Una derecha con déficit democrático

A los muchos y graves problemas que ya sufre España, se le acaba de añadir otro: la derecha se echa al monte. Como tantas otras veces en nuestra historia, pero ahora con algunos tics guerracivilistas y progolpistas muy preocupantes, más propios de nuestro convulso siglo XIX que del que creíamos civilizado y europeísta XXI. En las postrimerías de aquel, el XIX, se lamentaba Benito Pérez Galdós, ahora recordado por el centenario de su muerte: “Lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer”. Ya bien avanzado este, el XXI, lo viejo viejísimo de nuestra política no sólo no muere sino que resucita y revive, y lo nuevo no sabemos aún si será capaz de nacer, obstaculizado y frenado torticeramente por esa derecha cavernaria.

Con demasiada frecuencia en nuestra historia reciente y remota, la derecha ha adolecido de un cierto déficit democrático. En demasiadas ocasiones ha ido arrastrando los pies con la democracia. Ahora, por ejemplo, sus convicciones en los cuatro “valores superiores” que la Constitución vigente consagra nada menos que en su artículo 1, “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”; o en la libertad ideológica (artículo 16), o en la libertad de expresión (artículo 20) son endebles. Da la impresión de que creen más en la ley del embudo (a nosotros por la parte ancha, a los que no piensen como nosotros por la estrecha) que en la ley de leyes.

Su déficit en el respeto al pluralismo político es pavoroso. Los intentos de deslegitimar al que no concuerda con sus convicciones o al que tiene otras muy distantes los vemos estos días de forma cruda. Los escaños de ERC o de EH Bildu -partidos legales, no se olvide- tienen el mismo origen lícito que los del PP, los de Vox o los de Ciudadanos: el ejercicio libre del derecho a voto de los españoles cuando son llamados a las urnas. Pero para parte de la derecha, la misma que en su día fue ambigua con la Constitución y que ahora pretende expedir carnets de constitucionalismo, son escaños espúreos e ilegítimos. ¿Por qué? Pues porque piensan diferente a ellos y, sobre todo, porque van a permitir con su abstención que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos eche a andar.

Así las cosas, la Coalición Canaria que decide en Canarias abstenerse es mala, pero la diputada Ana Oramas que incumple en Madrid ese mandato de su formación y vota contra la investidura de Sánchez es buena. El PRC que en el intento de investidura de septiembre apoyó a Sánchez es malo, pero el PRC que ahora retira su apoyo a Sánchez es bueno. Si el diputado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, se abstiene o vota 'no' a Sánchez es bueno y responsable, pero si vota 'sí' se le llama traidor hasta por escrito, se le presiona con miles de correos y se le intenta deslegitimar con el argumento de que una empresa de su entorno familiar firmó ¡hace años, antes de entrar él en política!, contratos con una administración gobernada por los socialistas. Hasta Bildu es malo si acuerda algo con el PSOE, aunque solo sea una abstención, y bueno si apoya en otros ámbitos al PP o a sus socios, como estamos viendo estos días en las hemerotecas sobre Navarra o sobre la ciudad de Vitoria.

Al déficit democrático de fondo se le va a añadir ahora, según se ha visto en los dos primeros días de sesión de investidura, un déficit de formas. Insultos, broncas, abucheos, interrupción sistemática de intervenciones del adversario... Los Ramallos y Pujaltes de antaño eran versos sueltos. Ahora corremos el riesgo de que lo que escasee en la bancada de la derecha sea el diputado respetuoso que escucha y debate y discrepa con educación. Y al déficit democrático de fondo y de formas se le va a sumar también ahora un intento de convertir a tribunales de justicia y administrativos en una especie de tercera Cámara en la que el PP logre lo que no puede obtener en el Congreso de los Diputados y el Senado por sus malos resultados en las urnas del pasado 10 de noviembre. En su intervención en el pleno de investidura, Pablo Casado aseguró que si Quim Torra no deja la presidencia de la Generalitat tras la controvertida decisión de la Junta Electoral Central y Sánchez no aplica de inmediato el artículo 155 de la Constitución, el PP denunciará al presidente “por prevaricación”. Esto es nuevo. La prevaricación por omisión. La prevaricación -que es que una autoridad dicte una resolución a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley- no por hacer algo sino incluso por no hacerlo.

Lo más preocupante de la nueva deriva del PP y de Casado es que la toman no solo porque les asuste el programa de Gobierno de Sánchez -en realidad, un programa de izquierda moderada de puesta a punto de España y de afrontar sus principales problemas pendientes, entre ellos Cataluña- o porque crean realmente que en la mesa de diálogo con el Govern catalán se vayan a sobrepasar líneas rojas de la legalidad, sino también porque creen que para frenar el crecimiento de Vox lo que hay que hacer es voxizarse. ¡Qué gran error irse a la extrema derecha para frenar a la extrema derecha! Y mientras, el cada día más desnortado Ciudadanos de Inés Arrimadas haciendo lo mismo, desbordar a Vox y a PP por su derecha, pese a lo mal que le fue cuando lo hizo Albert Rivera, en vez de explorar los territorios moderados del centro que los socialistas previsiblemente descuidarán ahora por su alianza con Unidas Podemos.

A los muchos y graves problemas que ya sufre España, se le acaba de añadir otro: las tres derechas renuncian a homologarse con la derecha civilizada europea -la que no cuestiona los resultados electorales, la que no deslegitima a los que piensan diferente, la que sabe ejercer una oposición dura pero responsable...- y se echan al monte intentando deslegitimar a un Gobierno legítimo. ¿Y por qué? Porque contra un Gobierno ilegítimo vale todo, desde incitar a los diputados socialistas a que traicionen a sus siglas hasta pedir a los militares a intervenir.