Empujando al rey fuera de la ley

Hace apenas un mes, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y el más veterano de los barones territoriales del PP –y también el menos partidario de acercarse o de pactar con Vox–, pedía en una entrevista radiofónica que su partido hiciese “una política más occidental, más europea y más previsible” y que se subiese “un poco el listón de la política”, al tiempo que recordaba que la formación de Santiago Abascal no tiene en Galicia ningún diputado ni ningún concejal.

Pese a ser uno de sus dirigentes más influyentes, poco caso le hacen en esto a Feijóo en la sede central de su formación. Este domingo pasado, el Partido Popular cometió un nuevo error de cálculo al sumarse a la manifestación de la madrileña plaza de Colón contra los indultos a los presos independentistas catalanes: el rédito político de la concentración se lo llevó Vox, los abucheos de los más exaltados se los llevó Pablo Casado y el protagonismo se lo autoadjudicó la baronesa –y partidaria de pactar con Vox– Isabel Díaz Ayuso al proclamar a las puertas de la sede central del partido: “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”.

Pocas cosas más antioccidentales, más antieuropeas y más imprevisibles que el que una alta dirigente de un partido de Gobierno incite al rey de una monarquía parlamentaria a saltarse su propia Constitución. Si Felipe VI tenía poca brega con protegerse de las muchísimas salpicaduras de la corrupción de su padre y antecesor; y de los frecuentes ataques de los independentistas catalanes por el discurso del 3-O; y de las durísimas críticas de algunos dirigentes de Unidas Podemos por las causas más diversas –y algunas de ellas, justas–, sólo le faltaba que la derecha y la ultraderecha se le acercaran a menudo para apropiárselo –como está pasando desde hace ya tiempo, especialmente desde que Pedro Sánchez gobierna– o que la simpar Díaz Ayuso lo empujara a ponerse fuera de la ley y de la Constitución.

Casado y su equipo más cercano han corregido este lunes a Díaz Ayuso, pero con mucho circunloquio y cuidado. Después, la propia Díaz Ayuso ha salido del traspiés del domingo matizando a medias y aprovechando para atacar aún más al Gobierno.

Los indultos son una apuesta delicada del Gobierno de Pedro Sánchez. No es seguro que, con ellos y con otras iniciativas que están por llegar a la inminente mesa de diálogo, se encuentre alguna vía de solución al conflicto político en Cataluña. Pero le salga bien o le salga mal, es una vía legal que el Ejecutivo tiene que explorar. La oposición tiene todo el derecho a oponerse, pero no a hacerlo tensionando y presionando a otras instituciones, y menos que a ninguna a la Jefatura del Estado.

En el fondo, lo que subyace bajo el intenso debate sobre los indultos y bajo otras muchas polémicas anteriores sobre decisiones, actuaciones y otras iniciativas del actual Gobierno, es lo mismo: la ultraderecha montaraz y una parte de la derecha dizque civilizada no acaban de admitir ni la legitimidad del Ejecutivo –del actual, en coalición de PSOE y UP, y del anterior de Pedro Sánchez, el que surgió tras la moción de censura de 2018– ni la legitimidad de parte de los escaños que lo sustentan, y cuestionan por sistema esas iniciativas y las tildan de ilegales. Y en vez de combatirlas donde se hace en cualquier democracia –el Parlamento y en su momento en las urnas–, recurren a otras instancias donde creen que tienen más poder –y muchas veces así es, recuérdese la Sala del Supremo de la que un dirigente del PP se jactaba de que controlar “desde detrás”– que el que les dan los votos ciudadanos: los tribunales, el Ejército, ahora el rey...