Asturias se resiste a un modelo de financiación “bilateral” y reclama un sistema solidario y multilateral

El Gobierno del Principado opta por la cautela ante el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo asturiano no fijará posición hasta conocer la “letra pequeña” de la propuesta y analizar su contenido en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde espera despejar una cuestión clave: si el reparto de los recursos prioriza la ordinalidad o si, por el contrario, atiende al coste real de los servicios públicos.

Así lo expresó este viernes el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que advirtió de que “hay que analizar dónde están las claves de la distribución de los recursos y si atienden al coste efectivo de los servicios o si por el contrario prima la ordinalidad, que para nosotros es una línea roja”.

Contra la “declaración bilateral”

El Ejecutivo autonómico recela, además, de la forma en la que se está planteando la reforma. Peláez alertó de que el nuevo sistema “no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una declaración bilateral y ofrecérsela luego al Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ya que, subrayó, “deben ser escuchadas todas las comunidades autónomas”.

Desde el Principado se insiste en que el modelo debe “poner el foco en las personas, no en los territorios, porque son éstas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos”, una idea que conecta con la posición que Asturias viene defendiendo desde hace años en el debate sobre financiación autonómica.

En ese marco, Peláez remarcó la necesidad de que el sistema tenga en cuenta las particularidades de cada comunidad. “Hay que atender al coste efectivo de los servicios públicos teniendo en cuenta particularidades como el envejecimiento y la orografía”, señaló, defendiendo que el reparto de los ingresos debe “contar también con la solidaridad interterritorial”.

Reclaman igualdad de territorios

El rechazo al principio de ordinalidad es explícito. “Por eso rechazamos de todo punto el principio de ordinalidad, que no puede ser el criterio que fije cómo se distribuyen los recursos entre los distintos territorios”, insistió el consejero.

Peláez reconoció que los datos avanzados por el Ministerio apuntan a que Asturias recibiría en 2027 unos 248 millones de euros más con el nuevo modelo, una cifra que calificó como “un volumen de recursos importante”. No obstante, advirtió de que ese dato aislado no es suficiente para valorar el alcance de la reforma si no se analiza su evolución en los años siguientes y la existencia de mecanismos de solidaridad “para garantizar la prestación de servicios públicos en un plano de igualdad en todo el territorio”. “Queremos ver la foto en su conjunto cuando nos faciliten la documentación técnica”, afirmó el consejero, para quien es “importante ver las tripas, sus consecuencias y si incluye mecanismos de solidaridad que garanticen una financiación adecuada”.

Cuestiones por aclarar

El portavoz del Ejecutivo asturiano subrayó que todavía hay muchas cuestiones técnicas que no han sido aclaradas en la presentación pública del modelo, por lo que esperará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el próximo miércoles, antes de fijar una posición definitiva.

Subida por habitante según el gobierno

En el gráfico de arriba, este cálculo solo muestra el aumento de los recursos de cada comunidad autónoma por habitante entre el total de población cada territorio, según el nuevo modelo del Gobierno. No pondera variables que influyen en el coste de los servicios como la superficie, la dispersión de la población, la estructura demográfica o la insularidad, que se incluyen en los cálculos para determinar las necesidades de cada territorio en el modelo de financiación autonómica.

Intereses de Asturias

La decisión final, añadió, se adoptará “en la defensa de los intereses de Asturias y en los principios que siempre ha defendido este gobierno”, que considera que la reforma del sistema de financiación exige “el mayor consenso posible para que funcione y dure”.

Con todo, Peláez valoró que, tras una situación de bloqueo prolongada, el Gobierno central haya puesto sobre la mesa una propuesta, algo que consideró necesario porque “es como debe comenzar la negociación”, y destacó que se plantee un incremento de recursos de casi 21.000 millones de euros ante la infrafinanciación que sufren todas las comunidades autónomas.