Por una estrategia para alcanzar la “nueva normalidad” en el segundo semestre del año

La evolución de la pandemia en España se encuentra en un momento muy delicado. Por un lado, durante las últimas dos semanas se ha producido una disminución gradual del número de nuevos casos diarios y por consiguiente de la incidencia acumulada en catorce días. Pero las cifras siguen siendo aún muy altas y la incidencia media del país es 20 veces mayor que la necesaria para tener la suficiente seguridad sanitaria y alcanzar la meta de 25 por cien mil, que ha sido trazada y que recomiendan las organizaciones internacionales. No podemos echar las campanas al vuelo y actuar impulsiva y precipitadamente como si el virus no estuviese circulando ampliamente y no tuviésemos aún una importante transmisión comunitaria.

De hecho, aunque se aprecia una paulatina disminución de la presión asistencial en casi todas las comunidades autónomas, la ocupación de las UCI por casos de COVID-19 sigue aún muy elevada en la mayoría de ellas. Y aunque la cifra diaria de fallecimientos continúa siendo por desgracia muy alta, cabe esperar que estos dos indicadores comiencen también a disminuir en los próximos días.

Sin embargo, no hay que olvidar que en prácticamente todo el territorio español todavía estamos en el nivel extremo del semáforo acordado por el Consejo Interterritorial por lo que lo más adecuado, desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública, es sostener las medidas restrictivas que están asociadas a la alerta extrema que establece el propio marco emanado de un ejercicio de cogobernanza sanitaria.

Sin embargo, la tentación de abandonar este esfuerzo reaparece entre algunos sectores y gobiernos autonómicos. Aumentan las presiones para relajar las medidas de restricción de movimientos y las limitaciones al desarrollo de ciertas actividades económicas, sobre todo en los sectores de la restauración y el ocio nocturno, aunque no solo en ellos. Algunas comunidades ya han anunciado movimientos en ese sentido.

Particular impacto ha tenido una disposición del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dejando sin efecto el cierre de bares y restaurantes en esa comunidad autónoma, así como las declaraciones del presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal el día antes de hacerse pública. Sus opiniones sobre la epidemiología y los epidemiólogos, que han motivado el rechazo de varios colectivos profesionales, revelan un desconocimiento preocupante tanto sobre el papel de estos profesionales como sobre las condiciones en que se desarrolla la actual pandemia.

Su decisión tiene un potencial efecto negativo en la salud del conjunto de la ciudadanía porque más allá de los eventuales informes periciales en los que se haya basado la decisión y el auto del TSJV, ciertamente no parecen estar sustentados en la evidencia científica de carácter epidemiológico, ni en la experiencia de las intervenciones en materia de salud pública que están dando sustento a la lucha contra el virus y a la gestión de la pandemia en la mayor parte del mundo.

Por citar solo dos ejemplos, este juez desconoce que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicó el pasado 11 de septiembre un estudio del cual concluyó que “comer y beber en lugares tales como restaurantes pueden ser factores de riesgo importantes asociados con la infección”, estimando que el riesgo de contagio era casi dos veces mayor entre quienes habían acudido a estos establecimientos que entre quienes no lo habían hecho. También desconoce el estudio observacional del Instituto de Biología Computacional de la Universidad Politécnica de Barcelona sobre el uso de las mascarillas en exteriores de pequeñas tiendas, supermercados, bares y terrazas, y parques públicos, el cual concluyó que, de estos cuatro ambientes, eran precisamente los bares y terrazas el lugar donde menos y peor se usaban.

También desconoce lo que el sentido común y la experiencia diaria enseñan: que los restaurantes y los bares y sus terrazas, junto quizá con los locales de ocio nocturno, tienen como característica esencial que necesariamente hay que quitarse la mascarilla para hacer lo que se acude a hacer allí, es decir, comer, beber y hablar con las personas con quienes se ha quedado.

Aunque tal vez sentido común sea mucho pedirle a alguien capaz de afirmar públicamente cosas como “supongamos que suben un 2000 por ciento las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva”. Un ejemplo que, como poco, implica desconocer la existencia de un medio tan eficaz para este tipo de situaciones como el preservativo, que ha sido la medida recomendada por los epidemiólogos para el control de enfermedades de transmisión sexual y para contener la diseminación de VIH, y cuyo efecto positivo se ha documentado desde hace décadas.

Contra lo que este juez sostiene, la epidemiología y la salud pública han avanzado bastante desde la Edad Media. Por ejemplo, permiten hacer inferencias razonables sobre los posibles efectos de adoptar unas políticas públicas u otras, o de adoptar unas conductas individuales u otras. Permiten, por ejemplo también, atribuir los mejores resultados en el control de los brotes en países como Australia y Nueva Zelanda (por no mencionar a otros países asiáticos de características culturales muy diferentes a las europeas) a la adopción rápida de medidas contundentes de control de la transmisión, incluidos los cierres de las actividades económicas no esenciales y los confinamientos domiciliarios. Rapidez y contundencia que se han echado en falta en Europa, y particularmente en España, desde el verano pasado.

En nuestro país, tanto la segunda como la tercera ola se produjeron porque, erróneamente, se contrapuso la economía a la salud y se pretendió salvar aquella relegando a esta. Se actuó con lentitud cuando los casos aumentaban y se aliviaron con rapidez las restricciones en cuanto empezaban a bajar. Se olvidó que solo si abatimos de forma importante la transmisión del virus y protegemos la salud de la población y el funcionamiento del sistema sanitario se podían recuperar la movilidad y la economía.

No hemos recuperado la economía y además hemos pagado un coste muy alto en vidas y en sufrimiento. Estas consideraciones siguen siendo muy importantes en estos momentos. Otros países europeos (Reino Unido, Irlanda, Portugal, Francia, Alemania) lo han aprendido mejor que nosotros. En casi todos los casos mantienen restricciones más severas con incidencias más bajas que las nuestras. Y las han mantenido, o prevén mantenerlas, durante más tiempo. Por su parte, la OMS acaba de alertar a España sobre el riesgo de relajar las medidas demasiado pronto.

Si se analizan las curvas de la pandemia en las distintas comunidades puede verse que no todas son iguales y que aquellas que han aplicado medidas más restrictivas, como Asturias, Cataluña o Navarra, han tenido una menor incidencia, mortalidad y presión asistencial en la tercera ola que en la segunda. En cambio, aquellas que fueron más laxas en torno al periodo navideño, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Madrid, tienen una tercera ola que supera la segunda en incidencia y en mortalidad. Además, cabe apuntar que la mortalidad alcanza sus niveles más elevados cuando la presión asistencial es más alta.

En este sentido, se hace imprescindible una nueva estrategia si deseamos conseguir que la segunda mitad del año sea mejor que la primera y podamos reanudar una vida económica y social menos restringida y más llevadera.

Para ello, y durante las próximas cuatro a seis semanas, deberemos hacer básicamente dos cosas: seguir bajando drásticamente la transmisión hasta situarla en cifras lo más cercanas posible a los 25 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días y hacer lo necesario para sostenerla ahí; y, al mismo tiempo, aumentar rápidamente el ritmo de vacunación hasta situarlo lo más cerca posible de las 300.000 dosis diarias.

Lo primero depende, como ha dicho algún presidente autonómico, de tener paciencia y de no relajar las medidas. En todo caso, para cualquier cambio habría que ajustarse a los indicadores del semáforo aprobado en su día por el Consejo Interterritorial, evitando de paso que se acaben transformando en papel mojado. Para ello se necesita una nueva estrategia en la que el Ministerio de Sanidad debería reorientar su liderazgo influyendo más de lo que ha hecho hasta ahora en el cumplimiento de lo establecido en el semáforo, evitando pasos atrás que puedan dar lugar a una nueva ola que aleje la consecución de la “nueva normalidad” en el segundo semestre.

Además, es importante subrayar que no debe bajarse la guardia en cuanto al diagnóstico precoz, los rastreos retrospectivos exhaustivos, la realización de pruebas diagnósticas, los cribados focalizados en zonas o grupos de alto riesgo y el aislamiento efectivo de los positivos asintomáticos. Mantener e incluso intensificar la acción a este respecto es más fácil cuanto más bajas son las incidencias, lo que añade un motivo más para reducirlas cuanto se pueda.

Y, por supuesto, también habrá que conocer, mucho mejor que hasta ahora, la distribución territorial y la evolución temporal de las nuevas variantes del virus, sobre todo de la variante británica, algo en lo que la escasez y la imprecisión de la información resulta, a estas alturas, alarmante.

Probablemente, no bastará con la secuenciación genómica, costosa y lenta, para lograrlo, y habrá que recurrir a procedimientos complementarios de muestreo, como algunos tipos de PCR que ya se han usado en diversos centros, a fin de obtener una aproximación más realista y actualizada a su grado real de distribución. El Ministerio de Sanidad y las comunidades deberían trabajar rápida e intensamente en esto y ofrecer la suficiente transparencia al respecto. Todo menos seguir con los niveles actuales de oscuridad en un tema de tanta trascendencia y riesgo como este.

Lo segundo, aumentar rápidamente el ritmo de vacunación, depende del suministro de las dosis de vacunas y de nuestra capacidad de administrarlas adecuadamente. Respecto al suministro de las dosis todo parece indicar que en las próximas semanas este irá aumentando paulatinamente al resolverse los iniciales problemas de suministro de Pfizer y de AstraZeneca, y, sobre todo, por la aprobación de tres nuevas vacunas (Janssen, Novavax y Curevac). Hasta entonces la realidad es que recibimos medio millón de dosis por semana y necesitaríamos cuando menos dos millones. Durante las últimas ocho semanas hemos podido acceder a unos tres millones de dosis cuando habría sido necesario contar con 15 millones para alcanzar la velocidad de crucero necesaria para vacunar al 70 por ciento de la población al final del verano.

Es altamente probable que inmediatamente después de la Semana Santa (si no un poco antes) el ritmo de administración pueda dar un salto importante, a condición de disponer de suficiente personal capacitado y de una buena organización del proceso vacunal, en los términos que propusimos en nuestra anterior tribuna. Resulta alentador comprobar cómo en los últimos días las comunidades y el Gobierno parecen haber comprendido el carácter excepcional del esfuerzo y han acelerado los preparativos incorporando personal de diversas procedencias, de modo que ese dispositivo pueda estar organizado, como sería deseable, incluso antes del incremento de la llegada de dosis.

En resumen, la clave del momento actual radica en entender que si en 2021 queremos salvar la economía y hacer buenas las recientes previsiones de la Comisión Europea en el sentido de que este año España liderará la recuperación económica de la Unión, se requiere no aflojar ahora. Más bien al contrario. Interesa apretar tanto en las medidas de control de la transmisión como en el ritmo de vacunación. Lo peor que podríamos hacer es repetir algunos de los errores del pasado, propiciando así una cuarta ola en el peor momento: cuando aún no nos hemos recuperado de la tercera y la campaña de vacunación no ha conseguido todavía el ritmo necesario.

Se puede conseguir el objetivo de una “nueva normalidad” en el inicio del segundo semestre del año, con mejores indicadores de salud y mejores expectativas para la economía, si se actúa en los términos que acabamos de describir. Sin duda, se trata de una tarea de interés general que debe ser conducida con un liderazgo renovado por el Ministerio de Sanidad, cumpliendo y haciendo cumplir lo acordado en el semáforo y asegurando una estrategia eficaz de vacunación. Estamos en condiciones de lograrlo. No sin esfuerzo y sin sacrificios, por supuesto. Pero merece la pena, pues con ello salvaríamos vidas y, al mismo tiempo, porque nunca hubo contradicción alguna, ayudaríamos a salvar la economía en la segunda parte del año.