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El desalojo de unos perros de acogida enfrenta a la dueña de una protectora en Asturias con los vecinos y el ayuntamiento

Dos perros acogidos en Santa Marina de Siero.

Pilar Campo

Oviedo —

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Rosa Ana Martín Martínez vive en el pueblo de Santa Marina, en el concejo asturiano de Siero, y preside la protectora de animales “Acariciar con el alma”. Su amor por los animales le ha llevado a recoger perros en situación de maltrato y abandono a los que cuida, atiende y alimenta en una finca que adquirió hace cuatro años. Un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante el ayuntamiento por las molestias que les ocasionan los canes y, tras una inspección, el consistorio ha ordenado el desalojo de tres de los ocho perros.

La propietaria asegura que está sometida a “una campaña de acoso permanente” desde que decidió abrir la casa de acogida a la que se dedica de forma altruista. Al deterioro de la convivencia con los vecinos se suma, además, la batalla legal con el ayuntamiento que se dirime en los tribunales de justicia.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo emitió una sentencia favorable al consistorio al considerar que se había sobrepasado el número máximo de canes -cinco- permitido en la normativa.

El abogado Eloi Sarrió Santana, experto en Derecho Animal que representa a Rosa Ana, recurrió la sentencia en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que aún no ha resuelto y, en el interin, el consistorio ha anunciado la ejecución del fallo.

Fuentes municipales han confirmado a elDiario.es Asturias que la sentencia es favorable, está en vigor y, por tanto, “es ejecutable”, un planteamiento que rechaza el letrado que estima que el desalojo es un acto “nulo de pleno derecho”, una medida “desproporcionada”, ha sido dictado por “órgano incompetente”, carece de fundamento legal, vulnera derechos constitucionalmente reconocidos a la recurrente, entra en conflicto con lo dispuesto en la normativa de protección animal y aún no puede ser ejecutada “al estar pendiente el recurso” en el alto tribunal asturiano.

Las denuncias de los vecinos

Rosa Ana compró en 2020 una finca en este pueblo ubicado en el cuarto municipio de Asturias. Defiende que su único objetivo siempre fue “ayudar a los animales” y por eso invirtió en este proyecto todos los ahorros de su vida. Solicitó los permisos al Ayuntamiento para construir una nave de unos 60 metros y en el consistorio le dijeron que el plazo para su concesión rondaría los ocho meses pero, según explica, los vecinos iniciaron una recogida de firmas y ahí empezaron las primeras trabas ya que la autorización no le llegó hasta dos años después.

“Compré dos viviendas independientes, con dos referencias catastrales diferentes, para destinarlas a casa de acogida para que los perros estuviesen protegidos y tuviesen una estabilidad hasta que llegase el momento de adopción, pero los vecinos denunciaban y llamaban de forma constante al ayuntamiento”, comenta.

El 14 de diciembre de 2022, un subinspector de la Policía Urbanística realizó una inspección en la finca a requerimiento de la Jefa de Sección de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, para comprobar los perros existentes en las parcelas, ante las quejas de los vecinos de la zona.

En esa visita identificó a siete perros de “Acariciar con el Alma”, y a una perra con sus cachorros lactantes, que según se indicaba en el acta, “no son propiedad de la asociación”.

El letrado asegura que todos los perros se encuentran en régimen de acogida temporal bajo la custodia de la asociación protectora de animales “Acariciar con el Alma” y hace hincapié en las contradicciones en las que recae el consistorio a la hora de calificar sus informes.

Tanto las actividades que se imputan como el número de animales y las consecuencias de la supuesta infracción se van modificando a lo largo de un expediente sin garantías que genera indefensión y tiene como único objetivo alcanzar una resolución sancionadora. Además de no tener fundamento, es desproporcionada y confiscatoria y, por tanto, no es ajustada a Derecho

Eloi Sarrió Santana Abogado especialista en Derecho Animal. Representa a la presidenta de la protectora

“Tanto las actividades que se imputan como el número de animales y las consecuencias de la supuesta infracción se van modificando a lo largo de un expediente sin garantías que genera indefensión y que tiene como único objetivo alcanzar una resolución sancionadora. Además de no tener fundamento, es desproporcionada y confiscatoria y, por tanto, no es ajustada a Derecho”, señala.

Así, en la propuesta de resolución, de 23 de diciembre de 2022, inicialmente se refiere a “una vivienda”, pero más adelante ya se habla de “una pequeña explotación ganadera tradicional, dedicada al autoconsumo y a la venta local” con el objetivo, según Eloi Sarrió, de justificar que está sujeta a la tramitación de licencia de actividad puesto que supera el límite de cinco perros “de cría o guarda mayores de tres meses”.

Rosa Ana alega a estos informes que no existe explotación ganadera, comercial ni de negocio alguno, identifica a la asociación como titular de los perros y expresa que esa actividad no encaja en la disposición sancionadora que el ayuntamiento esgrime para iniciar el expediente.

El derecho de defensa

La propietaria insiste en que se trata de dos inmuebles divididos por propiedad horizontal, no siendo aplicables el límite de cinco animales por propiedad y pone de manifiesto que al no haber sido requerida la asociación ésta no ha podido ejercer su derecho de defensa, solicitando su archivo.

“En una nueva propuesta de resolución sancionadora, el 25 de enero de 2023, se le ordena el cese inmediato de la actividad consistente en el albergue, refugio o acogida de animales al no disponer de licencia de apertura, retirando la totalidad de los animales albergados en el inmueble, basándose incluso en normas legales diferentes para imponer dicha sanción”, asevera el letrado.

Dos meses después, el área municipal de Urbanismo instaba al cese de la actividad. Rosa Ana recurrió a los tribunales y, un año después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dado la razón al ayuntamiento.

Esta sentencia ha llevado al ayuntamiento a instar a su ejecución, otorgándole un plazo improrrogable de 24 horas para que se ajustara a la legalidad urbanística, retirando tres perros y anunciando que en caso de que no cumpliera esta medida se procedería a su ejecución subsidiaria, a su costa, y con apertura del correspondiente expediente sancionador.

La denunciante se muestra muy molesta porque asegura que el juez no entró a valorar, ni a rebatir sus argumentos, lo que le está ocasionando un fuerte impacto emocional y un gran desgaste psicológico.

“No es una explotación ganadera”

Rosa Ana rebate que su casa de acogida pueda ser asimilada a una explotación ganadera. Dice que el Ayuntamiento se aferra a que su vivienda está en un suelo de interés agrario y que tiene una explotación ganadera donde solo puede tener un máximo de cinco perros de cría o de guarda.

“El ayuntamiento no tiene razón. Aquí son dos viviendas distintas y mis perros no están guardando nada, ni son de cría porque están todos esterilizados”, aduce.

Desde el consistorio también le han solicitado una licencia de actividad, un requisito que ella incide en que no es necesario porque las casas de acogida ya se contemplan como una figura dentro de la nueva Ley de Bienestar Animal.

El Ayuntamiento se aferra a que la finca está en un suelo de interés agrario y que tengo una explotación ganadera donde solo puede haber un máximo de cinco perros de cría o de guarda. Aquí hay dos viviendas distintas y mis perros no están guardando nada, ni son de cría porque están todos esterilizados

Rosa Ana Martín Martínez Presidenta de la asociación protectora 'Acariciar con el alma'

Los animales acogidos proceden de situaciones de maltrato y abandono y la asociación que es la titular rescata, presta atención sanitaria, socializa, identifica y esteriliza “en orden a proporcionarles una segunda oportunidad mediante su adopción responsable en familias”, resalta.

A modo ilustrativo, su abogado recuerda que alguno de ellos incluso fue rescatado en el pasado por solicitud del propio ayuntamiento.

Por ello, en su opinión, el ayuntamiento intenta disfrazar de infracción urbanística lo que “no es más que la materialización de la persecución que sufre Rosa Ana desde 2020”.

La versión municipal

Fuentes municipales aseguran que miembros del equipo de gobierno se reunieron con Rosa Ana varias veces y se le explicó que en la normativa del Plan General, para ese tipo de explotaciones, solo puede tener cinco perros y si hay varias denuncias, como es el caso, “el ayuntamiento sigue la tramitación como el resto de expedientes”.

“Se le dijo, se le explicó y se le planteó su situación, pero ella insistía en que tenía dos referencias catastrales, que no son dos viviendas independientes sino una sola vivienda. Se comprobó in situ, se vio que no ha lugar a su reclamación y se le dio el trámite de audiencia correspondiente”, manifiestan.

El tema no tiene más recorrido que la normativa dice que no puede tener ocho perros, sino cinco. A la vista de la sentencia, la resolución del ayuntamiento ya es ejecutiva porque ya estaría en vigor. Ahora tenemos abierto el trámite para que personal del ayuntamiento vaya a la finca, haga las fotografías y compruebe si realmente están ahí o no los animales

Miembros del equipo de gobierno Ayuntamiento de Siero

La propietaria acudió al contencioso, que es una de las vías a la que tiene derecho todo el mundo, y la sentencia dice que el ayuntamiento tiene razón, que ella no puede tener ocho perros y que no considera en ningún caso que tenga dos viviendas, recalcan las mismas fuentes.

“El tema no tiene más recorrido que la normativa dice que no puede tener ocho perros, sino cinco. A la vista de la sentencia, la resolución del ayuntamiento ya es ejecutiva porque ya estaría en vigor. Ahora tenemos abierto el trámite para que personal del ayuntamiento vaya a la finca, haga las fotografías y compruebe si realmente están ahí o no los animales”, exponen.

En el caso de que los animales sigan allí, el ayuntamiento tendría que actuar de oficio y plantear una ejecución subsidiaria, un procedimiento que se realiza “igual que el resto de expedientes”, subrayan.

La fiesta local y los voladores

La asociación cultural y festejos “Los Cuquiellos” de Santa Marina lleva 25 años organizando las fiestas locales. Su presidente es Nacho Fernández Martín, que deja claro que su asociación es totalmente ajena a las denuncias por las molestias de los animales que se presentaron en el ayuntamiento.

Sin embargo, su experiencia con esta vecina es diferente. Habitualmente, las fiestas se celebran el primer fin de semana de agosto y duran cuatro días, de viernes al lunes siguiente. Hace unos años, Rosa Ana, sin contactar previamente con ellos, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y les denunció por tirar voladores; una denuncia que les sorprendió especialmente porque ni la conocían, ni trató de hablar con los organizadores.

“Nosotros tiramos tres docenas de voladores, que no son profesionales, en los cuatro días de fiesta, siempre en horario diurno y contando con todos los permisos municipales”, explica Nacho.

A raíz de la denuncia, agentes de la Guardia Civil se personaron en el prao de la fiesta, la organización les enseñó el permiso municipal y no prosperó.

Las dos versiones de un mismo hecho

“Fue una situación violenta porque no sabíamos qué habíamos hecho y por qué se presentaba la Guardia Civil pidiéndonos la autorización. Es una fiesta donde tiramos seis voladores el sábado a la hora de comer, una docena durante la procesión y otra docena a las siete de la tarde el lunes con el reparto de bollo. La fiesta se hace todos los años y nunca tuvimos el más mínimo problema”, corrobora el presidente.

Nacho lamenta que la vecina no hubiera hablado previamente con la organización, pero incide en que la asociación siempre ha velado por el buen desarrollo de la fiesta y la convivencia entre vecinos.

“Es una pena, pero la única interacción que tuvimos con ella fue a través de esa denuncia”, ratifica.

Unas acusaciones que la presidenta de la protectora ha desmentido tanto en nombre propio como a través de su abogado. Ambos aseguran que son totalmente falsas.

Rosa Ana afirma que ella jamás llamó o denunció a los vecinos y mucho menos por los voladores. Según ha explicado, “solo constan las denuncias que me hicieron los vecinos a mí en el Seprona. Pero ninguna a mi nombre, ni ningún hecho denunciado por mi parte. Además de que jamás entraría en batalla, sería bastante torpe por mi parte denunciar algo que es legal”, ha añadido.

Convocada una manifestación en Siero

Por otro lado, el próximo domingo día 28 de abril, hay convocada una manifestación en apoyo a la protectora y a su propietaria. La protesta partirá a las 12 del mediodía de la plaza de Les Campes, seguirá hasta el Parque Alfonso X “El sabio”, junto al Ayuntamiento de Siero.

En el cartel donde se anuncia esta manifestación se pide a la ciudadanía que se sume a sus reivindicaciones para garantizar el bienestar de los animales.

“Somos Sherpa, Sugar, Pluto y Chispa. Llevábamos viviendo juntos cuatro años en una casa de acogida que nos brindaba cuidados y protección hasta que alguien nos adoptase. El ayuntamiento dio 24 horas para que saliéramos de allí, sin importar a dónde y mucho menos nuestro bienestar. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que se respeten nuestros derechos”, reza el cartel con las imágenes impresas de los perros donde se pide ayuda para evitar su separación y la continuidad de la labor altruista de la protectora.

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