Destituido el comisario que investiga el caso Bárcenas
El Gobierno ha cesado al máximo responsable policial en los casos de corrupción, el comisario José García Losada. El anuncio se ha producido al filo de las nueve de la noche de este jueves a través de una larga nota de prensa de Interior que informa de una amplia remodelación en la cúpula policial. De todos los cambios trasladados, el más relevante es el citado, por afectar al mando de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura central competente para investigar todos los delitos relevantes a excepción de los terroristas.
La destitución de Losada se produce por el malestar existente en la dirección política de la Policía, el Partido Popular, el Ministerio del Interior y el resto del Gobierno con las investigaciones de los casos Gürtel y Bárcenas. Losada es un policía curtido en la lucha contra el narcotráfico en su Galicia natal, que ya ocupó el puesto del que ha sido destituido con los Gobiernos de Aznar y que, con independencia de esa vinculación, goza de amplio predicamento en todos los sectores de la Policía por su valía profesional. El hecho de que no haya frenado los informes que señalan al PP y a algunos de sus máximos responsables le han valido el cese, según confirman desde su entorno.
Fuentes policiales informan a eldiario.es que Losada sabe que no seguiría al frente de la Policía Judicial desde el pasado julio, cuando le fue comunicada la destitución por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el número dos del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino. Fueron las palabras del presidente del Gobierno asegurando que nadie imponía al Ejecutivo fiscales ni policías lo que motivó que su destitución fuera postergada por una cuestión de apariencia, confirman las fuentes consultadas. Rajoy contestaba así a las informaciones sobre sus últimas comunicaciones con Bárcenas y el malestar de éste porque con el cambio en La Moncloa no habían llegado las destituciones deseadas en la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.
El enfado de Ana Mato
Entre los agentes que dependían de Losada se encuentran los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La situación del comisario comenzó a torcerse seriamente en febrero, cuando el juez del caso Gürtel incorporó a la causa los informes de esa Unidad sobre los gastos de la familia Mato-Sepúlveda a cuenta de la trama dirigida por Francisco Correa. Los medios de comunicación accedieron a esos informes, como a otros, después de que se diera traslado a las partes personadas. Sin embargo, la ministra mostró su enfado en el seno del Gobierno por la filtración de los mismos y por haber conocido su contenido a través de los medios.
Aunque el incidente no trascendió públicamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, descargó cualquier responsabilidad de su departamento o la cúpula policial sobre esos informes. En declaraciones al diario ABC dijo que los citados documentos se debían atribuir a “elementos” que trabajan en la UDEF, pero no a la unidad como tal, ya que esos policías trabajan a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. La inmensa mayoría de los informes de la UDEF van firmados con el carnet profesional de dos policías, un inspector y un inspector jefe. Aunque los jueces instructores del caso Gürtel han cambiado en varias ocasiones, ellos han figurado en la investigación, junto a las fiscales Anticorrupción, desde los inicios de la misma, en tiempos del Gobierno socialista.
Las presiones en la Policía fueron creciendo acorde a que lo hacía el caso Bárcenas. Sin embargo, los citados policías continuaban elaborando sus informes, siempre a requerimiento del juez instructor, nunca por iniciativa propia. El resultado de uno de esos informes influyó decisivamente en la decisión de Ruz de abrir una pieza separada del caso Gürtel por la aparición de los papeles de Bárcenas. Los policías cruzaron la contabilidad B de la trama liderada por Correa, hallada en uno de los registros a la red, y la caja B del PP que publicó El País. Los policías concluyeron que había al menos tres coincidencias en los dos flujos de fondos. En otro informe, los agentes de la UDEF señalaban que “19 donantes identificados” del PP habían recibido 12.000 millones de euros en adjudicaciones públicas entre 2001 y 2012.
El chalet de Ignacio González, motivo del anterior cese
La destitución del comisario García Losada es la segunda al frente de la Comisaría General de Policía Judicial con este Gobierno. Su antecesor, José Enrique Rodríguez Ulla, apenas duró cinco meses en el puesto. La investigación que ordenó sobre el origen del ático que tiene en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, motivó su cese fulminante por no haber informado de la misma a sus superiores. Como en esta ocasión, la Dirección General de la Policía aprovechó para mover varias fichas y justificar así el cambio.
El sustituto de García Losada al frente de la Policía Judicial es el comisario Sergio Sánchez Aparicio, de la máxima confianza del director adjunto operativo, Eugenio Pino. El comisario Pino está detrás del resto de cambios en la cúpula policial, que pretendía haber hecho hace meses y que hasta hoy frenó su inmediato superior, Ignacio Cosidó.
Jefe de los Antidisturbios en la época de Aznar, Pino autorizó que dos comisarios viajaran a Barcelona en plena campaña de las autonómicas catalanas para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de CDC en el marco del caso Palau. Aquellos dos comisarios no tenían ninguna vinculación con la investigación, a diferencia del jefe de la UDEF o del ahora destituido García Losada. Sin embargo, ninguno de estos dos últimos fue informado de la maniobra. El comisario García Losada es desde hoy jefe de la División Económica y Técnica, una estructura sin tareas operativas dedicada al funcionamiento interno de la Policía.
