Proteger a la población de riesgo... económico

A perro flaco, todo son pulgas, dice un viejo refrán. Pues sí. Las crisis económicas, por lo general, acaban golpeando más a los más débiles. Lo vimos en la pasada crisis global. En la mayoría de los países, entre ellos España, los pobres pasaron a ser aún más pobres, la brecha social se agrandó, la desigualdad se acentuó y la sociedad se convirtió aún en más dual. Y los ricos, pasaron a ser aún más ricos. Mucho más ricos, en algunos casos.

Entre nosotros, la crisis anterior la lidió primero un Gobierno socialista al principio confianzudo y luego algo desnortado, el último de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio algunos desiguales palos de ciego, unos con acierto y otros sin él, y después un Gobierno de derechas, el de Mariano Rajoy, que hizo cosas tan variopintas como subir impuestos, recortar el estado social, rescatar a la banca sin muchas contraprestaciones y sin depurar todas las responsabilidades que debería, amnistiar a los ricos que tenían fortunas fiscalmente ocultas al tiempo que se olvidaba de los más desprotegidos y tolerar o al menos no combatir la corrupción. El resultado final fue pavoroso: casi un tercio de la población se sumió en la pobreza o se le puso en riesgo de estarlo, según los más variados estudios o indicadores, del índice de Gini a los informes de alguien tan poco sospechoso de izquierdista y antigubernamental como Cáritas.

La crisis del coronavirus es aún más compleja que la crisis económica global de hace ya más de una década, y quién sabe si en lo económico será más profunda. Es una crisis también global, pero ahora con impacto sanitario, económico, social y cultural. Cambiará nuestras vidas, y si no se acierta en el diagnóstico y en las recetas (como en parte no se acertó en Europa y en España en la anterior crisis), cambiará a peor la vida de mucha gente.

En el frente sanitario, da la impresión de que no ha estado el Gobierno central del todo acertado. Ha llegado algo tarde con las medidas de contención y control de la pandemia pese a saber como sabía lo que había ocurrido en China, en Corea del Sur o en Italia. Aún tendremos unas cuantas jornadas de extensión de la enfermedad en magnitudes muy alarmantes, pero es de esperar que las contundentes medidas que se han tomado en estos pasados días den su fruto en pocas semanas.

¿Y en el frente económico y el social? Veremos este martes. También con un ligero retraso. El Gobierno aprobó unas primeras tibias medidas en el Consejo de Ministros del jueves 12 de marzo, no tuvo tiempo ni cohesión interna suficiente para seguir trabajando ese frente en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado 14 (el que decretó el estado de alarma) y llega al Consejo de este martes 17 con todas las miradas puestas en él. No debe defraudar las expectativas. “Tienen que ser contundentes con el gasto. Y buscar medidas que eviten cierres de empresas y paro. Liquidez y flexibilidad”, comenta un exministro que vivió desde dentro del Consejo algunos de los peores tiempos de la anterior crisis.

El debate dentro del Ejecutivo entre los que creen que hay que ser prudentes y primar la estabilidad financiera del Estado y la ortodoxia económica y los que consideran que lo, prioritario es lanzar un plan de choque social muy ambicioso, cueste lo que cueste, recuerda en parte lo que ocurrió en las instituciones europeas en la anterior crisis. Entonces se hizo lo primero. Ahora se debería hacer lo segundo.

En el frente sanitario se ha intentado -con buen criterio- proteger a la población de riesgo, por ser los que tienen las defensas más bajas: mayores, enfermos, personas con patologías previas en las vías respiratorias, etc. En el frente económico y social debería actuarse igual y tratar de proteger a la población de riesgo, a la más vulnerable, a la que más probabilidad tiene de perder lo poco de que dispone: trabajadores precarios, hipotecados, desahuciados, parados, mileuristas... Y autónomos y pymes, a los que unas semanas sin actividad económica les puede llevar a la quiebra -y a sus empleados al paro- si no se les dan herramientas normativas, fiscales y financieras suficientes para afrontar la emergencia. Todos estos colectivos tienen también las defensas económicas muy muy bajas.