"Ya nos han hecho mucho daño, nos han dividido": un vecino del pueblo de Salamanca donde hay proyectada una mina de uranio

Zona de explotación en Retortillo (Salamanca).

"En esta casa no se habla de la mina", sentencia una voz femenina al otro lado del teléfono. Es la mujer de Eustaquio Martín Herrero, el actual alcalde de Retortillo, un pequeño pueblo de Salamanca. No está disponible, dice, pero, si lo considera oportuno, devolverá la llamada, cosa que no llega a ocurrir.

El ambiente en esta localidad salmantina de apenas 200 habitantes lleva caldeado por lo menos diez años, desde que la empresa Berkeley Minera España, filial de la compañía australiana, mostrara interés en explotar comercialmente los yacimientos de uranio de la región. Lo que plantea la compañía es un proyecto mastodóntico que aspira a ser la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa y que atravesará un área protegida de la Red Natura 2000.

Pasada ya una década, la empresa sigue enredada en papeleos y recursos para llevar a cabo su plan, cuya ejecución, tras una serie de reveses burocráticos, había pospuesto para 2020. Además de la mina, Berkeley quiere construir una planta de concentrados de uranio –donde preparar el combustible nuclear– y un almacén de residuos radiactivos. Esta última parte llevó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a interrumpir en 2018 el expediente de tramitación, al considerar que necesitaba más información sobre la gestión de desechos altamente radiactivos.

Pese a que el proceso sigue paralizado, este mes de mayo Berkeley anunció que está "lista para invertir" 87 millones de euros para comenzar a construir las instalaciones del complejo, con el que promete generar unos 500 puestos de empleo ya en 2020. La compañía incluso lo ha presentado como "uno de los proyectos económicos más relevantes para la región, sobre todo en el próximo periodo de recuperación económica que tocará vivir tras la Covid-19".

Pero antes de arrancar debe reunir todos los permisos necesarios. Y esto es precisamente lo que ha agitado a los activistas contrarios al proyecto, en su mayoría residentes de Retortillo y de las localidades colindantes Villares de Yeltes y Villavieja de Yeltes, que también se verían afectadas por la actividad minera y de la planta. "Ya nos han hecho mucho daño, nos han dividido. Hay vecinos con los que ahora no me hablo", confiesa José Ramón Barrueco sobre su pueblo, Villares de Yeltes. Barrueco es el portavoz de Stop Uranio, la plataforma de unos 200 socios que se está movilizando para impedir la construcción de la mina.

En 2011, Berkeley firmó un acuerdo de colaboración "para el mantenimiento de buenas relaciones" con los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Las entidades locales se comprometían a "agilizar todos los trámites administrativos necesarios que solicite la compañía" "en reconocimiento del esfuerzo inversor a realizar por Berkeley". Todo ello pasaba, precisaba el convenio, por "la emisión de informes favorables" y por "la concesión de licencias de obra, apertura, actividad y demás permisos municipales solicitados por la compañía". Sólo Villavieja de Yeltes recibió, según explica su propio alcalde, Jorge Rodríguez Martín, un total de 90.000 euros que "se dedicaron a dos obras de mejora de accesibilidad en el centro de jubilados y en el ayuntamiento".

Su firma figura en el acuerdo, pero en 2016 Rodríguez Martín rompió las "buenas relaciones" con la minera y se cambió de bando, un paso que le costó la credibilidad como edil entre sus vecinos y, en especial, la confianza de los "antimina radicales", lamenta. Ahora dedica buena parte de su tiempo a investigar a Berkeley, una lucha personal que exhibe en su canal de YouTube. El giro se debió a que en 2016 la empresa añadió, "en plenas hostilidades", un yacimiento nuevo a su proyecto, el de la "zona 7", que estaba muy cerca de las escuelas de su pueblo, "a solo 150 metros".

"Desde 2008 hasta mayo de 2012 Berkeley venía de la mano de Enusa. En esta comarca, Enusa operó con bastante prestigio y yo sentía cierta seguridad con su presencia. El proyecto me daba confianza y aunque nunca he sido un defensor de la energía nuclear, en aquellos tiempos la crisis estaba en su momento más álgido. Me pudo la idea de los puestos de trabajo", se justifica.

Algunos residentes fueron contratados por la minera. Incluido el anterior alcalde de Retortillo y tres concejales, querellados en 2018 por Stop Uranio, que los acusó de cometer delitos de cohecho. El Juzgado de Instrucción desestimó el recurso. "Consideró que en un pueblo tan pequeño la gente al final se tiene que ganar la vida", interpreta Barrueco. Mientras, otros tantos aún ven la promesa del empleo a la vuelta de la esquina y los que se oponen al proyecto aluden a cuestiones ambientales y de salud pública. Se declaran en contra de la destrucción del hábitat (incluida la tala de encinas que la minera comenzó en 2017, sin permiso), y de que su río, el Yeltes, quede contaminado una vez esté operativa la planta.

Pero, sobre todo, no quieren "acabar respirando polvo de uranio". "El problema de salud de la minería de uranio es que cuando se hace la molturación –se tritura el material– despeja unas partículas que el viento puede diseminar incluso a largas distancias y que emiten una radiación, llamada alfa, que al inhalarse se sitúa dentro de las células y altera su funcionamiento", explica Eduardo Rodríguez Farré, médico e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. "Lo usual es que aumente el riesgo de padecer cáncer al plazo de 10 ó 20 años. Y hay otras alteraciones, como la inmunidad o la de regulación de los ácidos nucleicos, que son a más corto plazo", agrega.

La batalla ahora se libra en el terreno administrativo, en concreto sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que necesita cualquier iniciativa de este tipo para desarrollarse. Ante el riesgo de que se reanudasen los trámites paralizados, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes solicitó a la Junta de Castilla y León que diera por caducada la DIA. La Junta la aprobó en 2013 y fijaba un plazo de cinco años para que la empresa comenzara a ejecutar el proyecto.

En esos cinco años este no logró ponerse en marcha. Todavía no tenía –ni tiene– la licencia urbanística, un requisito esencial para realizar cualquier obra. También falta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de luz verde al proyecto, y para ello debe contar con el informe previo y favorable del CSN, el cual, por ahora, tampoco se ha emitido. El resultado es que a fecha de junio de 2020, sigue sin haber mina.

Contactada por email, Berkeley Minera España insiste en que "la empresa considera que la DIA está en vigor y que no hay ninguna motivación para su caducidad". Defiende que la propia declaración especifica que esta caducará "si en el plazo de cinco años tras la autorización o aprobación del proyecto" no se hubiera empezado a ejecutar, y no tras la aprobación de la DIA, como arguyen los antimina.

Así, y como aún no tiene el proyecto aprobado, entiende que dicho plazo ni siquiera habría comenzado. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se basó en otro criterio totalmente diferente para rechazar hace dos semanas la solicitud de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental. Su argumento es que ya han comenzado "diversas labores de ejecución del proyecto" y citan, en concreto, el desvío de la carretera SA-322 y la realización del vallado perimetral, acciones que tuvieron lugar entre 2016 y 2017. La cuestión es que esas labores preliminares de infraestructura fueron denunciadas por los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriéndose un expediente sancionador por haberse realizado sin la necesaria licencia urbanística y sin la autorización de uso especial del suelo, concedida más tarde, en julio de 2017, por la Junta. Por otro lado, la minera fue multada con 8.000 y 10.000 euros por las prospecciones.

La pelota ahora está sobre el tejado del Ayuntamiento de Retortillo, que de momento no ha concedido a Berkeley la licencia urbanística, y sobre el CSN, organismo que asegura estar trabajando sobre la evaluación preceptiva del proyecto con el que elaborará el informe que será dictaminado en el Pleno y elevado al MITERD, del que depende la autorización de construcción.

Cristina Rois, de la organización Ecologistas en Acción, forma parte del comité asesor del CSN que se reúne dos veces al año para resolver distintas cuestiones. La semana próxima tendrá lugar la primera sesión de 2020, y en ella preguntará por el estado de la evaluación. Rois cuestiona la rentabilidad del proyecto: "En España ya hubo minas de uranio que cerraron a finales del siglo pasado porque no eran rentables. El uranio es relativamente abundante pero disperso salvo en algunas zonas. Es una minería muy contaminante y según la cantidad que puedas extraer compensa, o no", advierte. El investigador Eduardo Rodríguez Farré también duda: "Es extraño lo de Berkeley porque han cerrado minas mucho más ricas en uranio en Canadá y sin embargo quieren abrir una en Salamanca, donde se extraía muy poco uranio y en un momento en que el mercado de uranio está abastecido de sobra".

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