Los países que más contaminan conocían los riesgos climáticos décadas antes de lo que admiten en los tribunales
El ovillo lo empezó a deshilar Vanuatu, una pequeña república insular del Pacífico de apenas 320.000 habitantes. Amenazada por el aumento del nivel del mar, sus representantes jurídicos presentaron a principios de esta década una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) para aclarar la responsabilidad de los países en la batalla por frenar el calentamiento global. Hace justo un año, los 15 jueces del máximo tribunal de la ONU concluyeron por unanimidad que no luchar contra el calentamiento suponía una violación del derecho internacional. También que los Estados más afectados por los daños que acarrea la crisis climática —menos responsables por sus bajas emisiones— están habilitados a exigir reparaciones en los tribunales.
En aquella histórica opinión consultiva, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, señalados como principales responsables del nuevo —y peligroso— clima se defendieron argumentando que hasta finales de la década de los 80 no tuvieron conocimiento de los peligros del cambio climático provocado por los combustibles fósiles. Sin embargo, el archivo científico —una cronología publicada en una investigación que acaba de ver la luz— contradice esta tesis.
El informe, elaborado por los abogados del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), revela que numerosos gobiernos conocían desde hace décadas —incluso desde finales del siglo XIX— que la quema de combustibles fósiles iba a elevar la temperatura del planeta y que sus consecuencias serían graves para las personas y los ecosistemas.
Basándose en archivos gubernamentales, informes científicos, memorandos oficiales y otros registros, el estudio Alertas tempranas: conocimiento gubernamental del cambio climático y responsabilidad legal por los daños climáticos concluye que los funcionarios de muchos de los países que son los mayores emisores históricos del mundo, tenían advertencias muy creíbles sobre los riesgos climáticos de los combustibles fósiles desde al menos la década de 1960 y, en algunos casos, incluso antes.
Los datos recopilados “refutan directamente” los argumentos presentados por varios Estados con altas emisiones ante la CIJ, según los cuales no cabía esperar que los gobiernos actuaran en materia climática antes de finales de la década de 1980, cuando empezaron las negociaciones que derivaron en la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Por el contrario, los registros históricos demuestran que estas administraciones tuvieron acceso a evidencia científica, financiaron investigaciones sobre el clima y debatieron los riesgos de las emisiones de combustibles fósiles mucho tiempo antes.
El hallazgo, explican sus autores, trasciende el “interés histórico”. Tiene relevancia jurídica. Puede servir para demostrar que los Estados incumplieron durante décadas su obligación de prevenir el daño climático. “Los gobiernos han argumentado que no podían actuar porque desconocían la situación. Sin embargo, los datos históricos demuestran lo contrario”, explica Lindsay Fenlock, investigadora principal de CIEL. “La evidencia científica que hemos recopilado demuestra que los peligros de los combustibles fósiles no surgieron de la noche a la mañana a finales de la década de 1980. Los gobiernos ya tenían información contrastada décadas antes. Esta evidencia es importante porque la responsabilidad por la crisis climática no solo depende de lo que los gobiernos hicieron o dejaron de hacer, sino también de lo que sabían y cuándo lo supieron”, añade.
El informe documenta que los gobiernos recibieron repetidas advertencias de que el uso continuado de combustibles fósiles podría provocar un aumento de las temperaturas y del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos y daños ambientales generalizados. Sin embargo, la producción y el consumo de combustibles fósiles “siguieron expandiéndose” después de que esos riesgos se volvieran previsibles.
Nikki Reisch, directora del Programa de Clima y Energía de esta organización, revela que “una de las mayores injusticias de la crisis climática es que gran parte de ella era evitable”. “Una vez que los Estados supieron de estos impactos, tenían el deber legal de actuar. Este informe ayuda a determinar cuándo surgió ese deber y si décadas de demora conllevan consecuencias legales en la actualidad. En medio de olas de calor mortales y un aumento constante del nivel del mar, este informe nos recuerda cuánto daño se podría haber evitado si el conocimiento temprano de los gobiernos sobre el cambio climático no se hubiera topado con las campañas de negación, engaño y dilación de la industria de los combustibles fósiles”, subraya esta abogada.
Las evidencias
En el caso de Estados Unidos, el país que más dióxido de carbono ha emitido en toda la historia, la cronología del informe comienza en 1859, cuando el físico irlandés John Tyndall demostró experimentalmente que gases como el CO2 “atrapaban el calor en la atmósfera”, sentando las bases del efecto invernadero.
En 1896, el químico sueco Svante Arrhenius fue un paso más allá, al calcular que duplicar la concentración de CO2 podría elevar significativamente la temperatura media del planeta. Aquellos descubrimientos científicos, revela este documento, cruzaron el océano Atlántico y llegaron a los oídos de los políticos norteamericanos. No en vano, a lo largo del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en el principal impulsor de la investigación climática.
En 1938, el ingeniero británico Guy Stewart Callendar presentó evidencias de que la temperatura global ya estaba aumentando como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Dos décadas después, el científico estadounidense Charles David Keeling comenzó a medir de forma sistemática la concentración de CO₂ en el Observatorio de Mauna Loa (Hawái), dando origen a la célebre Curva de Keeling, que mostraba un incremento continuo del dióxido de carbono en la atmósfera. En 2026, los datos del observatorio indican que el CO2 superó las 430 partes por millón (ppm), nuevo récord histórico.
Para mediados de siglo, las advertencias ya habían llegado a Washington. En 1965, el President's Science Advisory Committee, órgano asesor científico de la Casa Blanca, entregó al presidente Lyndon Johnson un informe que alertaba de que la quema continuada de combustibles fósiles estaba alterando la composición de la atmósfera y podría provocar un calentamiento global con cambios de gran alcance en el clima.
Según Fenlock y Reisch, esta cronología demuestra que las autoridades estadounidenses no solo tuvieron conocimiento científico sólido décadas antes de la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) o de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, “sino que recibieron advertencias oficiales cuando aún era posible actuar con mucha mayor anticipación”.
Estados Unidos no fue una excepción
La investigación reconstruye cómo entre las décadas de 1960 y 1980 otros países industrializados también recibieron advertencias científicas cada vez más precisas sobre las consecuencias de seguir quemando carbón, petróleo y gas.
En Reino Unido, uno de los países con mayor tradición en investigación atmosférica, científicos del Met Office —el servicio meteorológico nacional— y de universidades británicas participaron desde los años 60 en estudios internacionales sobre el aumento del CO2. Ya en esa fecha, el Gobierno tuvo acceso a informes que vinculaban el crecimiento de las emisiones con un calentamiento global de origen humano.
En Alemania Occidental, el debate científico sobre el clima llegó a las instituciones políticas en la década de 1970. Investigadores alemanes participaron en programas internacionales impulsados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otras organizaciones científicas. Para ese entonces, según los datos obtenidos, las autoridades seguían de cerca las evidencias sobre el efecto de la industria fósil en la atmósfera.
El informe también sitúa a Canadá, Noruega, Australia e Italia entre los países que disponían de información suficiente para comprender la magnitud del problema décadas antes de la adopción de los grandes acuerdos climáticos internacionales. La Guerra Fría no impidió que este conocimiento científico cruzara el Telón de Acero. Científicos de la Unión Soviética participaron desde los años setenta en programas internacionales sobre cambio climático y compartieron con colegas occidentales investigaciones que advertían de las “preocupantes consecuencias” del aumento del dióxido de carbono.
Al cabo, el trabajo del CIEL saca a la luz que la acumulación de estas evidencias confirma que el conocimiento del riesgo climático no fue patrimonio de un solo país ni el resultado de un descubrimiento tardío en los años 90. Por el contrario, existió un documentado consenso científico, conocido por numerosos gobiernos durante décadas, que no alteró los planes de crecimiento y expansión de la industria de los combustibles fósiles.
1