El grito de “we want trade, not aid” (“queremos comercio, no ayuda”) empezó a oírse con fuerza en los años ochenta. Los trabajadores y trabajadoras de lo que entonces se conocía como Tercer Mundo reivindicaban políticas comerciales justas que les garantizaran igualdad de condiciones en las reglas del comercio internacional. Reclamaban, en definitiva, la oportunidad de salir de la pobreza a través de su propio trabajo.
Pero no solo se desoyeron esas reivindicaciones, sino que desde entonces hasta hoy se han instaurado normas injustas en el juego del comercial internacional. Se condena así al más pequeño a la pobreza, mientras que las grandes empresas crecen de tamaño y acumulan cada vez más riqueza y poder. Sirva como ejemplo decir que el 70% de la comercialización de alimentos del mundo está en manos de apenas diez empresas.
Es en este marco en el que el Comercio Justo sirve de alternativa comercial y posibilita el acceso de productores y productoras del Sur a mercados que, como el europeo, están copados por grandes compañías. Y además, garantiza salarios dignos por su trabajo, el cuidado del medioambiente y el acceso a la educación para niños y adultos.
Ante esta realidad las instituciones públicas europeas toman distintas medidas orientadas a impulsar el Comercio Justo como alternativa al comercio tradicional y ayudar así a que las y los productores del Sur tengan la oportunidad de salir de la pobreza por sus propios medios.
Los ejes de acción de las instituciones europeas se centran en sensibilizar y educar al ciudadano, regular el Comercio Justo para facilitar su venta y facilitar la compra de estos productos por parte de entidades públicas. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó una nueva Directiva en 2014 sobre compra pública que permite incorporar criterios de Comercio Justo en las contratas de los Estados Miembro.
Gobiernos de distintos países europeos han visto además que a través del Comercio Justo pueden promover políticas e iniciativas que ya impulsan desde otros ámbitos: desarrollo, medioambiente, consumo responsable y educación en valores.
En Francia, por ejemplo, la creación en 2007 de la Comisión Nacional del Comercio Justo sirvió como marco de garantías al consumidor acreditando oficialmente a las organizaciones de Comercio Justo. Desde 2013 el Plan de Acción Nacional de Comercio Justo estimula su consumo doméstico, ampliando el número de productoras y productores beneficiados y duplicando los puestos de trabajo en el sector en Francia.
Por su parte, en Reino Unido el apoyo de instituciones públicas ha tenido un gran impacto en las ventas, pasando de 37 millones en 2002 a 1.700 millones de euros en 2012. El Comercio Justo llega a la gran distribución de la mano del departamento para el Desarrollo Internacional. Creado en 1997 por el gobierno central tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre temáticas de desarrollo, al tiempo que apoya el programa Ciudades por el Comercio Justo. Esta iniciativa pone al Ayuntamiento (o administración similar) como eje impulsor del consumo de Comercio Justo en cada localidad a través de administraciones, comercios, empresas y asociaciones. Desde pequeñas localidades rurales hasta grandes capitales como Londres, París o Bruselas ya se han convertido en Ciudades por el Comercio Justo.
Mientras que el gasto anual medio por habitante en Comercio Justo de la Unión Europea es de 10.74€ por habitante, en España es apenas de 0,71 céntimos, según el último informe de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Esto nos pone a años luz de países de nuestro entorno como Italia, con un 16.63 € o Suiza, que tiene el gasto medio más elevado con una media de 43.94€ por persona/año.
A diferencia de otros países europeos donde el apoyo por parte de los gobiernos centrales es claramente de impulso de ventas, de difusión y de educación a la ciudadanía, en España el respaldo de las instituciones nacionales al Comercio Justo se queda en el plano de la educación para el desarrollo y las buenas intenciones.
Las instituciones locales españolas también tienen la oportunidad de impulsar el Comercio Justo a través del programa Ciudades por el Comercio Justo. Y así lo hacen 13 ayuntamientos que han conseguido cumplir con todos los criterios exigidos. Por mencionar algunas: Córdoba, León, Madrid…
En el caso concreto de Madrid se viene dando un respaldo al Comercio Justo desde el Ayuntamiento, orientado sobre todo a la difusión a la ciudadanía, la implicación de distintos agentes sociales y la inclusión del Comercio Justo en los pliegos de compra pública.
El 23 de septiembre el equipo de la nueva Alcaldesa modificó el decreto de contención de compra y posibilita que las compras públicas sean de calidad, sostenibles y socialmente responsables. Parece ser un paso más encaminado hacia una genuina compra pública ética.
La compra de Comercio Justo por parte de las administraciones públicas es prácticamente inexistente. De los 33.2 millones de euros de ventas de Comercio Justo que se realizaron en España en 2014, apenas 33.000€ se hicieron por parte de la administración pública.
Comparados con los éxitos de otros países europeos, no parece que los avances en España sean grandes, pero el compromiso ya está asumido. El reto ahora está en que los políticos elegidos en los comicios (locales y los próximos nacionales) se muestren sensibles con este tipo de iniciativas y materialicen estos compromisos en realidades.
La receta del éxito está clara: el impulso se debe hacer en torno a tres ejes de acción, que se han demostrado viables en otros países:
Educar al consumidor para darle criterios a la hora de decidir una compra que vaya más allá del análisis calidad/precio. Se trata de que tenga en cuenta otras referencias como, por ejemplo, el cuidado del medioambiente o las consecuencias sociales de producción.
Dar un marco oficial de referencia al consumidor y a las empresas para que conozcan qué es el Comercio Justo, tengan garantías de una producción justa y sepan identificar estos productos con sellos y certificados claramente definidos.
Incluir criterios de Comercio Justo en los pliegos de contrataciones de las administraciones públicas es especialmente importante. El elevado volumen de contrataciones que se realizan en la Administración supone una diferencia notable en las ventas, la visibilidad y la confianza que se genera tanto en las empresas como en los consumidores.
Se trata, en definitiva, de hacer valer la cercanía que ahora nuestros políticos reclaman tener con su pueblo y dar una respuesta decidida a la solidaridad que se exige desde la ciudadanía a las instituciones.
Sobre este blog
Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo independiente, aconfesional y apartidista que trabaja en América, África y Asia con programas de desarrollo integral a largo plazo en diferentes ámbitos para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, así como el de las familias y comunidades a través de proyectos autosostenibles y actividades de sensibilización.
