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Te habrás enterado ya de que ha empezado formalmente la campaña electoral. ¿El síntoma más evidente? Que ETA se ha convertido en el principal tema de debate de la política española. Y es que no falla: siempre que hablamos de ETA, es que estamos a pocas semanas de votar.
Que una banda terrorista que pasó a la historia hace una década sea el principal argumento electoral de la derecha en unas elecciones municipales y autonómicas es tan decepcionante como cansino. Así que no voy a insistir más: todo lo que tenía que decir sobre este asunto está en este artículo que publiqué ayer.
Hablemos mejor de otra cosa: de la justicia, que es uno de mis temas preferidos y está de plena actualidad.
Si algún día tienes que ir a juicio, no hagas lo que ha hecho José Manuel Baltar.
Al presidente de la Diputación de Ourense, –Baltar II, el segundo de su nombre en una dinastía que lleva tres décadas en ese sillón– le cazaron con un radar a 215 kilómetros por hora en el coche oficial. Lo que no solo es una enorme imprudencia: también es un delito penal, que le ha llevado a juicio. En un momento político que al PP le va muy mal.
Baltar ha hecho todo lo posible para que no haya sentencia antes de las elecciones. Ya te imaginas la razón: tener a un condenado al frente de una Diputación no parece lo más ejemplar para un partido que presume de “constitucionalista”.
Este martes, Baltar tenía que estar en Puebla de Sanabria (Zamora) para el juicio rápido por su récord de velocidad. Pero no se presentó. Argumentó que a su abogado le venía mal la fecha porque tenía otra cita en otro tribunal. Tampoco quisieron declarar por videoconferencia, a pesar de que existía esta opción.
La jueza, obviamente molesta, volvió a convocar el juicio para dos días después: para el jueves a las nueve de la mañana. Llegó esa hora y Baltar, de nuevo, no apareció. Tampoco su abogado. Solo mandaron un escrito, a través de un procurador, donde Baltar manifestaba “su voluntad de no comparecer en el día de hoy” con el surrealista argumento de que su abogado tenía clases de un máster. Es literal. No usaron la famosa excusa de que el perro se había comido los deberes de pura casualidad.
La jueza de nuevo respondió. Y le comunicó al señor presidente de la Diputación que, más allá de su “voluntad”, presentarse ante el juzgado no es opcional. Y que si seguía por ese camino le podría sancionar.
Lo habitual cuando un procesado no se presenta dos veces a un juicio es que se ordene su detención. Algo que esta vez no pasó. Porque unas horas más tarde, a las 13:30, Baltar al fin declaró, por vía telemática, ante la jueza. Que le dio esta tercera oportunidad (algo que con otros presuntos delincuentes tampoco es muy normal).
Agotada la vía de tomar el pelo a la jueza, Baltar cambió de estrategia. Se negó a aceptar la propuesta de condena que proponía la Fiscalía –seis meses de multa y un año sin carné de conducir– para forzar que no hubiera sentencia. La jugada le salió: el juicio rápido se cambiará por un juicio estándar, ante la Audiencia Provincial de Zamora. Que se celebrará el 31 de mayo: tres días después de las elecciones. Es un éxito para Baltar.
No es la primera vez que Baltar se fuma una cita judicial con una excusa peculiar. En otra ocasión, no fue al juzgado porque tenía un viaje a Eurodisney. Y coló.
Tras escapar del juzgado, el mismo jueves, Baltar arrancó la campaña electoral de Galicia, al lado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Por si alguien pensaba que conducir a 215 y esquivar a los jueces iba a tener algún reproche en el PP.
Si algún día tienes un juicio, si te sientan en el banquillo de los acusados, no intentes seguir la estrategia del cacique de Ourense. Dudo que a ti te vaya a funcionar.
Al hilo de las fugas judiciales del bólido Baltar, he recordado otro episodio no muy lejano al que, en su momento, se le prestó poca atención. Porque Baltar no es un pionero: solo sigue el camino que sus líderes marcaron antes que él.
En enero de este año, Alberto Núñez Feijóo fue llamado a declarar por una jueza que investigaba una demanda de varios afiliados del PP de Salamanca, que denunciaban una serie de irregularidades en el partido.
Pese a la citación judicial, el presidente del PP no acudió, y se pasó la mañana en Fitur. En un comunicado, argumentó que “no era presidente del PP en el momento en que se produjeron los hechos” y que en su lugar iría “personal técnico del partido al tanto de los datos requeridos”.
La jueza, como era de esperar, se enfadó. Porque las citaciones judiciales son personales e intransferibles, y es obligatorio acudir. “Que hubiera venido el señor Feijóo y me hubiera dicho que no sabe absolutamente nada de este asunto y no puedo informarle de nada. Está eludiendo la decisión de este juzgado”, criticó la jueza durante el juicio. Pero no hizo nada más: podría haberlo hecho, pero no le multó.
A Feijóo el desplante le salió gratis. Como es habitual.
Saltarse una citación judicial no tuvo ninguna consecuencia para Feijóo. Mentir en el juzgado tampoco tuvo ningún coste para Rajoy.
Si tienes buena memoria sin duda lo recordarás. En 2017, Rajoy fue llamado a declarar como testigo del caso Gürtel. Algo que al entonces presidente del Gobierno le sentó bastante mal. Desde el PP, hicieron lo imposible para evitar su declaración. Pero no lo lograron. Así que finalmente Rajoy tuvo que testificar.
Dato importante: en un juicio, los acusados tienen derecho a mentir. Pero los testigos no; están obligados por la ley a decir la verdad. Y si no lo hacen, cometen un delito de falso testimonio, que se condena hasta con dos años de prisión.
Ante los jueces de la Gürtel, Rajoy incumplió esta obligación. Y no lo digo yo: lo dice la propia sentencia de este caso, donde se recoge que su testimonio “no tuvo ninguna credibilidad” cuando negó la existencia de la caja B del PP y los sobresueldos. Una caja B que está ya más que probada en varias sentencias firmes.
Un año más tarde de la declaración ante el juzgado de la Gürtel, una de las acusaciones populares intentó denunciar a Rajoy por falso testimonio. Aquel intento no prosperó.
Quien sí prosperó fue el único juez de la Gürtel que votó a favor de absolver en ese juicio al Partido Popular. Se llama Ángel Hurtado y es el mismo magistrado que también intentó evitar que Rajoy fuera llamado a declarar. En 2020, el Consejo General del Poder Judicial en funciones lo ascendió al Tribunal Supremo. Un puesto vitalicio, hasta su jubilación.
En aquel momento, el CGPJ llevaba casi dos años con el mandato caducado. Una anómala situación que, desde entonces, ha ido a peor. Este año, el órgano de gobierno de los jueces cumplirá cinco años sin renovación. Todo un lustro, tanto tiempo como dura un mandato normal.
Esta semana, Feijóo ha vuelto a dejar claro que no va a cumplir con su mandato constitucional. No renovará el CGPJ mientras no se cambie la ley. Una postura ante la vida, que de nuevo, no intentes repetir en casa. Negarte a cumplir la ley hasta que la cambien por otra a tu gusto es muy probable que acabe mal.
Y mientras Feijóo deja otra vez claro que no va a renovar el CGPJ los jueces y fiscales españoles van a la huelga. ¿Contra el bloqueo del PP que está colapsando algunos importantes tribunales? Por supuesto que no.
“Es una huelga política”, argumenta Elisa Beni en este interesante artículo. Donde explica varios datos interesantes para entender la situación.
Resulta que el Gobierno ha propuesto una subida salarial de casi 500 euros al mes para los jueces y fiscales. No es poca cosa, teniendo en cuenta que ya son de los funcionarios públicos mejor pagados: cobran de media 75.000 euros brutos anuales, por encima de lo que se paga en otros países europeos .
La Unión Progresista de Fiscales preguntó a sus bases si aceptaban este acuerdo. Ganó el sí por el 94,81% de los votos.
Pero las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras no solo no consultaron a sus bases. Es que ni siquiera les trasladaron esta oferta, argumentando que no podían hacerlo por “el compromiso de sigilo” que tenían con el Gobierno. “Mentira cochina”, critica Beni. Con mucha razón.
Porque esta inédita huelga de jueces y fiscales en plena campaña electoral se ha convertido en una huelga política. A favor de una derecha que, en los juzgados, consigue milagros que nadie más puede lograr.
Advertencia: no intentes repetir por tu cuenta lo que hacen estos superhéroes del constitucionalismo. Porque tú no eres Baltar, ni Feijóo, ni Rajoy. Tomar a la Justicia por el pito del sereno a ti no te va a funcionar.
Que tengas una buena semana. Y si sales de viaje, no te pases de velocidad. Que tú no tienes coche oficial y tendrás que pagar las multas, el coche y la gasolina de tu propio bolsillo. Como si fueras uno más.
Un abrazo,
Ignacio Escolar
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