Miles de personas claman en Oviedo contra el peaje del Huerna el día después de que Transportes descarte suprimirlo

Miles de personas llenaron esta tarde las calles principales de Oviedo en una manifestación histórica en la que se solicitaba el fin del peaje del Huerna. La concentración, que llevaba días anunciada y que fue convocada por la Alianza por las Infraestructuras del Principado, se celebra un día en el que los ánimos están exaltados, ya que justo ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestaba que la tasa se va a seguir cobrando.

Pese a que la pórroga del peaje, aprobada en el 2000, fue declarada ilegal por la Comisión Europea, el Gobierno central considera que este informe no es vinculante y descarta tumbar el cobro del peaje al menos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie.

Cuestión de “justicia”

La sociedad ha tomado las calles de la capital asturiana reclamando que el peaje se elimine. Gobierno, represantes políticos de todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta, el propio presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres; sindicatos, asociaciones y ciudadanos han tomado las calles para reinvidicar el fin de pago que consideran que es una cuestión “de justicia”.

La manifestación ha comenzado pasadas las 17:30 horas en la estación de tren de Oviedo y ha continuado por la céntrica calle Uría de la capital del Principado hasta finalizar en la Plaza de la Escandalera, donde se ha leído un manifiesto en defensa de la supresión del peaje.

Cuatro años

Las gaitas han acompañado todo el recorrido y se colocaron detrás de una enorme pancarta en la que podía leerse “Asturias Unida. Fin al Peaje del Huerna”. La manifestación, que según los datos de la Policía ha congregado a unas 5.000 personas, se ha celebrado justo cuando se cumplen cuatro años de la fecha prevista para la finalización del peaje del Huerna antes de que el Gobierno del PP acordara su prórroga hasta 2050.

La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque, a su entender, son contrarias a las normas europeas de licitación pública. España extendió en el año 2000 las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, de acuerdo al dictamen de la Comisión Europea.