El Ayuntamiento de Langreo abre expediente a un trabajador condenado por acosar a una compañera
El encargado del servicio de cementerios del Ayuntamiento de Langreo fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por un delito de acoso a una compañera “por razón de su género”. El trabajador le decía que “no querían mujeres allí”, otras veces le espetaba que “las mujeres son todas unas putas, solo valen para follar y fregar” o profería expresiones delante de otros testigos donde recalcaba que “no valía para el trabajo” o que “le quitaba el trabajo a un padre de familia”.
Todos estos comentarios eran realizados por el trabajador municipal cuando se trasladaba la cuadrilla de operarios en la camioneta municipal persistiendo en su actitud “vejatoria” hacia la víctima a pesar de que ésta le pedía que la dejara tranquila porque “no aguantaba más”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es Asturias.
El encargado, lejos de cesar en su conducta, siguió con el mismo comportamiento ya que atribuía esas expresiones a su “derecho a la libertad de expresión” e incluso llegó a minimizar los actos de hostigamiento hacia la víctima alegando que se trataba de “comentarios de mal gusto o anecdóticos”.
Su argumentación no ha prosperado ante los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que han declarado firme la resolución tras inadmitir el recurso de casación del acusado.
Un expediente disciplinario
Este miércoles, el alcalde Roberto García y la concejala de Igualdad, Marina Casero, han encabezado la representación del grupo municipal de IU junto al coordinador general de IU en Langreo, David Álvarez, en una rueda de prensa donde han pedido “tolerancia cero frente a las agresiones, el maltrato y la violencia machista” y han anunciado la reapertura de un expediente disciplinario al trabajador que confían que acabe con una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.
El Juzgado de lo Penal 1 de Langreo, la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Supremo han mantenido la misma línea argumental, según la cual el trabajador municipal acosó a su compañera sin ningún género de dudas.
La trabajadora se incorporó a este servicio en 2018 y ese mismo año ya sufrió los primeros comentarios machistas en el cementerio de Pando, pero el largo camino judicial ha llevado a que transcurridos seis años desde su ingreso en este departamento aún siga su calvario.
Paralelamente, el ayuntamiento en manos de IU, ha dado los primeros pasos para apartar al trabajador y evitar que vuelva a coincidir con la víctima en el puesto de trabajo.
El apoyo hacia la trabajadora por parte del equipo de gobierno local, de la coordinadora de IU en Langreo y del Comité del Partido Comunista es total, según han explicado en esta comparecencia pública, donde han cerrado filas en torno a la víctima.
“Esta es una situación realmente injusta fruto de la legislación española. Al acosador se le abrió un expediente disciplinario en 2019 con Jesús Sánchez como alcalde, que fue paralizado al ver que podía ser constitutivo de una infracción penal como prevé el Estatuto Básico del Empleado Público y que posteriormente según los informes jurídicos del ayuntamiento ni la primera sentencia, ni la segunda instancia de la Audiencia eran ejecutables al tener todavía recurso y esto supone un calvario para la trabajadora. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza”, ha afirmado David Álvarez.
La situación ha dado un giro con la confirmación de la sentencia condenatoria por parte del Supremo. Según han ratificado los responsables de IU en Langreo, ahora ya pueden adoptar medidas. Su idea es reabrir el procedimiento disciplinario para la suspensión de empleo y sueldo, aunque han advertido que la resolución definitiva del expediente todavía llevará un tiempo por los plazos legales.
“Hay que ser escrupulosos con las normas. Desde IU Convocatoria por Asturias y el PCE de Langreo nos solidarizamos con la trabajadora y entendemos que urge tomar medidas contra el trabajador condenado que no debería seguir formando parte de la plantilla municipal”.
David Álvarez se ha mostrado partidario de promover reformas en la legislación española porque insiste en que no es lógico que se tarde tanto tiempo en poder adoptar medidas, ya que tanto el condenado como la víctima van a acabar coincidiendo trabajando mientras se sustancia el proceso, por lo que, a su juicio, da la impresión de que la legislación en lugar de proteger a la víctima protege al agresor.
Críticas a la lentitud de la justicia
La concejala de Igualdad, Marina Casero, ha asegurado de antemano que su respaldo a la trabajadora no se limitaba exclusivamente a su cargo como concejala, sino que lo hacía extensible “como mujer y feminista”.
Ha comenzado su intervención censurando la lentitud del procedimiento: “Con el periplo judicial y administrativo que ha sufrido la víctima hemos podido ver de cerca cómo el sistema falla cada vez que se tienen que esperar cinco años para tener una sentencia firme. Y falla cada vez que se desprotege a las víctimas como ocurre en este caso”.
“La trabajadora ha servido a todas las mujeres de ejemplo por la valentía que supone no sólo enfrentarse a su acosador, sino también a todos y cada uno de sus cómplices y a un sistema que no nos acompaña. Con su denuncia, empeño y valentía pone voz a muchas mujeres que ya no consentimos que se nos infravalore, se nos menosprecie, se nos insulte y mucho menos en nuestro puesto de trabajo”, ha añadido.
Marina Casero ha recalcado que la víctima la va a tener a su lado porque ella va a ser “su aliada” y ha reiterado que luchará políticamente para que se solucione este tema “cuanto antes y con la mayor contundencia posible que no puede ser menos que un despido”.
Esta situación ha de ser, en su opinión, un punto de inflexión y ha indicado que ha de servir también para ser conscientes de que los procedimientos administrativos y judiciales no pueden estar alejados de la realidad de las víctimas y deben velar por su completo bienestar físico, psicológico y emocional.
Este tipo de situaciones son inadmisibles no sólo por el sufrimiento que generan a la víctima sino también por el precedente que sientan. La legislación y el procedimiento administrativo han de permitir una mayor rapidez y contundencia en la respuesta
“Este tipo de situaciones son inadmisibles no sólo por el sufrimiento que generan a la víctima sino también por el precedente que sientan. La legislación y el procedimiento administrativo han de permitir una mayor rapidez y contundencia en la respuesta a estas situaciones. Bajo ninguno de los casos puede sentar los precedentes que ha sentado este caso porque desincentivan las denuncias”, ha explicado.
Por su parte, el alcalde Roberto García, ha manifestado que “sin aspavientos, ni teatralizaciones”, van poco a poco haciendo su trabajo para apartar al trabajador condenado por acoso.
“Desde el primer día tomamos este caso en nuestras manos y fruto de ello son los continuos informes que solicitamos tanto al equipo de abogados como a los técnicos municipales para poner fin a esta situación de sufrimiento de una persona por un delito de acoso por razones de género que vivió dentro del ayuntamiento”, ha comentado.
El alcalde incluso firmó una resolución solicitando la expulsión de este trabajador de su puesto que fue rechazada por la secretaria porque, según ha aclarado, no se atenía a derecho puesto que “estaba en un recurso de casación en el TS y no se podía continuar con el proceso de sanción laboral interno hasta que el Supremo se pronunciara. Una vez que ya lo ha hecho, nosotros continuamos con nuestra labor callada y sin teatralizaciones”.
Los hechos están probados de sobra con dos sentencias en Asturias y la del Tribunal Supremo, por lo que no hay lugar a seguir investigando porque las pruebas están suficientemente claras
El alcalde ha anunciado en esta rueda de prensa que a partir de ahora se pone en marcha de nuevo el expediente sancionador. Ya se ha nombrado a un tribunal, a un instructor y a un secretario y espera como primer paso que en las próximas horas -como máximo entre hoy y mañana, jueves- el trabajador reciba la correspondiente sanción expulsándole de su empleo, aunque mantendrá su sueldo hasta que sea una sanción definitiva una vez que se termine el proceso de instrucción.
Roberto García calcula que el proceso concluirá en el plazo de dos a tres semanas, aunque confía en que reciba pronto la comunicación de que va a ser suspendido de empleo. La sanción consistirá en una expulsión de unos seis meses.
“Los hechos están probados de sobra con dos sentencias en Asturias y la del Supremo con la inadmisión del recurso de casación, por lo que no hay lugar a seguir investigando porque las pruebas están suficientemente claras”, ha dicho el alcalde.
El procedimiento es el siguiente: una vez nombrado el tribunal y sus integrantes, se concederá audiencia a las partes, se comunicará a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos y a los interesados y se llevará a cabo una audiencia privada con el acosador y la víctima y se emitirá el resultado que desde el gobierno local, el coordinador general y el PCE de Langreo confían en que se cierre con la suspensión de empleo y sueldo.
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