar el proyecto en medios afines como EDA TV –Estado de Alarma–, el portal ultra impulsado por Javier Negre, al que destinó 6.060 euros. Y lo mismo a digitales como The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial o elEconomista. En total, el dembolso entre finales del año pasado y mayo de 2026 rondó los 230.000 euros.

Y la última controversia, como ha desvelado elDiario.es, tiene que ver con el pago de nóminas a cargos de confianza, entre altos directivos o asesores de comunicación, con los fondos europeos que financian el proyecto. Un montante que supera los 850.000 euros y que la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, no acepta como gasto, lo que puede derivar en un conflicto entre las dos instituciones.

Hay salarios cargados de trece personas, seis de ellas de confianza. Y se dan situaciones llamativas, como la de un asesor de comunicación cuyo sueldo salió el año pasado casi al completo de este proyecto –pese a que siguió llevando a cabo su trabajo normal en el Ayuntamiento– o el del coordinador general de Urbanismo, que percibió 72.000 euros de aquí por once meses de trabajo, casi su sueldo entero.