Hace unos días, la periodista Rosa Montero publicaba una de sus excelentes columnas, en la que recordaba el caso de Fina Fanjul, una abuela de Gijón, amante y defensora de los animales, que el pasado mes de noviembre fue multada con 300 euros por participar en Medinaceli (Soria), en una protesta contra el Toro Jubilo. La ‘fiesta’ consiste en convertir las astas del toro en dos teas ardiendo para que la gente del pueblo se divierta viendo sufrir al animal.
La protesta de Medinaceli se saldó con otras muchas multas similares a la de Fina, mientras por las calles del pueblo el toro corría aterrorizado ante el regocijo de la gente. Pero eso en España es considerado una “tradición”. Son muchos los que aseguran que el animal “no sufre” porque previamente se le coloca barro en la cara para que la cera, que lentamente se va derritiendo, no le cause daño en los ojos ni en la piel. Sin embargo, como explica muy gráficamente nuestra compañera Rosa Montero en su artículo, el animal padece tanto dolor que llega incluso a intentar quitarse la vida golpeándose contra cualquier muro, en su desesperación por zafarse del fuego.
“¿Soy la única persona a la que escandaliza que se proteja a los torturadores y se persiga a la gente civilizada?”, se pregunta Montero.
Por fortuna, no. No es la única. Cada vez son más las personas que están alzando su voz contra estos crueles festejos, aún a riesgo de ser sancionados con multas que ahora pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, o, en el peor de los casos, hasta con 1.000 o 1.500 euros.
La 'Ley Mordaza', una vuelta de tuerca más contra el activismo social
Eso, hasta ahora. Porque con la entrada en vigor de Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el pasado mes de marzo gracias a la mayoría absoluta del PP, y con el rechazo de toda la oposición, el Gobierno ha dado una vuelta de tuerca más contra el activismo social. Protestar sin solicitar previamente permiso para impedir que se lleven a cabo festejos en los que se haga sufrir a un animal puede conllevar ahora multas desorbitadas. Si hay “resistencia a la autoridad” o la Policía asegura que los participantes en estas protestas se negaron a disolver la concentración, la infracción podría ser considerada como “falta grave”, que conlleva una sanción de entre 601 a 30.000 euros. O “muy grave”, penalizada entre 30.001 a 600.000 euros.
Lo ratifica Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal. “Acciones que hemos hecho en Igualdad Animal, como saltar a la Pasarela Cibeles o saltar a plazas de toros, actos siempre pacíficos, que sólo duran unos segundos en los que desplegamos un cartel pidiendo respeto para los animales, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana nos podrían suponer multas de 30.000 a 300.000 euros. Es surrealista que se apliquen estas medidas a quienes defendemos pacíficamente a los animales, y que el maltrato animal que se da en la tauromaquia o en los festejos populares no solo sea legal sino que esté subvencionado con dinero público”.
Los ecologistas son los que salen peor parados de la bautizada ya como 'Ley Mordaza'. Un acto de protesta en una central nuclear que no cuente con autorización -es decir, todas, porque no se autorizan- puede acarrear un mínimo de 30.001 euros de sanción y hasta de 600.000 euros, ya que es considerada “falta muy grave”.
Mientras nuestros legisladores se aplican con ahínco en criminalizar a la ciudadanía por protestar o manifestarse en la calle, maltratar o matar animales sigue saliendo barato, por no decir gratis.
“Es un escándalo social”, afirma a El caballo de Nietzsche Chesús Yuste, exdiputado de las Chunta Aragonesista (CHA) y coordinador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA). “Es incomprensible que en una sociedad moderna el maltrato animal no sea penalizado duramente, como ocurre en otros países de nuestro entorno, mientras se castiga a los animalistas por oponerse a ese maltrato. Encima tenemos que aguantar que se escuden en las tradiciones para seguir actuando cruelmente contra los animales en las fiestas populares. Está claro que la Ilustración no llegó a España”, declara Yuste.
El exdiputado lamenta que sea “raro que alguien entre en prisión por maltrato animal”, una situación que contrapone con la firmeza que demuestran los jueces a la hora de imputar un delito a los miembros de los colectivos animalistas cuando protagonizan acciones de protesta. “A ellos les cae todo el peso de la ley. Es disparatado. Son sentencias y leyes fuera de la realidad del siglo XXI. Yo tengo la esperanza de que estos festejos cruentos hayan desaparecido como mucho en un par de décadas”.
Sin una ley integral contra el maltrato
Yuste, que es de los pocos diputados que han trabajado en ese sentido en la Cámara baja, sabe bien el desinterés que ha habido por parte de los sucesivos gobiernos por regular a nivel estatal la indefensión en la que se encuentran los animales en España.
El pasado mes de noviembre de 2014, sin llegar más lejos, el pleno del Congreso tumbaba con los votos del PP la propuesta del PSOE de crear una ley integral contra el maltrato animal, una iniciativa que impulsó Pedro Sánchez a raíz de la polémica suscitada por la celebración otro año más del Toro de la Vega de Tordesillas.
El origen de aquel debate venía tristemente marcado por una anécdota: Sánchez había llamado días atrás al programa ‘Sálvame’, de Telecinco, para prometer a su presentador, Jorge Javier Vázquez, que plasmaría la propuesta en el Congreso. Las aparentes buenas intenciones de Sánchez contrastan con el hecho de que el alcalde Tordesillas, José Antonio González Poncela, que es de su partido y firme defensor del cruel festejo, vuelva a ser el candidato en las municipales, con el beneplácito de la dirección del PSOE.
Pese a todo, los colectivos que luchan contra el maltrato animal han celebrado que en la reciente reforma del Código Penal al menos se castigue por primera vez la zoofilia, es decir, “la explotación sexual” contra los animales, con penas que pueden oscilar entre los tres meses a un año de prisión. La reforma también contempla sanciones de entre seis meses y dos años de cárcel para el maltrato animal “en espectáculos no autorizados legalmente”, como las peleas de gallos y perros.
Las corridas de toros intocables al ser “Patrimonio Cultural”
Pero los cambios se quedan ahí, sin contemplar como ilegales otros espectáculos que causan infinito sufrimiento a los animales. Empezando por nuestra ‘Fiesta Nacional’, declarada por el Congreso, con el apoyo del PP y del Gobierno de Rajoy, “Patrimonio Cultural Inmaterial”.
La persecución ejercida contra los antitaurinos siempre ha sido brutal. Uno de los casos más sangrantes, por la desproporción de las multas, fue el que protagonizaron en mayo de 2008 seis activistas de Equanimal por saltar al ruedo de la madrileña plaza de toros de Las Ventas. Pese a que los jueces archivaron en un principio la causa, la Comunidad de Madrid les multó con un total de 18.000 euros, 3.000 euros cada uno. Los activistas recurrieron la desorbitada sanción ante el contencioso-administrativo, mientras en un comunicado denunciaban que con ello únicamente “pretenden frenar el trabajo de concienciación hacia el respeto por los animales y cerrar los ojos a las demandas de la gran mayoría de la sociedad, que desea que la tauromaquia pase a ser un desagradable capítulo de la historia”.
Los juicios se saldaron en 2012 con la ratificación de tres de estas sanciones, dos rebajas de las multas a 300 euros y dos absoluciones. Alessandro Zara, uno de los activistas imputados por aquellos hechos, lamenta que “en España se siga tolerando las agresiones a los animales mientras se imponen tremendas condenas a quienes los defienden”.
Prohibido acercarse a la plaza de toros para protestar
Lo que está claro es que en nuestro país -salvo en Cataluña, donde han sido abolidas-, las corridas de toros siguen siendo sagradas y sus detractores, perseguidos como si fueran criminales. De hecho, una reciente normativa de la Dirección General de la Policía, a instancias de las asociaciones de profesionales taurinos, de aficionados a los toros y del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, establece que desde el 10 de abril quedan prohibidas las manifestaciones antitaurinas cerca del lugar y a la hora de los festejos.
Las autoridades advierten de que la nueva regla es “de obligado cumplimiento”, “con el fin de evitar posibles altercados que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, así como con el ánimo de garantizar el buen funcionamiento de los festejos”.
La primera muestra de que se actuará con total contundencia contra los activistas que desafíen la nueva ordenanza quedó patente días después, el 18 de abril, cuando la policía impidió que la protesta organizada por el PACMA llegara hasta las puertas de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.
Daniel Dorado, en representación del Centro Legal para la Defensa de los Animales, cree que, en lo que se refiere al maltrato, lo importante es “trabajar para concienciar a la ciudadanía”, y en eso está centrada su labor, al margen de la defensa legal de los activistas que realiza su equipo. “En nuestro país no va a haber un cambio hasta que la gente no entienda la situación de los animales, su indefensión. Por eso consideramos muy importante nuestro trabajo ”, asegura.
Permitido cazar perros y gatos en Castilla-La Mancha
Capítulo aparte es el tema de la caza, en donde la situación ha llegado a ser tan cruel y esperpéntica que hay Comunidades Autónomas en las que incluso se ha abierto la veda contra los animales domésticos. El dato es real aunque cueste trabajo creérselo.
En Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno aprobó a finales de 2014 una nueva ley de caza por la que se permite matar perros y gatos “que estén sueltos en un terreno cinegético”.
Esta misma ley autoriza el cierre de caminos públicos mientras se practica la caza en los cotos, con la posibilidad de aplicar multas de entre 3.001 a 30.000 euros a aquellas personas “que molesten” a los cazadores, ya sean ciclistas, simples excursionistas o recogedores de setas, por considerarlo como una “falta muy grave”.
Que los disparos de los cazadores puedan herir o incluso causar la muerte accidental a uno de estos ciudadanos no parece preocupar nada a las autoridades castellano-manchegas.
Impedir la caza del zorro en Galicia tiene sus riesgos
Otro triste ejemplo es lo que ocurre en Galicia, donde los activistas contra el maltrato animal son sistemáticamente multados por intentar impedir el campeonato de España de caza del zorro, que se celebra cada año en esta comunidad.
En junio de 2011, Eladio Ferreira, de la asociación Equanimal, fue juzgado por participar en el boicot a una batida de zorros que se celebró en Portomarín. La Fiscalía le acusó de desobediencia y de lesionar a un cazador y a un Guardia Civil. Pidió para Ferreira 1.260 euros de multa.
Otra de las activistas multadas, Sara Lago, ha sido testigo de las agresiones que sufren los animalistas por parte de los cazadores, a los que no les gusta nada ser grabados. Mucho menos que se intente impedir pacíficamente esta actividad -mal llamada “deporte”- portando pancartas en las que, por ejemplo, puede leerse: 'Cazar es asesinar'. Durante una de estas acciones, Lagó relató a la prensa local cómo los cazadores “nada más llegar, al vernos, se ponen superviolentos”. Y al sacar las cámaras “se abalanzan sobre nosotros” con amenazas como “te meto un tiro” u “os parto la cara”. Pero la ley, como siempre, protege a los cazadores violentos y criminaliza a los que protestan.
Sobre este blog
El caballo de Nietzsche es el espacio en eldiario.es para los derechos animales, permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa. Porque los animales no humanos no son objetos sino individuos que sienten, como el caballo al que Nietzsche se abrazó llorando.
Editamos Ruth Toledano, Concha López y Lucía Arana (RRSS).
