Un hombre recibirá 30.000 euros por los 566 días que estuvo preso en la cárcel de Asturias por un asesinato que no cometió

El ovetense J.L.D.R., de 56 años, permaneció ingresado 566 días en el Centro Penitenciario de Asturias como preso preventivo por el denominado “crimen de Salesas”, por la muerte a puñaladas del novio de una antigua pareja sentimental suya. Un asesinato, perpetrado el 27 de junio de 2017, del que fue absuelto por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Asturias.

La sentencia absolutoria fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y posteriormente por el Tribunal Supremo (TS). Seis años después del crimen, la Audiencia Nacional le acaba de conceder una indemnización de 30.000 euros, de la que responderá el Estado, por los daños morales ocasionados por el tiempo que pasó encarcelado siendo inocente.

Los siete votos a favor de su no culpabilidad frente a los dos votos en contra emitidos por los miembros del jurado fueron la clave para su puesta en libertad en 2019. Lo primero que hizo J.L.D.R. tras ser absuelto fue proclamar su inocencia; la misma que había repetido durante dos años a lo largo del procedimiento judicial. En aquella ocasión ya anunció que barajaría la posibilidad de recurrir para que le fuera indemnizado el daño moral ocasionado por el tiempo que había permanecido preso por un crimen que no cometió y del que acaba de obtener la resolución favorable de la Audiencia Nacional.

El jurado había tenido en cuenta dos factores claves para inclinar la balanza a favor de la no culpabilidad: por un lado, no había pruebas contundentes para certificar sin género de dudas que estaba implicado en el crimen y, por otro, al concluir los peritos que todas las pruebas practicadas revelaban que su ADN no aparecía entre los restos del cuchillo utilizado presuntamente para perpetrar el asesinato que, a día de hoy, sigue estando impune por falta de autoría.

“Siempre seré el asesino a pesar de ser inocente”

J.L.D.R. apenas permaneció unos días en Asturias tras ser declarado no culpable y posteriormente se trasladó a vivir a Tenerife, donde continúa residiendo en la actualidad. Antes de abandonar el Principado, explicó a la prensa las razones de su marcha. Según su relato, estaba convencido de que en Oviedo estaría “marcado para siempre” por su detención y entrada en prisión.

“Aquí siempre seré el asesino a pesar de ser inocente. Eso es lo que queda en la calle”, fueron sus palabras.

Al llegar a Tenerife contactó con un abogado para reclamar al Estado los daños y perjuicios ocasionados por el tiempo que permaneció en prisión. Su detención se había producido el 29 de junio de 2017 y había permanecido privado de libertad desde entonces hasta el 17 de enero de 2019.

Su letrado presentó un recurso donde cuantificaba el daño en 164.500 euros; una cantidad económica que la Audiencia Nacional ha rebajado a 30.000 euros.

Su defensa alegó a favor de su solicitud de indemnización que estuvo preso por “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que le ha causado unos claros y evidentes perjuicios que deberían ser necesariamente resarcidos”.

Entre las razones que citaba para ser indemnizado figuraban las consecuencias personales y familiares de verse obligado a dejar Asturias y desplazarse a vivir a Tenerife, al sentir que socialmente su reputación había quedado dañada.

“Ese exilio ha supuesto que estuviera alejado de su madre de avanzada edad, quedando así rota la convivencia familiar y la ayuda mutua que se prestaban”, mantuvo. También alegó que su honorabilidad se había visto afectada para siempre por la trascendencia mediática del caso y que llegó a vivir en la calle.

La repercusión en su vida personal y familiar

La Audiencia Nacional recuerda en su sentencia que el Tribunal Supremo (TS) ha establecido como criterio general que tendrá derecho a indemnización todo aquel que después de haber sufrido prisión preventiva, sea absuelto.

El Tribunal Constitucional (TC) va más allá y no diferencia entre personas que queden libres de cargos por falta de pruebas o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se demuestre la existencia de perjuicios.

En este caso, la Audiencia estima que procede indemnizar a J.L.D.R. por los 566 días que permaneció en prisión preventiva, por lo que le privaron “sin duda de mantener y desarrollar su vida personal y familiar”.

No obstante, no acepta que se incluya el traslado a Canarias dentro de esos daños, porque el acusado había residido durante un largo tiempo en Tenerife antes de su detención y porque ha seguido aportando en esta causa como domicilio legal una dirección de Asturias.

Un crimen que ha quedado impune

J.L.D.R. había centrado desde el principio las sospechas de los encargados de la investigación policial. Él había sido pareja sentimental de la novia del hombre asesinado, que fue identificado como José Manuel Fernández Vázquez, conocido como 'Lolín', de 59 años.

José Riera, portero del inmueble número 8 de Salesas, había hallado el cadáver de J.M.F.V. a primera hora de la mañana del 27 de junio de 2017 cuando entró en el cuarto de basuras situado en el sótano del edificio.

El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia. A escasos metros del cadáver aparecieron un cuchillo, unas muletas con las que se ayudaba a caminar debido a que tenía una pierna amputada, una caja de cartón acuchillada y el pasador de la correa de un reloj. La autopsia reveló posteriormente que había recibido dos puñaladas con el arma blanca aprehendida, en pulmón y corazón.

El fallecido y su pareja sentimental llevaban poco tiempo residiendo en el piso tercero del inmueble número 8 de la Plaza Primo de Rivera; un edificio donde viven 297 vecinos que se enteraron del hallazgo del cadáver ante la llegada de Policía, médico forense y juez de guardia para proceder al levantamiento del cuerpo.

Se daba la circunstancia de que cuatro días antes del crimen, J.M.F.V. había encontrado a su novia muerta encima de la cama en el domicilio que ambos compartían en Salesas.

Dos días después del asesinato de 'Lolín', era detenido J.L.D.R. La Fiscalía del Principado de Asturias había solicitado su encarcelamiento al estimar la posible existencia de riesgo de fuga y destrucción de pruebas y el juez encargado del caso decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Asturias en enero de 2019. La Fiscalía solicitó para él 25 años de cárcel. Su abogado defensor, Luis Tuero, pidió la absolución por falta de pruebas y el jurado asumió sus tesis. Tras su salida de prisión, comenzó su nuevo periplo judicial para tratar de lograr la indemnización que ahora se le ha reconocido. Entre tanto, el crimen de Salesas sigue sin esclarecerse.