Ángel Víctor Torres acusa al PP de actuar de “vocero cómplice” de las “infamias” de Aldama: “Quien miente es quien dice que he mentido”
“Una cosa es la realidad y otra el deseo”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, ha citado al poeta Luis Cernuda para volver a negar en el Senado las acusaciones que contra él ha vertido Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la denominada trama Koldo. El expresidente del Gobierno de Canarias ha acusado al Partido Popular (PP) y a Vox de actuar como “voceros y altavoces cómplices” de “las infamias” manifestadas por el empresario en el proceso judicial.
“No hay daño al erario público, cumplí con la legalidad vigente y el material que necesitábamos llegó y salvó muchísimas vidas”, resumió Torres en relación con los contratos adjudicados por un importe total superior a los 12 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, durante la pandemia de Covid-19.
El ministro socialista dijo salir de una nueva comparecencia en la comisión de investigación del Senado como entró, con la certeza de que el PP sería “incapaz de acreditar” con evidencias las últimas acusaciones de Aldama o que hubiera mentido en sus anteriores declaraciones en el Congreso y en el Senado. “Quien miente es quien afirma que he mentido. (El PP) es incapaz de demostrar en qué he faltado la verdad y de acreditar que yo haya pedido mordidas, que haya estado en pisos o que haya estado con señoritas”, ha señalado el ministro.
En la declaración judicial que permitió su puesta en libertad, Víctor de Aldama dijo, entre otras cuestiones, que Koldo García le pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres. Después, el presunto conseguidor de la trama manifestó por escrito que facilitó un piso al actual ministro de Política Territorial en la calle Atocha para encuentros “con señoritas”.
Torres ha vuelto a negar esas acusaciones, así como la de tener una relación estrecha con Víctor de Aldama, como sostiene el empresario. “No tengo ningún trato con ese señor. Él decía que conocía a Víctor Ángel. Es llamativo que conozcas a alguien y no sepas ni su nombre”. Tampoco le consta haberse reunido con él, aunque el empresario dijo que lo hizo hasta en cuatro ocasiones. El ministro ha calificado el relato del PP de “literatura creativa” y ha acusado a esta formación de “dar pábulo” a quien hace “afirmaciones insidiosas”.
El PP, a través del diputado Fernández Maillo, ha acabado afirmando que “lo más grave” de la actuación de Ángel Víctor Torres en relación con esas adjudicaciones es “no haber puesto en duda” las intenciones de Koldo García, con quien intercambió mensajes de WhatsApp.
Las “mentiras” del ministro en sus anteriores comparecencias, según los populares, consistieron en haber negado tener “una relación fluida” con el asesor de Ábalos, o que entrara “en los detalles” de los contratos suscritos durante la pandemia. “Usted estaba colaborando con la trama, directa o indirectamente. Otra cosa es si lo sabía o si no lo sabía. Y si lo sabía y no hizo nada, un poco imprudente sí es”, ha apuntado el portavoz popular, que considera que De Aldama ha dicho en relación a Torres “al menos una verdad”, que intermedió por WhatsApp con Koldo García para “agilizar el pago” a la empresa de la trama.
El ministro ha explicado de nuevo cómo se gestaron los dos contratos con Soluciones de Gestión. El contacto inicial lo entablaron Iñigo Rotaeche, representante de esa empresa, y Antonio Olivera, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), tal y como este último también relató en su declaración en la comisión del Congreso. Esa empresa había trabajado ya para Puertos del Estado y para el propio Ministerio de Transportes, suministrando mascarillas.
El primer contrato se firmó en abril de 2020. El Gobierno canario contrató 2,75 millones de mascarillas FFP2 por 6,87 millones de euros. El material llegó días después, pero parte de esa partida, en concreto 837.300 mascarillas, fueron retenidas por el servicio de prevención del Hospital Universitario de Canarias (HUC) después de que se detectara que eran de inferior calidad a la contratada. Ese material se analizó en el Centro Nacional de Medios de Protección, con sede en Sevilla, que confirmó que eran FPP1. En ese momento, el SCS modificó el contrato y el precio, pasando de pagar 2,5 euros por mascarilla a 0,89.
El segundo contrato se firmó en mayo de ese mismo año por importe de 5 millones de euros. Y ese material “llegó en perfecto estado”, ha recordado Torres. Al final pagó a la empresa 5,3 millones de mascarillas, de las que alrededor de 4,4 eran FFP2 y el resto, FPP1.
El expresidente del Gobierno de Canarias ha relatado que la administración autonómica debía pagar el 50% de esos contratos por adelantado y el 50% cuando recibiera el material y comprobara que se correspondía con las prescripciones fijadas. El material llegó en abril y mayo, pero no se pagó “hasta meses después”, ha indicado Torres.
Entre medias, en concreto el 23 de julio, la empresa envió una carta al SCS quejándose de que no se le habían abonado esas facturas y defendiendo que las mascarillas retenidas sí tenían calidad FFP2. “De haber un trato de favor, hubiéramos aceptado lo que la empresa decía”, ha dicho Torres.
“Dormiré más tranquilo”
El ministro ha explicado el contexto del mensaje de WhatsApp que envió en agosto de 2020 a Koldo García diciendo que “dormiría más tranquilo” tras asegurar el pago del segundo contrato a Soluciones de Gestión. “En junio me llega la queja del Ministerio de Transportes y se comprueba que la empresa tiene razón y que tenía que haber cobrado ese dinero en mayo (tres meses y medio antes). No tengo ni que dar la orden. Había un contrato que teníamos que cumplir. Cuando se satisface (ese contrato), duermo tranquilo”, ha dicho.
El retraso en el pago o la amenaza de Soluciones de Gestión de llevar el caso a los tribunales, ha incidido, “echa por tierra cualquier acusación de oportunismo o de trato de favor”. “Se pagó lo que era obligado pagar. Cuando tienes tal evidencia (que la empresa tiene razón y que ha entregado el material contratado), ¿qué hay que hacer?”, se ha preguntado.
“Si hace cuatro años hubiésemos sabido o sospechado lo que ahora se investiga, hubiésemos ido al juzgado de guardia”, ha señalado Torres. Para el actual ministro, no resultaba extraño que Koldo García se interesara por el pago de esos contratos, puesto que la empresa había llegado al SCS a través del aval del Ministerio de Transportes. “Koldo García era en aquel momento asesor del ministro y entre las competencias de los gabinetes están las relaciones institucionales. No le escuché decir entonces a nadie que (Koldo) era un conseguidor de una presunta trama de corrupción”, ha aseverado el expresidente del Gobierno de Canarias, quien a lo largo de su comparecencia ha insistido en que se limitó a cumplir “con su obligación de gestor público” y a pagar a una empresa los suministros que había aportado.
Torres volvió a manifestar que no ordenó contratar a ninguna empresa durante la pandemia y que se limitó a intervenir en el caso de Soluciones de Gestión cuando surgieron las dificultades, cuando la empresa se quejó porque no se le había pagado. El ministro señaló que hizo lo mismo “con más de veinte empresas” durante la pandemia.
“Alguien por encima de Aldama”
El PSOE, y también el diputado de ERC Joan Josep Queralt, aprecian en la petición del PP para que compareciera Torres un uso “espurio” del Senado. Los socialistas han recordado que este mismo fin de semana se celebra el congreso del partido en Canarias, en el que Torres volverá a ser elegido secretario general. Y el propio ministro recordó que su anterior comparecencia, en el mes de noviembre, coincidió con el Congreso Federal del PSOE.
Sobre las acusaciones de Aldama que PP y Vox han utilizado para pedir su dimisión, Torres sostiene que lo que pretenden es ocasionarle un daño “político, personal y familiar”. El ministro considera que hay “alguien por encima (del empresario) al que le interesa manchar la imagen del anterior presidente de Canarias”.
En un momento de la comparencia, y a preguntas del portavoz de Vox, Torrres ha calificado de “mentira y embuste del tamaño colosal de cualquier catedral” esas acusaciones. “Es una vileza, es lamentable que se haga eco de eso. Es una tremenda falacia. (...) Me produce náuseas si se produjeran contra cualquier otra persona de cualquier color político”, ha concluido el secretario general de los socialistas canarios, que ha insistido en que dimitirá si alguien “es capaz de demostrar” que ha cobrado o pedido algún euro para beneficio particular.
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