El Gobierno canario confía en aprobar la ley de cambio climático antes de final de año

El Gobierno de Canarias confía en aprobar antes de final de año la ley contra el cambio climático. La norma fue registrada hace más de 12 meses en el Parlamento autonómico, pero ha sido en las últimas semanas cuando ha recibido el empujón final y el texto podría recibir luz verde en diciembre, según indican varias fuentes del Ejecutivo. 

Los miembros del Gobierno regional justifican la tardanza en ser una ley compleja y transversal, que ha involucrado al resto de grupos políticos de la cámara. “La intención es terminar próximamente, llevarlo a comisión y a ser posible lograr su aprobación definitiva a finales de este mes o en el primer pleno de diciembre”, apunta Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias.

La portavoz del PSOE canario, Nayra Alemán, agrega que la ley “no está atascada”, sino que está haciendo el recorrido “normal” de una norma “complicada”. Añade que varias formaciones políticas han solicitado prórrogas para la presentación de enmiendas, porque hay “muchas”, y que eso también ha dilatado su tramitación. Verdes Equo Canarias ha criticado la espera y ha ironizado con los plazos, “no vaya a ser que actuar frente a la emergencia climática sea urgente”, dijo el grupo en sus redes sociales. 

La ley canaria de cambio climático ha recibido más de 100 enmiendas, pero el Ejecutivo autonómico asegura que la “esencia” del texto inicial se mantiene. En los últimos meses, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, liderada por José Antonio Valbuena, ha presentado diferentes trabajos académicos que exponen la realidad a la que se enfrenta Canarias por el aumento de las temperaturas. Sin embargo, hasta que no se apruebe el marco normativo para luchar contra ello, la administración continúa con las manos atadas. 

Las acciones de mitigación y adaptación en las Islas son especialmente relevantes, al ser el Archipiélago una comunidad vulnerable ante la crisis climática. Esta semana ha dado comienzo la Cumbre del Clima COP27, en Egipto, donde más de 200 países se han citado para volver a discutir sobre el clima, como llevan haciendo durante un tiempo sin mucho éxito. Este mismo año, Canarias sufrió en verano el doble de muertes atribuidas al calor que en 2021, según el Instituto de Salud Carlos III, y también los coletazos de un ciclón tropical, que se quedó a unos pocos kilómetros de impactar de lleno. 

Qué dice la normativa

La ley canaria de cambio climático tiene el objetivo prioritario de establecer las medidas necesarias para que las Islas sean un territorio neutro en emisiones en 2040, diez años antes del límite que se han marcado la Unión Europea y el resto de España. El texto, principalmente, ejercerá de base para que se puedan ejecutar las diferentes estrategias que ha acordado el Gobierno en los últimos años, como el Plan de Transición Energética de Canarias, el Plan Canario de Acción Climática o la Estrategia Canarias de Transición Justa y Justicia Climática. 

La norma pide que se incorpore la “perspectiva climática” en los procedimientos de ordenación territorial y urbanístico que se desarrollen en la comunidad, algo que muchos colectivos ecologistas y científicos, sobre todo de Tenerife, consideran que no se está haciendo ante la aprobación de varios macroproyectos, como Cuna del Arma o Circuito del Motor, catalogados como “atentados medioambientales”. 

El documento también pide llevar esta “perspectiva climática” a los presupuestos regionales y que el 2% del PIB de las Islas se destine a medidas de acción al respecto. Las cuentas de Canarias para 2023 otorgan al departamento de Valbuena unos 262,26 millones de euros, un 2,69% del total de gastos. La Estrategia de Acción Climática del Archipiélago apunta que entre 2030 y 2040, la comunidad se gastará casi 6.000 millones de euros en sectores estratégicos, como la resiliencia del litoral, el uso sostenible de los recursos hídricos, la penetración de renovables y el turismo climáticamente neutro. 

Entre otras disposiciones, la ley obligará a las administraciones a incluir en los pliegos de las licitaciones requisitos tenidos en cuenta para la acción climática, como la autosuficiencia energética o la gestión óptima de los residuos. Además, a partir de su entrada en vigor, las instituciones insulares no podrán adquirir vehículos cuyo sistema de propulsión utilice combustibles fósiles y la energía consumida en los edificios deberá ser renovable. 

Se creará el Registro Canario de la Huella de Carbono, en el que las empresas podrán calcular tanto los gases de efecto invernadero emitidos como los proyectos de absorción de los mismos. Las administraciones públicas del Archipiélago tendrán que renovar, anualmente, al menos el 5% de la superficie edificada del parque inmobiliario que tenga en propiedad, así como elaborar planes de eficiencia energética de dichos bienes. 

Básicamente, la ley recoge medidas en salud y servicios sociales, residuos, gestión forestal, protección de la biodiversidad, calidad del cielo y alumbrado público, recursos hídricos, sectores económicos y movilidad. Cabildos y ayuntamientos podrán apoyarse en la Agencia Canaria de Acción Climática, de nueva creación, para coordinar actuaciones. Las infracciones muy graves, como el incumplimiento de las obligaciones que contemplan los planes de eficiencia energética, podrían sancionarse con una multa de hasta 600.000 euros. 

“La futura ley tiene como finalidad el desarrollo e implementación del conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, con la reducción progresiva de la utilización y el consumo de combustibles fósiles y el establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables”, señaló el Gobierno canario cuando presentó por primera vez el texto.