Desproporcionalidades canarias

Cualquier sistema electoral que se precie tiene que cumplir dos objetivos básicos: por un lado, que se traslade a un parlamento una imagen de la sociedad a la que representa y, por otro, plasmar un mandato de gobierno reconocible.

El sistema electoral de Canarias apenas ha cumplido esas funciones y ha devenido en ser calificado como el sistema “más desproporcional”, “el más injusto”, “el menos democrático”, entre otros calificativos.  Ciertamente, el sistema electoral de Canarias es innovador, sobre todo en dos aspectos: el primero, existe una triple barrera electoral –lista más votada, 6% regional o 30% de la circunscripción-; el segundo, el número de diputados por cada circunscripción no varía según la población sino que está petrificado en el Estatuto de Autonomía y responde a la regla de la triple paridad –las islas mayores deben poseer igual número de escaños, las islas menores de cada provincia el mismo número y el conjunto de las islas menores los mismos que la suma de las mayores-, si a eso le añadimos la conocida fórmula electoral D’ Hondt y unas circunscripciones bastantes pequeñas en comparación con las de otras comunidades autónomas, nos encontramos con que un sistema que en teoría debería ser proporcional, no lo es.

A veces no hay mejor manera para darse cuenta de lo disparatado de una realidad que elevándola a un absurdo: ¿qué pasaría si aplicásemos las normas electorales canarias al Congreso de los Diputados? En primer lugar, habría que realizar un complejo sistema de reparto de escaños por el cual provincias con rivalidades históricas, como Madrid y Barcelona, o Sevilla y Málaga,  deberían tener el mismo número de diputados en la Cámara baja; junto con igualar el mismo peso entre provincias poco pobladas y muy pobladas, entre otras equivalencias. Al carecer de la imaginación e ingenio que tuvieron los poderes preautonómicos canarios, realizaremos una simulación con el prorrateo existente para el Congreso de los Diputados –ya bastante discutido por sí mismo-. El resultado es esclarecedor de lo que lleva sucediendo en más de 30 años de autonomía canaria: la aniquilación completa de la pluralidad.

Un Congreso de los Diputados ‘a la canaria’ sólo acogería siete partidos con los resultados del 20D. Dejando sin representación a las confluencias de Compromís y En Marea junto con Izquierda Unida, Esquerra Republicana o Coalición Canaria. Asimismo, perderían gran parte de la representación En Comú Podem, al igual que Democràcia i Llibertat y el PNV, todo ello a favor de las grandes fuerzas nacionales.

En definitiva, las altas barreras electorales provocan que sólo partidos con una fuerte implantación en todo el territorio obtengan representación, cercenando la pluralidad y la proporcionalidad, y por otro lado, no consiguiendo que exista una correlación de fuerzas que permita la gobernabilidad, como ha ocurrido en los últimos años.

Ahora cuando parece que es posible una reforma integral del sistema electoral,  aunque su debate haya comenzado en los años ’90 y cuya única modificación fue aumentar las barreras en 1996, conviene recordar a Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

 *Víctor Bethencourt Rodríguez es graduado en Derecho y Ciencia Política y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho Público. Ayudante de investigación en Políticas Públicas Locales.Víctor Bethencourt Rodríguez