Está aún por ver cuánto de lo que se ha filtrado era globo sonda y cuánto decisión firme ya tomada, pero el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos ha desatado una cierta polémica que puede convertirse en un vendaval en las próximas semanas.
No vamos a subir los impuestos “a la ciudadanía”, solo a la banca y a las empresas tecnológicas, ha dicho este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando el Gobierno sube un impuesto a la banca, lo acaba pagando el cliente, replican en la oposición. La semana pasada, la ministra concretó algo más: a la banca, a las tecnológicas… y a todas las grandes corporaciones el Impuesto de Sociedades...
A primeros de abril, hace apenas tres meses, cuando el PSOE estaba en la oposición y nadie o casi nadie en el partido pensaba que llegaría al Gobierno en pocas semanas, Pedro Sánchez presentó en la sede central socialista sus Presupuestos Alternativos a los de Mariano Rajoy y el PP. Los socialistas abogaban en ellos por elevar la recaudación tributaria en unos 8.000 millones anuales para -decían- financiar un plan de inversiones y atender mejor el gasto social, y combatir así la desigualdad, que crecía en la sociedad española postcrisis como un mal irrefrenable.
Los mayores ingresos, según aquel plan elaborado por Manu Escudero, el secretario de Política Económica y Empleo del partido, saldrían de varias fuentes. De nuevos impuestos a la banca, entre ellos uno específico finalista destinado a mejorar las cuentas de la Seguridad Social que ya habían anunciado los socialistas en enero. De la llamada ‘fiscalidad verde’, aumentando los impuestos al gasóleo para acercarlos progresivamente a los de la gasolina. De eliminar deducciones, exenciones y bonificaciones a las grandes corporaciones, de modo que en el Impuesto de Sociedades pagaran un tipo efectivo del 15%, y no el 12% de media que actualmente pagan y que ha hecho que el conjunto de este impuesto recaude hoy unos 20.000 millones al año, cuando antes de la crisis aportaba 40.000 millones. Y, atención asalariados con altas retribuciones, de un incremento del IRPF a quienes ganen más de 120.000 euros al año.
Como en el Gobierno nadie hace exactamente lo mismo que prometió en la oposición, algunas de aquellas medidas parece que no están ahora en el plan del Gobierno Sánchez. Entre las que se han quedado en el camino, por lo que se deduce de las palabras de la ministra Montero, está lo del IRPF. Los asalariados muy bien pagados también son “ciudadanía”, luego de atenernos a la palabra de la titular de Hacienda no verán aumentada su carga fiscal. Y entre las medidas que no estaban entre las del PSOE de abril pasado y ahora sí estarán, la principal será el nuevo impuesto a las tecnológicas, un invento de última hora de Montoro del que Montero parece que se adueñará, quizás con algún matiz.
Ha dicho la ministra de Hacienda que pretende construir “una nueva fiscalidad del siglo XXI”. Salvo sorpresa y gorda de última hora, demasiada frase para tan escasos cambios. La reforma fiscal que necesita España –uno de los países europeos con menor presión fiscal respecto al PIB- debería ser mucho más ambiciosa, ahora que ya va bastante avanzado el siglo XXI. Aunque también es cierto que no se le puede pedir esa ambición a un Gobierno que acaba de llegar, que sólo tiene 84 escaños seguros en el Congreso y que afronta un mandato que durará, como mucho, dos años.
La que bien podríamos llamar “nueva fiscalidad para 2019 y como mucho 2020” es un parche de tamaño pequeño tirando a mediano que, si el PSOE logra pactarlo en el Congreso y sacarlo adelante, le dará al Gobierno entre 6.000 y 8.000 millones adicionales para, en 2019 –año electoral, no se olvide: con al menos urnas municipales, autonómicas y europeas-, atender necesidades productivas y sobre todo emergencias sociales. Un parche pequeño tirando a mediano que se resumiría en “no tocar a las clases medias” y en que paguen algo más los más ricos, pero con un importante matiz: los más ricos de entre los grandes consorcios corporativos; no las personas físicas más ricas o las grandes fortunas o los partícipes de las sicav. Es decir: aumentar la progresividad fiscal, pero sólo un poquito. Y si al siguiente mandato, y gracias entre otros factores a esos recursos adicionales con que contará el Gobierno, tiene el PSOE más fuerza en el Congreso, ya se verá si se afronta de verdad una nueva fiscalidad para el siglo XXI.
La progresividad fiscal, por cierto, es un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace dos siglos largos. La Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, decía en su artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”, y “facultades” en aquellos tiempos remotos era sinónimo de dinero. En el Diccionario de la Real Academia Española aún está recogida la palabra en ese sentido, en la acepción 10.
La Constitución vigente, en su artículo 31, dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”.
¿Insistiremos tanto en el asunto, en Cartas Magnas tan alejadas en el tiempo, porque eso de que los que más tienen más paguen sea solamente un sueño colectivo, apenas un aspiracional?
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
